Jaroslaw Gowin

Solamente decirlo en voz alta le ha costado el puesto al ministro de Justicia polaco, Jaroslaw Gowin, que ha sido hoy cesado por el primer ministro Donald Tusk.

Gowin había hecho unas declaraciones en las que denunciaba que científicos alemanes han estado realizando experimentos sirviéndose de embriones polacos a los que acceden gracias a un mercado de tráfico ilegal de embriones que salen de clínicas de fertilidad de Polonia.

Este tráfico de embriones, según sus propias palabras, es el responsable de ‘miles de muertes de seres humanos’. La denuncia, inevitablemente, remite en el subconsciente alemán y polaco a las imágenes de los experimentos médicos de los campos de concentración nazis y toca la fibra más sensible de las relaciones bilaterales entre los dos países, por lo que Tusk ha cortado por lo sano y ha cesado de forma fulminante al ministro.

Gowin, que representa al ala más conservadora de la gobernante Plataforma Cívica (PO), lleva meses enfrentado a Tusk y a las corrientes moderadas y laicas de esta formación política, debido a la polémica sobre la fecundación in vitro, que no ha sido aún legalizada pero que constituye práctica habitual en numerosos centros médicos privados del país.

Ante la ausencia de una ley que la regule, el Gobierno Tusk decidió en marzo adoptar una norma que durante un periodo de tres años, a partir del 1 de julio, financiará este método a 15.000 parejas que lo necesitan.

El anuncio del proyecto por parte del ministro de Sanidad, Bartosz Arlukowicz, ha causado gran malestar entre los sectores católicos y ha agravado el conflicto entre Tusk y su ministro de Justicia, contra el que ha dado este golpe sobre la mesa para demostrar a la opinión pública con controla el partido y el gobierno.

Gowin basa su denuncia en informaciones que recogió hace un lustro de médicos polacos y que ha completado ahora, después de que, a principios de año, el Parlamento alemán aprobase el decreto ley relativo al Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) que abre la vía en este país al estudio genético de embriones concebidos in vitro antes de su implantación en el útero.

La legislación alemana exige que los centros deban ser autorizados individualmente para llevar a cabo estas pruebas genéticas y se limite así el número de puntos con licencia y establece límites en casos determinados, por ejemplo si existe un elevado riesgo congénito o peligro de aborto o muerte para el feto.

Pero el hecho es que estas condiciones, al tiempo que permiten legalmente la experimentación, impiden a los centros disponer de los fetos necesarios para la investigación.

Según la normativa alemana, el estudio genético debe ir precedido obligatoriamente de asesoramiento a los futuros padres y de la aprobación de una comisión ética formada por expertos médicos, y podrá realizarse únicamente en centros especializados autorizados.