La Guardia Civil ha logrado lo que llevan meses e, incluso, años persiguiendo miles de afectados: un grupo de seis ancianos gaditanos han conseguido que un banco les devuelva los 240.000 euros que les habían estafado invirtiendo sus ahorros en participaciones preferentes sin que ellos lo supieran. Cuando los agentes reclamaron a la entidad toda la documentación y los contratos, el banco optó por devolver los ahorros, reconocer que pudo haber irregularidades en la contratación y evitar las reclamaciones. Un éxito que puede marcar el camino en estas macroestafas.

Los afectados son en su mayoría personas de avanzada edad y sin conocimientos financieros. Los hechos ocurrieron cuando se recibió una solicitud de la Fiscalía de Jerez de la Frontera para que se abrieran diligencias penales por un posible delito de estafa cometido contra seis vecinos de las localidades de Trebujena y Alcalá del Valle, afectados todos ellos por la inversión sin su conocimiento de sus ahorros en participaciones preferentes.

El dinero invertido por estas personas ascendería a casi 240.000 euros, ahorros de toda una vida. Tras tomar declaración a los perjudicados, los agentes determinaron que los contratos se habían efectuado por la misma persona, el director de la sucursal bancaria en quien confiaban los ancianos (algunos no lo son, pero están sin trabajo por lo que necesitaban urgentemente su dinero).

Al firmar esos contratos por indicación del director de la sucursal estaban convencidos de que era una operación similar a la que habían estado realizando hasta dicho momento con sus ahorros, es decir imposiciones a plazo fijo a cambio de un interés fijo o variable, pero siempre con la condición pactada de que en caso de necesidad podrían recuperar fácilmente su dinero.

De las declaraciones realizadas por todos los afectados, se constata que en ningún caso se les informó de las características técnico-jurídico de lo que firmaban, de que no podrían recuperar el dinero de que a través de estos productos estaban financiando a la entidad bancaria, pasando a ser inversor-accionista de la misma.

Tras solicitar a los servicios jurídicos de la entidad bancaria la remisión de la documentación sobre los contratos suscritos por los afectados para finalizar la instrucción de las diligencias, los responsables de la misma se pusieron en contacto con los perjudicados para devolverles el importe total de sus ahorros.

Los afectados comunicaron a la Guardia Civil que habían recuperado sus ahorros, así como que la entidad les había entregado un documento en el momento de la devolución, por el que reconocían que en la contratación de preferentes pudo haber irregularidades, y que con el objetivo de poner fin a las discrepancias y evitar la probable existencia de procedimientos de reclamación estaban dispuestos a llegar a un acuerdo con el cliente.