Eduardo Caniglia/Argentina.- Los seis marinos mercantes extranjeros acusados de haber arrojado a cuatro polizones congoleños en alta mar, a unos 400 kilómetros del continente africano, fueron procesados por el juez federal de Argentina Carlos Vera Barros. El capitán del buque RM Power, su primer oficial (ambos de nacionalidad rumana) y cuatro marineros de origen filipinos fueron imputados como coautores de cuádruple homicidio calificado por alevosía y la participación de dos o más personas. Además, el magistrado investiga si uno de los sospechosos del crimen de los polizones, que desapareció en el río Paraná frente a la costa de Arroyo Seco tras caer del buque y cuyo cuerpo aún no fue encontrado, se suicidó o también fue asesinado.

El RM Power pertenece a la empresa WEM Lines SA, una firma con sede comercial en la ciudad de Atenas, aunque navegaba con bandera de las Islas Marshal, un estado insular ubicado en el océano Pacífico. El navío zarpó de las costas de Congo los primeros días de julio con destino a la terminal portuaria de Dreyfus, en Arroyo Seco, pero apenas iniciado el viaje la tripulación encontró a siete polizones por lo que el barco retornó a puerto y los hombres entregados a las autoridades. Esa maniobra le costó a WEM Lines SA dos días y medio de retraso.

El barco volvió a zarpar de Matadi, el principal puerto de la República Democrática del Congo, tras dejar un cargamento de 19 mil toneladas de arroz. El domingo 7 de julio, a unos 400 kilómetros de la costa africana, otros cuatro polizones congoleños fueron descubiertos en la nave. Y eso no genera ninguna simpatía. Para la tripulación, porque implican más trabajo. Para la empresa dueña del barco y su aseguradora porque significan más dinero. Eso determinó la suerte de los cuatro muchachos.

Rebelión

Según declararon dos marineros filipinos arrepentidos, quienes se quebraron luego de la desaparición en el río Paraná del contramaestre Dumogho Danilo, el capitán rumano Florin Filip y el primer oficial Robert Racovita ordenaron a cinco marineros filipinos que ataran de pies y manos a los polizones congoleños, los amordazaran y, tras golpearlos en la cabeza, los arrojaran al mar.

Tres días más tarde, cinco de los seis marineros filipinos que participaron en el suceso plantearon que querían terminar la relación laboral con la empresa y volver a puerto. Eso alertó al gerente de WEM Lines SA, Binios Stravos, quien le pidió explicaciones al capitán Filip. Entonces, éste confesó lo ocurrido. El suceso motivó una investigación interna que luego fue judicializada y terminó en manos del juez Carlos Vera Barros y el fiscal Mario Gambacorta, ya que el primer puerto que tocó el RM Power tras el cuádruple homicidio fue el de Arroyo Seco.

“Filip le dijo a Stravos que era su responsabilidad, que no podía creer lo que había hecho y no podía explicar la razón”, según dice la resolución del juez Vera Barros.

Testimonios

En el marco de la investigación declararon Iulian B. y Marlon Bisagas E., dos tripulantes del barco. A raíz de las incongruencias en el relato de esos marineros el fiscal requirió un careo entre ambos. Iulian B. dijo: “Todo el mundo tenía miedo de los otros. En ese momento eran todos como enemigos. El 29 de julio Marlon E. me llevó a su camarote y me dijo que habían encontrado cuatro polizones tres días después de salir para Argentina. El primer oficial y la tripulación de cubierta los ataron, los pusieron en la cinta y lo tiraron por la borda. Yo les pregunté si les habían cortado el cuerpo para que sangraran, porque los tiburones huelen sangre desde dos millas (algo más de 3,6 kilómetros) y me dijo que no. Después de mi declaración, el capitán me sacó del puente y me dijo que si alguien me preguntaba si había estado con otro marinero, tenía que decir que no. En ese momento me di cuenta de que lo que me dijo el filipino no era mentira”, sostuvo.

Iulian B. también brindó una particular lectura acerca del cuádruple homicidio. “Si realmente se mató a esas personas se hizo por plata, porque cuesta 30 mil dólares el regreso de una persona desde Argentina al Congo y en este momento la empresa está con problemas económicos. Si hubieran traído cuatro polizones el costo hubiese sido 120.000 dólares. Desde mi punto de vista era más barato tirarlos al mar”, explicó.

A su vez, Marlon E. señaló: “Escuché que los habían tirado, pero no lo vi. El capitán hizo una reunión con toda la tripulación y el primer oficial y dijo que había matado a los cuatro polizones”. En su relato, Marlon involucró en los homicidios a los seis marinos acusados.

En el marco de la pesquisa también amplió su testimonio Berbec I. “A Marlon E. se lo contó Vicente Eclepsi Siguan (uno de los timoneles acusados). Le dijo que Filip Florin dio la orden de atarlos de pies y manos y ponerles cinta en la boca. Entonces Siguan agarró una masa y los golpeó en la nuca para desmayarlos. Los que lo tiraron al mar fueron dos marineros y dos timoneles”.

A estos cuatro tripulantes, Vicente Eclepsi Siguan, Stephen Libo-On Nalumen, Harvey Poquita Baladjay y Ryan Comanda Lagumbay, el juez Vera Barros los procesó por cuádruple homicidio y les dictó la prisión preventiva. Los otros dos imputados son el capitán Filip y el primer oficial Robert Alexandru Racovita.

En su declaración, Berbec I. indicó que los marineros que arrojaron a los polizones al mar se consideran “inocentes” porque cumplieron órdenes del capitán y consideran que “si declaran la verdad podrían recibir una disminución en la pena”.

En la resolución, Vera Barros valoró la conversación que mantuvo Filip con Stravos en la que el capitán aceptó haber ordenado que arrojen a los polizones al mar. El gerente de WEM Lines SA indicó entonces que Filip le había dicho que cinco de los tripulantes que pidieron su repatriación habían participado en el incidente. Y que se sentía “responsable” por lo ocurrrido.

Cuestión de competencias

El juez Carlos Vera Barros fijó su competencia en la investigación de la muerte de los polizones congoleños a partir de lo que sostiene la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar. Ahí se dice que la jurisdicción penal corresponde al país de bandera del buque (Islas Marshall), con tres excepciones. Una de ellas “cuando el capitán del buque, un agente diplomático o funcionario consular del Estado del pabellón hayan solicitado la asistencia de las autoridades locales”.