Según el Ministerio de Sanidad, cada año mueren en España más de 60.000 personas como consecuencia del consumo de tabaco. A pesar de ello, no se detiene sin más a cualquier fumador, o a cualquier persona sospechosa de haber fumado, tampoco se persigue o se sanciona a los vendedores de tabaco -ya que es una actividad legal- ni a los productores y distribuidores.

En España, cada año ocurren más de 13.000 muertes debido al consumo de alcohol, no relacionados con accidentes de tráfico. A lo cual habría que sumar los dramas familiares que se producen en la mayoría de los casos: alrededor de 300.000 alcohólicos de edades comprendidas entre 19 y 28 años.

Pese a ello, hay municipios gobernados por partidos “progresistas” (que se pavonean de hacer política social y cultural) que, no solo no persiguen ni castigan con las leyes existentes el consumo de alcohol en la vía pública, incluso entre menores, los famosos “botellones”, sino que reservan espacios públicos para tal fin, haciendo soportar al ciudadano, no solo el coste que acarrea el enorme número de alcohólicos (bajas laborales, subsidios, etc.) también los costes de limpieza de las zonas de ocio. También podríamos hablar de la merma de la calidad de vida de los vecinos que sufren las temibles zonas de marcha-movida..

Según datos de la Dirección General de Tráfico, en España se producen anualmente alrededor de 90.000 accidentes, con aproximadamente 135.000 víctimas de las que más o menos 4.000 son con resultado de muerte. 15 veces los fallecidos en los atentados del 11 de Marzo de 2004, algo así como si cada mes hubiese un atentado de similares características El gobierno, lejos de endurecer las sanciones para los infractores del código de circulación, con penas de cárcel u otras más acordes a la magnitud de la tragedia de la que hablamos pone en marcha el maravilloso invento del carné por puntos… mientras la carretera se sigue cobrando más y más vidas. Por descontado, tampoco se producen detenciones masivas e indiscriminadas como se viene haciendo en la aplicación de la llamada “ley de violencia de género”.

Según datos de Cruz Roja Española, cada año más de 700.000 niños españoles menores de 15 años sufren accidentes en el ámbito familiar. De los que alrededor de 1.000 son con resultado de muerte. Esto nos lleva a la conclusión de que todos los días los noticiarios deberían informar de un par de menores fallecidos por accidente doméstico… … a nadie se le ocurre proponer detenciones masivas de fabricantes de juguetes, de vendedores de juguetes o de cualquier persona que se encuentre en las proximidades de un niño llorando diciendo que se ha caído y se ha hecho daño.

Los Anuarios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales afirman que, cada año suelen producirse en España cerca de 1.000.000 de accidentes laborales (declarados), de los cuales alrededor de 1.000 acaban con víctimas mortales. A pesar de que existe una extensa normativa, dura, inflexible e imposible de cumplir referida a las condiciones de seguridad y salud, no se cuenta con medios para garantizar el cumplimiento de dichas leyes. Como en el resto de asuntos de los que venimos hablando, este sistemático incumplimiento tiene un origen económico evidente, y como objetivo el de mantener los márgenes de beneficios de las empresas, todo ello aderezado por las continuas subidas de los costes de materias primas, salarios, energía, carburantes, transportes, etc. sí como la competencia de los productos procedentes del exterior, la contratación ilegal de mano de obra extranjera, libre do costes sociales, etc.

Según la Oficina del Defensor del Paciente, cada año mueren en España entre 500 y 600 personas debido a negligencias médicas… Si por cada queja de cualquier paciente, la policía procediera a la detención de los médicos, en los centros penitenciarios pasaría a haber tantos médicos como en los centros hospitalarios.
Siguiendo el orden decreciente, que ha caracterizado a este texto, respecto del número de víctimas que se producen en determinaos ámbitos, con resultado de muerte de personas, llegaríamos a eso que se ha dado en llamar violencia de género. Hablamos de un contexto en el que anualmente mueren en España no más de 60-70 personas adultas (de sexo femenino).

En este caso, sí que se considera adecuado detener inmediatamente a los hombres “supuestamente implicados” (como dice la denominada “ley integral”, para proteger a las mujeres) sin permitírseles ejercer su derecho a la presunción de inocencia, negándoseles su derecho constitucional al “recurso de hábeas corpus”, con ingreso inmediato en prisión preventiva, como si se tratara de un delincuente peligroso y un sin fin de consecuencias que pueden derivarse de ello, como la pérdida del puesto de trabajo, etc.

Existen abogadas/os que aconsejan a sus representadas/clientes que denuncien falsamente, por supuestos malos tratos, como vía rápida para expulsar de casa al cónyuge, obtener de inmediato el uso de la vivienda común, y la custodia de los hijos, lo que supone una fuente de ingresos fija y segura, al menos hasta que los hijos se independicen.

En el año 2004 (la denominada “ley integral contra la violencia de género” entró en vigor el día de los Santos Inocentes de 2004) los suicidios relacionados con procesos de separación y divorcio, supusieron la muerte de 257 hombres y 32 mujeres (289 personas). No obstante, esto no dio lugar a plantear siquiera el debate sobre la conveniencia, o no, de la actual legislación en materia de separación y divorcio, ni a la creación de un observatorio para el control del suicidio en España (el dato se engloba dentro de más de 3.000 suicidios anuales de hombres por diferentes motivos), ni a la creación del instituto para la prevención del suicidio.

Una tasa de 38 suicidios de hombres divorciados por cada 100.000 habitantes, frente a una tasa de 6 suicidios de mujeres divorciadas por cada 100.000 habitantes, parece que no es motivo suficiente para plantear una revisión de la legislación y de la forma de aplicar dicha legislación (máxime si se compara con los datos de violencia domestica 1,1 agresión por cada 1.000.000 de habitantes en el caso de agresores españoles y 4,4 en el caso de agresores extranjeros).

¿Por qué no se habla nunca de que España ocupa el segundo lugar por la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a violencia intra-familiar? Por cierto, son los países supuestamente más civilizados los que tienen el “honor” de ocupar los primeros lugares: Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca, Alemania. Esperemos que estas reflexiones le sirvan a algunas personas para pasar de tener dudas sobre el “género” a no tener ningún género de dudas.