Decía el señor Bono en una de sus apariciones públicas cuando ve que la población comienza a despertar por la gravedad de los acontecimientos, que “hay que poner la lupa en los fachas”. Pues bien, esa sugerencia suya de poner la lupa…, es perfectamente válida para llevarla a efecto en el momento actual, pero no para perseguir a los disidentes como quieren hacer con los que se manifiestan en las redes sociales, sino más bien con motivo de las elecciones europeas, donde parte de la casta quiere alcanzar el balneario de Estrasburgo.

Otra vez se ha utilizado la televisión pública para blindar aún más el bipartidismo en España. Una representación teatral con un solo objetivo: Pedir el voto que legitime a los privilegiados de siempre, para la percepción de un supersalario durante cuatro años de 15.000 euros mensuales (dietas incluidas), por el solo hecho de ingresar en el “club de los inmortales”, pues por lo visto, no se puede pasar a mejor vida.

Pues bien; puesta la lupa sobre “la casta”, no vemos voluntad por parte de nadie de hablar de lo que realmente interesa. Nos invitan a participar en unas elecciones al Parlamento Europeo, y lo curioso es que nadie habla de Gibraltar, ni de la humillación a la que nos someten nuestros “socios comunitarios ingleses” con sus bravatas en nuestras aguas jurisdiccionales con la Royal Navy; ni de la chulería de un donnadie de medio pelo como Picardo y, mucho menos, de las resoluciones de la ONU sobre la soberanía del Peñón.

Nadie habla en la campaña ni el debate de lo que sucede en Ceuta o en Melilla, donde la invasión de la inmigración ilegal está siendo auspiciada desde Bruselas con una desvergüenza sin precedentes.

Nadie habla del paro forzoso de nuestra flota pesquera en la bahía de Algeciras por la bajada de pantalones de España a la hora de defender sus intereses.

Tampoco se habla de las mafias y la delincuencia organizada que sufrimos proveniente de países del Este de Europa, o del hacinamiento de nuestras cárceles abarrotadas de esos inmigrantes que vienen a delinquir.

Y, por supuesto, no traen a colación el abuso que supone el sueldo que percibe un eurodiputado en comparación con el mísero salario de un trabajador español, o la paga de una viuda o de un jubilado después de entregar una toda una vida al servicio de la comunidad.

Pero lo peor no es que durante el “debate” se omitiesen esas cuestiones como prioritarias para plantear en Europa, lo peor es que los medios del sistema al día siguiente, no se mostraron críticos con esa farsa puesta de nuevo en escena, más bien se dedicaron a puntuar exclusivamente, al “ganador” y al “perdedor” sobre la multitud de insustancialidades y gansadas vertidas.

En resumen, lo que la lupa observa es que el bipartidismo está cada vez más blindado, y que no quieren dejar entrar a formaciones nuevas que proclaman contratar a los políticos en nómina como a cualquier otro trabajador; devolver a la cárcel a los terroristas, violadores y narcotraficantes; juzgar a los secesionistas por delitos de traición, y perseguir sin descanso a los corruptos para que sean juzgados y condenados a la cárcel, devolviendo íntegramente lo robado.

No les interesa debatir acerca de la regeneración democrática suprimiendo autonomías políticas y solicitando la independencia del poder judicial como punto de partida.

No les interesa que la lupa se ponga en los miles de vividores codiciosos del sistema que se enriquecen ilícitamente mientras el pueblo agoniza. Nada de eso les interesa. Sin embargo, diez medidas a aplicar junto a la independencia de los jueces, serían suficientes para comenzar el edificio desde unos cimientos sólidos y seguros. A saber:

Suprimir las subvenciones a partidos, sindicatos y asociaciones empresariales. El sostenimiento de estos colectivos debe venir únicamente de las cuotas de sus militantes o simpatizantes.

Realizar auditorías anuales en todos los “chiringuitos políticos”, de la mano de la Autoridad Judicial haciendo públicos sus resultados.

Homologación retributiva de los cargos electos con arreglo a la profesión ejercida antes de dedicarse a la política, y tomando como patrón la tabla de retribuciones del ramo. Si el candidato elegido carece de profesión o cualificación, percibirá el sueldo mínimo interprofesional que drásticamente se aplica a los trabajadores españoles.

Los cargos políticos deberán firmar con la administración un contrato laboral por los años que dure la legislatura, y deberán cotizar al Régimen General de la Seguridad Social en las mismas condiciones que cualquier trabajador español. Si después de los cuatro años de contrato un político no resultase de nuevo elegido, pasará a percibir la prestación por desempleo. Si por el contrario fuese respaldado de nuevo en las urnas, se le ampliará el contrato otros cuatro años más.

Los políticos tendrán derecho a una pensión por jubilación con arreglo a sus cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social, o sea, de 35 a 37 años de cotización; se dejará sin efecto el privilegio de que con siete años en la política, los diputados puedan tener derecho a la pensión máxima; y se suprimirán de inmediato las pensiones vitalicias y los privilegios, para ex presidentes de gobierno, congreso, senado, gobiernos autonómicos, etc.

Todo aquel que se quiera dedicar a la política deberá hacer público y supervisado por el organismo correspondiente, de su historial laboral y académico; un certificado de antecedentes penales anualmente, y una declaración de patrimonio también cada año mientras ejerza el cargo.

Se celebrarán juicios sumarísimos y se aplicarán penas ejemplares de cárcel para todos aquellos políticos juzgados y condenados por delitos de corrupción. Fuera los aforamientos y los blindajes propios del feudalismo.

Aplicación sistemática de despidos inmediatos por absentismo laboral a todos los políticos que no acudan diariamente a sus puestos de trabajo sin una causa justificada, y de aquellos diputados o senadores que ante una propuesta, voten por sus compañeros ausentes en las cámaras.

Suprimir las dietas y los pluses por traslados y viajes. El político deberá establecer su domicilio allá donde sea destinado, como cualquier otro funcionario español. Si por razones de servicio se tuviese que trasladar a otro lugar fuera de su ámbito laboral, se le asignará un lugar para comer y pernoctar a cargo de la Administración, que pondrá en práctica también para con ellos, la austeridad mostrada con el resto de contribuyentes. Si no fuese de su agrado el lugar designado, se dejará a su elección, pero costeándoselo de su peculio particular.

Las donaciones a partidos políticos por parte de empresas o particulares deberán hacerse públicas con luz y taquígrafos y, los donantes, serán sometidos a minuciosa observación y meticuloso seguimiento por parte de la Policía de delitos económicos, por si fuesen posteriormente beneficiados con adjudicaciones de obras o cualquier otra concesión de manera preferente e ilícita.

Estas medidas serían suficientes para comenzar una verdadera regeneración democrática y poner en su sitio a los vividores de la mamandurria, pero me temo que mientras una parte mayoritaria del pueblo no sea consciente de la farsa puesta en escena por parte de la casta parasitaria que controla los medios de comunicación, y mientras esa misma parte del populacho se conforme con un bocadillo de mortadela subvencionado mientras observa los programas basura de la caja tonta, España no tiene solución.