RV.- Un programa de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos está financiando los estudios que realizan las universidades sobre la dinámica (riesgos y momentos decisivos) de los desórdenes civiles a gran escala a través del mundo, bajo la supervisión de varias agencias militares estadounidenses. El objetivo de ese programa –de varios millones de dólares– es desarrollar a corto y largo plazo una «visión militar» de las problemáticas de política común de defensa con vistas a su uso por parte de los altos funcionarios y responsables implicados en la adopción de decisiones y aclarar las políticas que aplican los mandos militares.

Iniciada en 2008 –año del comienzo de la crisis bancaria mundial–, la Minerva Research Initiative del Departamento de Defensa apunta a  «fortalecer la comprensión en el Departamento de Defensa de las fuerzas sociales, culturales, tendencias del comportamiento y fuerzas políticas vigentes en las regiones del mundo de importancia estratégica para Estados Unidos».

Entre los proyectos aprobados para el periodo 2014-2017 hay un estudio de la universidad de Cornell dirigido por el servicio de investigación científica de la US Air Force destinado a desarrollar un modelo empírico de «dinámica de la movilización y la propagación de un movimiento social». Se trata de determinar la «masa crítica (nivel decisivo)» del contagio social mediante el estudio de las «huellas numéricas» en el caso de

«la revolución egipcia de 2011, las elecciones rusas [legislativas] de 2011, la crisis de aprovisionamiento en combustible en Níger en 2012 y el movimiento de protesta del parque Gezi en Turquía en 2013».

Los mensajes y conversaciones a través de Twitter serán analizados para «identificar quiénes son los individuos movilizados en un “contagio” social y en qué momento se movilizaron».

Otro proyecto aprobado este año en la universidad de Washington «apunta a descubrir en qué condiciones nacen los movimientos políticos que buscan un cambio político y económico a gran escala». Ese proyecto, bajo la dirección del servicio de investigación de las fuerzas terrestres de Estados Unidos, se concentra en «los movimientos de gran envergadura que impliquen más de 1 000 participantes comprometidos en una acción duradera» y cubriría en total 58 países.

El año pasado, la Minerva Research Initiative del Departamento de Defensa financió un proyecto cuyo título era «¿Quién no se convierte en terrorista y por qué?». A pesar de ese nombre, el proyecto mete en la misma cesta a los militantes pacíficos y a los «partidarios de la violencia política» que sólo se diferencian de los terroristas en que no se implican personalmente en el «militantismo armado». El proyecto apunta explícitamente a estudiar a los militantes no violentos:

«En todo contexto es posible encontrar cierta cantidad de individuos que presentan las mismas condiciones familiares, culturales y/o socioeconómicas que los que se deciden a implicarse en el terrorismo y que, aunque no lleguen a la acción armada, sienten simpatía por los objetivos de los grupos armados. Los estudios sobre el terrorismo no habían tenido en cuenta hasta hace poco el estudio de ese tipo de personas. Este proyecto no tiene que ver con los terroristas sino con los simpatizantes de la violencia política.»

Cada uno de los 14 estudios de casos del proyecto «recurre a entrevistas exhaustivas con más de 10 activistas y militantes de partidos o de ONGs que, a pesar de ser favorables a causas radicales, han escogido el camino de la no violencia».

Me puse en contacto con la principal investigadora del proyecto, la profesora Maria Rasmussen de la US Naval Postgraduate School, para preguntarle por qué los militantes no violentos que trabajan para diversas ONGs tendrían que ser vistos como partidarios de la violencia política –y cuáles «partidos y ONGs» estaban incluidos en la investigación– pero no obtuve respuesta.

El personal de Minerva también se negó a responder otras preguntas, como qué «causas radicales» promovidas por ONGs pacifistas podían constituir amenazas potenciales para la seguridad nacional [de Estados Unidos], al extremo de ser de interés para el Departamento de Defensa.

He aquí algunas de mis preguntas: «¿El Departamento de Defensa considera los movimientos de protesta y el militantismo social en diferentes partes del mundo como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos? En caso de respuesta positiva, explique por qué.

Militantismo, oposición, movimientos políticos y, por supuesto, las ONGs son elementos esenciales para la buena salud de la sociedad civil y de la democracia. Entonces, ¿por qué subvenciona el Departamento de Defensa la investigación alrededor de ellos?»

La doctora Erin Fitzgerald, directora del programa Minerva, me respondió: «Entiendo su preocupación y me alegro de que, al ponerse usted en contacto con nosotros, nos esté dando la oportunidad de proceder a una clarificación.» Y me prometió una respuesta más detallada. En lugar de esa respuesta recibí del servicio de prensa del Departamento de Defensa la insípida respuesta que reproduzco a continuación:

«El Departamento de Defensa toma en serio su papel en la seguridad de Estados Unidos, de sus ciudadanos y de sus aliados y socios. Aunque no todos los desafíos en materia de seguridad den lugar a conflictos, aunque no todos los conflictos implican al ejército estadounidense, Minerva contribuye al financiamiento de la investigación fundamental en ciencias sociales y esa contribución mejora la comprensión que el Departamento de Defensa tiene sobre las causas de la inestabilidad y de la inseguridad en el mundo. Gracias a esta mejor comprensión de los conflictos y de sus fuentes, el Departamento de Defensa es más capaz de prepararse para el entorno de mañana en materia de seguridad».

Minerva subvencionó en 2013 un programa de la universidad de Maryland, en colaboración con el Pacific Northwest National Laboratory del Departamento de Energía, destinado a evaluar los riesgos de desórdenes civiles vinculados al cambio climático. Ese programa, de 1,9 millones de dólares en 3 años, desarrolla modelos tendientes a anticipar lo que podría suceder en las sociedades ante diferentes escenarios de cambio climático.

Se previó desde un inicio que el programa Minerva dedicaría en 5 años más de 75 millones de dólares a la investigación en el campo de las ciencias sociales y del comportamiento. Solamente para el año en curso, el Congreso estadounidense le ha asignado un presupuesto total de 17,8 millones de dólares.

Un correo electrónico interno del personal de Minerva, citado en un trabajo de maestría de 2012, revela que el programa está orientado hacia la obtención de resultados rápidos directamente aplicables a las operaciones en el terreno. El mencionado trabajo era parte de un proyecto sobre «el discurso musulmán contrarrevolucionario» subvencionado por Minerva en la universidad del Estado de Arizona.

El correo electrónico interno del profesor Steve Corman, principal responsable del programa, relata una reunión organizada por el programa del Departamento de Defensa titulado Human Social Cultural and Behavioural Modeling (HSCB). En esa reunión varios oficiales superiores del Pentágono explicaron que la prioridad es «desarrollar capacidades que puedan aplicarse rápidamente» bajo la forma de «modelos y herramientas que puedan integrarse directamente a sus intervenciones».

Aunque el doctor Harold Hawkins, contralor del servicio de investigación de la US Navy, aseguró desde el inicio a los investigadores de la universidad que el proyecto era esencialmente «un esfuerzo de investigación fundamental, de manera que no nos preocupa fabricar cosas y trastos aplicados», la reunión muestra que el Departamento de Defensa en realidad está en busca de «resultados sustanciales» en forma de «aplicaciones», escribe Corman en su correo electrónico. Corman aconsejó a sus investigadores

«reflexionar sobre resultados de entrenamiento, sobre las relaciones, etc., para que ellos [la gente del Departamento de Defensa] vean claramente satisfecho su pedido de herramientas para trabajar en el terreno».

Muchos investigadores independientes critican lo que interpretan como esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por militarizar las ciencias sociales para ponerlas al servicio de la guerra. En mayo de 2008, la American Anthropological Association (AAA) escribió al gobierno de Estados Unidos que el Pentágono no dispone del «tipo de infraestructura para una evaluación de la investigación antropológica [y de otras ciencias sociales]» capaz de permitir «un examen por homólogos que sea simultáneamente riguroso, equilibrado y objetivo» y exhortó a que aquel tipo de investigación fuese gestionado más bien por agencias civiles, como la National Science Foundation (NSF).

Al mes siguiente, el Departamento de Defensa firmaba con la NSF un protocolo de acuerdo para una gestión conjunta de Minerva. En respuesta, la AAA advirtió que, aunque las proposiciones de investigación fuesen evaluadas en lo adelante por los comités de examen de la NSF, «serían los oficiales del Pentágono quienes tendrían la facultad de nominación para los puestos de dichos comités».

«… Se mantiene en el seno de la disciplina la inquietud de que la investigación reciba financiamiento solamente cuando apoye el programa del Pentágono. Otras críticas al programa, provenientes en particular de la Red de Antropólogos Responsables, han objetado que el programa va a desestimular la investigación en otros sectores importantes y poner en peligro el papel de la universidad como centro independiente de discusión y de crítica sobre el ejército.»

Según el Dr. David Price, antropólogo de la cultura en la universidad St. Martin de Washington y autor de Weaponizing Anthropology: Social Science in Service of the Militarized State (La antropología como arma: las ciencias sociales al servicio de un Estado militarizado),

«Cuando usted toma la mayoría de esos proyectos uno por uno, todo eso parece ciencia social normal: análisis textual, investigación histórica, etc. Pero cuando usted los pone todos juntos, todos comparten la misma lisibilidad con todas las distorsiones de una simplificación excesiva. Minerva subcontrata “al detalle” sus finalidades globales de una manera que permite a cada uno disociar su propia contribución del proyecto total.»

El profesor Price ya mostró cómo el programa del Pentágono Human Terrain Systems (HTS), concebido para implicar a los especialistas de las ciencias sociales en las operaciones militares en el terreno, solía realizar sus entrenamientos en regiones «en Estados Unidos». Citando un resumen crítico del programa enviado por un ex empleado a los directores del HTS, Price informa que los entrenamientos del HTS «adaptaban el proyecto COIN [counterinsurgency (antiinsurrección)] concebido para Afganistán e Irak» a las situaciones internas

«de Estados Unidos, donde las poblaciones locales eran vistas desde una perspectiva militar como [un elemento] amenazador para el equilibrio establecido del poder y de la autoridad y desafiante ante la ley y el orden».

Price declaró: «Hay un simulacro que plantea un escenario de militantes ambientalistas que protestan contra una contaminación provocada por una central de carbón cerca de Misuri, incluyendo algunos miembros de la famosa ONG de protección del medio ambiente Sierra Club. Los participantes tenían que lograr diferenciar a “los portadores de soluciones” y los “revoltosos” del resto de la población, destinada esta última a convertirse en blanco de operaciones de información para desplazar su centro de gravedad hacia ese conjunto de perspectivas y de valores que constituye el “terminus deseado” de la estrategia del ejército.»

Esos juegos de guerra o simulacros corresponden a toda una serie de documentos de planificación del Pentágono que sugieren que la vigilancia masiva de la National Security Agency (NSA) está en parte motivada por la preparación con vista a la desestabilización que debe resultar de los problemas en los sectores del medio ambiente, de la energía y de la economía.

El profesor James Petras, titular de la catedra Bartle de sociología en la universidad Binghamton de Nueva York, coincide con las preocupaciones de Price. Los investigadores en ciencias sociales subvencionados por Minerva y vinculados a las operaciones antiinsurreccionales del Pentágono están implicados en «el estudio de las emociones provocados por la exacerbación o la represión de los movimientos ideológicos», incluyendo –señala Petras– «la neutralización de los movimientos surgidos en la base».

Minerva es un perfecto ejemplo de la naturaleza profundamente limitada y condenada al fracaso de la ideología militar. Peor aún, la negativa de los responsables del Departamento de Defensa a responder a las preguntas más elementales es síntoma de algo muy evidente: en su inmutable misión de defensa de un sistema mundial cada vez más y más impopular al servicio de los intereses de una ínfima minoría, las agencias de seguridad no tienen ningún escrúpulo en presentarnos a nosotros, que somos el resto del mundo, como terroristas en potencia.