Entrada a la Base Aérea de Getafe.

Malversación de caudales públicos, fraude fiscal y falsedad de documento público son algunos de los delitos apuntados por tres interventores militares —un coronel, una comandante y un teniente— en un demoledor informe pericial para el Juzgado Togado Militar Territorial número 12, que investiga presunta corrupción en la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Getafe (Madrid).

Los peritos no cuantifican el monto total del fraude, pero hay que tener en cuenta que la SEA (Sección Económico-Administrativa) 027, encargada del control económico de dicha unidad y cuya implicación deja en evidencia el informe, recibe más de 29 millones de euros al año del presupuesto del Ejército del Aire, y que dejó de ingresar al Tesoro, como era su obligación, unos 600.000 euros anuales, procedentes del pago de comidas o alojamiento, con los que se nutrió una ilegal caja b. Estas son algunas de las irregularidades reseñadas en el informe:

Falsos justificantes de IVA. Tras cotejar los extractos bancarios aportados por el BBVA, de una cuenta de la que es titular la SEA 027, con la documentación de la Agencia Tributaria (AEAT), los peritos comprobaron que en 30 apuntes de pagos del IVA, por más de 118.000 euros, entre 2009 y 2012, o bien el número de justificante no existe o bien el CIF corresponde a un titular diferente de la base aérea de Getafe. “Se trata de hechos de gran gravedad que podrían evidenciar conductas constitutivas de un delito de fraude del que no solo sería responsable el gestor de la SEA 027 sino también el responsable de la oficina del BBVA, desde la que supuestamente se hicieron los pagos trimestrales del IVA que resultan ser ficticios”, advierten.
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Desviación de fondos públicos. Los peritos constatan trasvases de fondos entre las tres cuentas que tenía oficialmente la SEA 027, lo que estaba prohibido y constituye “una evidente desviación de fondos públicos, obviándose por completo todos los procedimientos legales. Cuando menos”, agregan, hay “una mala gestión de dichos fondos, que se utilizan de manera poco transparente, mezclando los destinados al pago de nóminas y los de gastos corrientes”.

Cuenta ilegal. En el curso de la investigación se descubrió una cuenta bancaria no declarada, nutrida con la venta de productos farmacéuticos, de cuya existencia no tenían conocimiento ni la Secretaria General del Tesoro —pese a que su autorización es preceptiva para abrir este tipo de cuentas—, ni la Agencia Tributaria, “lo que permite que pueda eludirse todo tipo de control de los fondos públicos que en ella se ingresan”.

Salidas sin justificar. El informe constata fuertes salidas de dinero de una cuenta de la base de Getafe en el BBVA. En concreto, 453.779 euros en 2010, 500.528 en 2011 y 562.080 en 2012 “cuyo origen y destino no se puede, en principio, identificar”.

Contratos inflados. Menos de la mitad de los pagos a proveedores de productos alimenticios entre 2010 y 2012 corresponden al contrato adjudicado, en concreto 354.750 euros. El resto (459.912) se pagó al margen de la licitación, mediante contratos menores o “prorrogando ilegalmente el contrato inicial”, ya que dichas prórrogas debían haber estado previstas en el pliego de cláusulas del concurso. Se trata, en opinión de los peritos, de una “utilización fraudulenta de los procedimientos de contratación para eludir la libre concurrencia y la igualdad de trato entre los candidatos”.

Pago anticipado. “Este equipo pericial ha obtenido evidencia documental de que se han pagado anticipadamente a determinados proveedores los suministros de alimentación contratados, lo que está expresamente prohibido en la Administración”, advierte el informe. En concreto, una empresa reconoció tener en octubre de 2010 un depósito de 11.486 euros. La ley obliga a que, antes de pagar, se acredite documentalmente que se ha realizado el suministro, por lo que la entrega de dinero público en depósito implica, según el informe, “conductas delictivas tales como falsedad de documento mercantil, falsedad testimonial y malversación de caudales públicos, sin olvidar la responsabilidad patrimonial”.

Concursos amañados. Los peritos constatan que la recepción de los productos la hacen “las mismas personas que actúan como vocales técnicos de cada expediente y, por tanto, con potestad para proponer al adjudicatario del mismo”. Pero no es esa la única irregularidad. El informe explica cómo se amañan los concursos: en los pliegos de prescripciones se pondera con un 60% el precio, pero solo de algunos productos, no de todos. Los suministradores habituales los ofertan a un precio bajo, incluso con pérdidas, pero hacen negocio con otros productos que no ponderan y que saben van a suministrar. Por ejemplo, una firma ofreció el emperador fresco a 6,9 euros el kilo y el congelado a 8,9. El primero ponderaba un 18,7% y el segundo, solo el 2%. Ganó la oferta que daba el fresco más barato, pero suministró el congelado, más caro.

Comensales fantasma. En la cocina se llevaban dos contabilidades sobre el personal con derecho a comida: la oficial, en estadillos mensuales, y la real, en partes diarios. “El número de raciones en los estadillos oficiales es muy superior al que aparece en los partes diarios”. El Tesoro pagaba con arreglo a los primeros. La diferencia nutría la caja b.

Fuera del menú. En 2010 se compraron grandes cantidades de productos que no figuraban en ninguno de los 365 menús servidos ese año. Por ejemplo, 2.409 kilos de embutidos ibéricos por 43.296 euros. “Se trata de productos que no están destinados a los gastos de alimentación que deben ser asumidos con cargo a los Presupuestos del Estado”, advierte el informe. Lo mismo se repitió en 2011 y 2012.

Fraude fiscal. Al analizar la facturación de los suministradores, se constató que no coincidía lo declarado por alguna empresa con los datos de la unidad ni con lo que figura en el Sistema de Gestión del Ejército del Aire (SIGEA), “por lo que se puede concluir que este proveedor no cumple con sus obligaciones tributarias, como tampoco la SEA 027”.

¿Atracón de pan y aceite? En diciembre de 2010, se compraron 50.525 barras de pan pequeñas, cuando su consumo no pasa de 7.000 al mes. También parece excesivo el consumo de aceite: 110 litros diarios. Estas compras podrían encubrir otras, como 360 botellas de vino, 456 de cerveza, 252 de cava y 160 de alcohol de alta graduación, por las que se abonaron 5.871 euros en metálico en diciembre de 2012, según figura en un albarán.

Falsos estudios. La compra de un portátil Sony se facturó como “estudio y consultorías”. Cuando se pidió una copia del estudio, se contestó que no se guardaba. A una firma de merchandising se le compró material eléctrico y de limpieza por 40.000 euros. Los peritos se preguntan por qué se contrató a una empresa que no vendía esos productos.

Investigar la corrupción le costó un expediente a la juez

Buena parte de la documentación que ha servido a los peritos para destapar graves irregularidades en la base aérea de Getafe (Madrid) procede de los dos registros que la titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 12, la capitán Patricia Moncada, realizó el 3 y el 12 de junio del año pasado.

La diligencia judicial no resultó fácil. El coronel jefe del acuartelamiento, haciendo uso de su superioridad jerárquica, ordenó a la juez que acudiese a su despacho y, tras recriminarla por no haberle avisado, la presionó para que le dijera qué dependencias iba a registrar. La juez se negó a revelarle sus intenciones, alegando que la causa estaba declarada secreta, pero —tras momentos de fuerte tensión— acabó por informarle de las diligencias practicadas. “Me sentí absolutamente vejada en mi condición de juez, persona y mujer”, escribió Moncada en su petición de amparo al Consejo General del Poder Judicial.

El órgano de gobierno de los jueces, en una decisión sin precedentes, dio amparo a la militar y pidió el “cese o abstención de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la actuación judicial”.

La juez denunció al coronel por un presunto delito de obstrucción a la justicia, pero el Tribunal Militar Central abrió expediente disciplinario a la juez por no haber avisado del registro al jefe del acuartelamiento. El expediente disciplinario aún no se ha archivado, y pesa sobre la cabeza de la instructora, mientras que la denuncia contra el coronel está pendiente de que se forme una sala cuyos miembros no estén contaminados por haber intervenido contra la juez.

Funte: El País