Democracia Nacional/Remitido.- Una vez más desde Democracia Nacional nos vemos obligados a denunciar públicamente las arbitrarias acciones del Partido Popular, en esta ocasión de la mano del alcalde de León, que utilizando subterfugios legales ha ordenado precintar el Centro Social y Nacional que Democracia Nacional mantenía abierto en dicha localidad.

Es un escándalo comprobar cómo dicho partido gobierna en decenas de localidades donde, gracias a su inacción, los movimientos ocupas y “antisistema” mantienen abiertos locales en la más absoluta ilegalidad, sin contrato, sin licencias y sin otra legitimidad que la de la patada en la puerta de una propiedad privada.

Cabria preguntarse por qué los alcaldes del PP se muestran tan conciliadores con la extrema izquierda. ¿Es miedo? ¿Es complicidad? Lo cierto es que la celeridad de su actuación contra un local que tiene su contrato de alquiler y donde un partido legal lleva a cabo sus actividades, contrasta con las negociaciones con la extrema izquierda violenta en localidades como Burgos (recordemos el conflicto del Gamonal) y la permisividad con las decenas de propiedades ocupadas ilegalmente en sus ayuntamientos por facciones “antisistema” sin que sean molestados.

Añadimos que la diligencia de las autoridades del PP en el cierre de la sede de un partido legal se hace más escandalosa si cabe ante la falta de resultado alguno de las muchas denuncias interpuestas por nuestro partido fruto de los múltiples ataques sufridos por nuestra sede por parte de sus protegidos ultraizquierdistas, ataques que no han dado lugar a ninguna actuación policial a ninguna detención ni a ningún resultado. Al contrario, frente al acoso ilegal y violento de la extrema izquierda la única medida tomada por el Partido Popular leonés ha sido dar cumplimiento a las exigencias de los violentos y tal y como pedían los intolerantes filoterroristas, precintar nuestro Centro Social.

Los ciudadanos de León y del resto de España deben decidir si un partido que negocia con los violentos y consiente sus actividades ilegales es digno representante de sus consistorios o si ha llegado la hora de mandar a casa a unos señores que bien por miedo, bien por complicidad, mantienen una disparidad de criterios que resulta cada día más difícil de justificar.

Exigimos al Partido Popular el cese de la persecución política a las organizaciones legales de los patriotas españoles y el cese de su vergonzosa e injustificable inacción contra los grupos ilegales y violentos de la extrema izquierda.