Javier Torres.- El coordinador de Soluciona en Melilla, Jorge Carretero, será el encargado de defender en el congreso nacional del partido en Málaga la ponencia dedicada a la “inmigración indocumentada: frontera sur”. El dirigente socialidentitario defiende la implicación de las Fuerzas Armadas en las tareas de control y vigilancia de nuestras fronteras.

Entre las propuestas más llamativas de Carretero figura la derogación del artículo 14 de la Constitución y la restricción a los musulmanes del acceso a la nacionalidad española, al considerar que “el islamismo es hoy por hoy del todo incompatible con nuestro ordenamiento legal y nuestra tradición cultural”. Asimismo, propone que la nacionalidad española sea concedida durante un periodo nunca inferior a los 10 años de residencia inintrrumpida. Aboga también por la expulsión de todos los extranjeros ilegales, “independientemente del tiempo de residencia transcurrido en territorio nacional”, así como por la eliminación de “las subvenciones y ayudas a entidades y asociaciones relacionadas con comunidades no autóctonas

Jorge Carretero, de 58 años, pertenece a una familia de tradición castrense. Hijo, nieto y hermano de mandos militares, Carretero es exempresario y funcionario de la Ciudad Autónoma. Será el candidato de Soluciona a la presidencia de Melilla.

Reproducimos de forma resumida la moción que presentará Jorge Carretero en el I Congreso de Soluciona en Málaga para su discusión y aprobación:

EL PROBLEMA DE LA INMIGRACIÓN INDOCUMENTADA: FRONTERA SUR

MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

El Preámbulo de la Constitución Española de 1978 subraya la voluntad de la Nación Española de “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra” y su artículo 8.1 establece que “las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Desde finales del siglo XX, las Fuerzas vienen actuando fuera de nuestras fronteras como observadores y como fuerzas de interposición, de mantenimiento e imposición de la paz y ayuda humanitaria. Esa circunstancia ha demandado la necesidad de adaptar la normativa para incluir estas nuevas misiones de nuestras Fuerzas Armadas en una nueva legislación.

Así, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional establece las misiones de las Fuerzas Armadas, tanto a nivel nacional como en el plano internacional (art. 15). Éstas son:

– Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Constitución, tienen atribuida la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

– Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, así como el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria.

– Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la Legislación vigente.

– Las Fuerzas Armadas pueden, asimismo, llevar a cabo misiones de evacuación de los residentes españoles en el extranjero, cuando circunstancias de inestabilidad en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses.

Por su parte, el artículo 16 establece los tipos de operaciones que pueden realizar, tanto en territorio nacional como en el exterior, que pueden conducir a acciones de prevención de conflictos o disuasión, mantenimiento de la paz, actuaciones en situaciones de crisis y, en su caso, de respuesta a una agresión. En particular, las operaciones pueden consistir, primordialmente, en:

– La vigilancia de los espacios marítimos y aéreo, y aquellas otras actividades destinadas a garantizar la soberanía e independencia de España.

– La colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización internacional.

– El apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo.

– La respuesta militar contra agresiones que se realicen utilizando aeronaves con fines terroristas.

– La colaboración con diferentes administraciones públicas.

– La participación con otros organismos nacionales e internacionales para preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos españoles en el extranjero.

He querido empezar mi intervención leyendo esta introducción sobre el papel de nuestras fuerzas armadas que le otorga la Constitución vigente actualmente.

Tenemos un grave problema que viene de nuestra frontera sur: La invasión sistemática y planificada de nuestro territorio por parte de indocumentados.

Más allá de la indudable tragedia humana que esto representa, no nos corresponde a nosotros convertirnos en nación de acogida indiscriminada.

Cualquier país tiene el derecho a defender sus lindes y a impedir, por los medios de que disponga, la invasión de los mismos. Naciones tan democráticas como Australia o Estados Unidos son perseverantes en la defensa de sus territorios e impiden de forma drástica el asalto a sus fronteras. Más aún, aquellos que logran traspasar dichos límites son recluidos hasta su expulsión y de ninguna manera se les permite deambular libremente por sus respectivos territorios nacionales.

Carretero propone que se impida a las personas de obediencia islámica el acceso a la nacionalidad española

España con su pésima política de permisividad ha poblado nuestro territorio de indocumentados sin oficio ni beneficio. Esto ha supuesto, entre otras cosas, un gasto descomunal en recursos propios y en servicios y el afloramiento indiscriminado de verdaderos guetos tercemundistas en nuestras ciudades y pueblos.

Las imágenes que todos conocemos de verdadera invasión, ya bien sean subidos a las vallas fronterizas en Ceuta o Melilla, o bien la arribada de incontables pateras reflejan simplemente la inoperancia, la imbecilidad y la corrupción de nuestros gobernantes más preocupados del “qué dirán” que de atender los derechos de los ciudadanos españoles.

El entreguismo de las autoridades a países del tercer mundo, las subvenciones a esas naciones sólo refleja una dejadez, una inquina y una verdadera traición a la inviolabilidad de nuestras fronteras.

En el caso de que España necesite inmigrantes, estos han de provenir de aquellos países con los que tenemos lazos de sangre, de cultura y de creencias. El permitir la invasión musulmana y de creencias extrañas puede convertir a nuestra nación en una verdadera bomba de relojería. Ya sucede en Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y ya está comenzando a pasar aquí, en España.

Basta ver a los decapitadores de cabezas islamistas que, curiosamente han sido criados en naciones de la antigua Europa.

No queremos ni deseamos para nuestra Patria ideologías extrañas con las que no tenemos nada que ver ni compartir. Es por ello que proponga como cuestión fundamental la derogación del artículo 14 de la Constitución para impedir a las personas de obediencia islámica el acceso a la nacionalidad española. El islamismo es hoy por hoy del todo incompatible con nuestro ordenamiento legal y nuestra tradición cultural. Es una religión destructiva que predica el asesinato y el genocidio de cualquiera que no piensa como ellos o que, en su interior, plantea cualquier discrepancia.

Las evidencias de ese peligro son patentes y constantes cada día: asesinatos de cristianos en las naciones de mayoría musulmana, odio y asesinatos de occidentales, violaciones, guerras civiles, amenazas de exterminio, carreras armamentísticas, fanatismo, barbarie. Y dentro de la misma Europa, disturbios vandálicos, agresiones xenófobas a los no musulmanes, intentos constantes de imponer las propias costumbres.

Es urgente afrontar este riesgo con decisión radical, porque el tiempo corre en contra si no se adopta una posición clara de firmeza que en esta sociedad que por tener miedo a la vida y a la libertad ha tomado miedo a las palabras, no tiene otro nombre que una nueva Cruzada.

El líder de Soluciona en Melilla aboga por impedir a los sefardíes el acceso a la nacionalidad española

Estos son de forma conclusiva algunos de los puntos de la ponencia en materia de Inmigración.

1º.- La política de inmigración debe basarse en los intereses nacionales.

2º.- Se establecerán cupos anuales por nacionalidades.

3º.- Los aspirantes a residentes poseerán estudios u oficios que les permitan desarrollar una labor cualificada y ganarse la vida. No podrán optar por ninguna ayuda social durante los cinco primeros años.

4º.- Se eliminarán las subvenciones y ayudas a entidades y asociaciones relacionadas con comunidades no autóctonas.

5º.- El permiso de residencia conllevará el permiso de trabajo. Durante los dos primeros años de estadía deberán acreditar que poseen un empleo o bien una empresa cada tres meses. En caso de no hacerlo serán expulsados.

7º.- El acceso a la nacionalidad española nunca tendrá lugar antes de los diez años de residencia en España. Al respecto, podrán establecerse acuerdos con países de nuestro entorno europeo para abreviar ese plazo.

8º.- Restitución de los artículos 21 y 23 del Código Civil para impedir el acceso a la nacionalidad española a los sefardíes, y la conservación de dicho privilegio, que establece un agravio comparativo con otras comunidades también históricamente ligadas a nuestro país.

9.- Los extranjeros que incumplan los requisitos básicos para una normal convivencia social podrán ser expulsados con carácter graciable, independientemente del tiempo que lleven viviendo en España.

Este programa está pensado para que los inmigrantes, al cabo de los diez años, se conviertan en ciudadanos españoles de pleno derecho, actúen de manera responsable y contribuyan al crecimiento económico, social e identitario de nuestra Nación.