El escándalo de las tarjetas opacas o fantasmas es una muestra más de la necesidad de unos controles mucho más estrictos y rigurosos a los bancos y cajas.  Porque los consejeros y directivos de las entidades bancarias son responsables de sus decisiones, y deben cumplir las leyes igual que el resto de los ciudadanos del país. Da que pensar que, por ejemplo, el rescate de Bankia haya costado al contribuyente más de 24000 millones de euros. La gestión de los grandes bancos es una actividad que debería ser supervisada con una atención exquisita para evitar prácticas ilegales y fraudulentas. El gasto de 15,5 millones de euros con estas tarjetas opacas entre 2003 y 2012 pone de manifiesto que los controles o no existieron o fallaron. En cualquiera de las dos hipótesis las consecuencias son graves. Una cosa son los gastos de representación, y otra el uso de estas tarjetas de crédito fantasmas que es irracional e inaceptable. Ya que incluso Hacienda no tenía conocimiento de su utilización como medio de pago. Independientemente, de la presunción de inocencia y de las garantías judiciales y procesales que asisten a los altos cargos que están siendo investigados por el juez Fernando Andreu,  me parece que se deben crear más normas, y más sistemas de vigilancia para que no vuelvan a repetirse este tipo de comportamientos. Porque, a mi juicio, es increíble que durante este montón de años nadie, supuestamente, se enterara de nada. Y si se sabía y se ocultaba que parece lo más probable pues peor todavía.

En mi opinión, se han cruzado líneas rojas en parte de la actividad bancaria que son la expresión de unos niveles de descontrol  en el ámbito financiero y económico que no deben tolerarse por más tiempo. Porque dañan gravemente la credibilidad del sistema democrático de este país. Además, los ciudadanos pueden observar perplejos la cantidad de operaciones de los bancos que han repercutido muy negativamente, en determinados productos bancarios de muchos clientes.

Por tanto, hay que sacar tarjetas rojas simbólicas a las personas que se aprovechan hasta límites desproporcionados de sus ventajas, y de su poder por ser altos directivos de bancos o grandes empresas. También es cierto que existen consejeros y presidentes de bancos que actúan con pleno rigor y respeto a las leyes. Como es el caso de Goirigolzarri actual presidente de Bankia. Que ha iniciado una labor regeneradora y de transparencia.

La actividad de los grandes bancos y de las grandes empresas debe estar muy controlada para evitar que se salten las regulaciones y  normas. Los beneficios de las entidades bancarias no pueden crecer desmesuradamente a costa de la economía de los ciudadanos que se ven envueltos en dificultades monetarias, en muchos casos, inmerecidas por causa de los sueldos bajos, etc. Las desigualdades sociales y económicas se están incrementando con el capitalismo neoliberal. Y es necesario buscar soluciones a este despropósito. Teóricamente vivimos en un estado democrático y social de derecho, en lo que se denomina estado de bienestar. Aunque más bien brilla por su ausencia en muchos aspectos. Y uno de los más claros es en este de las tarjetas negras u opacas.