Comenzaré diciendo que la mujer está para ocupar no el 50% de los puestos de trabajo en una empresa o incluso en el gobierno de la nación, sino el 100% si vale para ello, y muchas ya creo que lo valen, pero no por caprichos políticos o por rendir culto al cuerpo, sino por su esfuerzo, merecimientos e historial académico y laboral. Para lo que no está la mujer es para ser maltratada brutalmente en películas pseudopornográficas que se emiten a diario, y donde las muestran como auténticos perros. Ni tampoco para ocupar páginas de anuncios por palabras con reclamos como: “Viuda, viciosa sin límites”. Ni para servir de moneda de cambio a traficantes de sexo. Ni para cubrir trabajos que ofenden continuamente su dignidad en programas basura y que tienen que ser el espanto de sus propios hijos.

Pero también diré que para defender estos derechos de las mujeres, no hacen ninguna falta grupos que se declaran feministas y hacen de ello dogma de fe, solo por motivos políticos; feministas como las que no movieron ni un solo dedo y guardaron silencio, cuando los terroristas vascos de la ETA asesinaban en la localidad vizcaína de Santuchu a María Dolores Ledo García, embarazada de casi siete meses, y a su esposo agente del Cuerpo Nacional de Policía.

Las que el 12 de Septiembre de 1989 guardaron silencio o brindaron con cava cuando los terroristas vascos de la ETA asesinaron a la fiscal doña Carmen Tagle.

Las que en Agosto de 2000 no abrieron su boca ante el brutal asesinato por parte de los terroristas vascos de la ETA de la guardia civil Irene Fernández Pereda de 32 años y de un compañero suyo en la localidad de Sellent de Gállego (Huesca).

Las que en 2008 guardaron un silencio cómplice o participaron activamente a través de la redes sociales, deseando la muerte a mi admirada y querida María San Gil, cuando los médicos le diagnosticaron un cáncer de mama.

Las que estaban presentes o guardaron silencio en Octubre de 2010, impidiendo que doña Rosa Diez pudiese ofrecer libremente una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid.

Las que guardan silencio ante ataques, insultos y escraches sufridos por la juez doña Mercedes Alaya en la puerta de su Juzgado.

Las que en Febrero de 2011 guardaron silencio o participaron activamente a través de la redes sociales, deseando la muerte a doña Esperanza Aguirre cuando los médicos le diagnosticaron un cáncer de mama.

Las que actuaron del mismo modo con la delegada del Gobierno doña Cristina Cifuentes tras sufrir ésta un accidente de Tráfico.

Las que guardaron silencio cómplice, y jamás condenaron los ataques sistemáticos de los que fue objeto doña Regina Otaola cuando fue alcaldesa de la localidad guipuzcoana de Lizarza.

Las que el 31 de octubre de 2006 callaron, mientras se decía de doña Guadalupe Bragado candidata a la alcaldía del PP por Leganés, que había sido elegida por su partido a través de una foto de cuerpo entero (…) Lo que explicaría sobradamente la escasa inteligencia política (…) y la nula concepción democrática que exhibe con infantil liviandad y despreocupación esta persona.

Las que han guardado un silencio sepulcral cuando han sido indultados asesinos y violadores de niñas indefensas como Olga Sangrador o Sandra Palo; el mismo silencio que guardaron cuando fueron brutalmente asesinadas después de ser violadas y quemadas vivas.

Nunca mostraron públicamente su repulsa como feministas que dicen y declaran que son, ante estos hechos vomitivos, abyectos y repugnantes, por el solo hecho de no considerarlos de su ideario, y sin embargo, se levantan en oleadas de improperios mostrándose semidesnudas tomando el Congreso de los Diputados, o haciendo lo propio en una iglesia católica para posicionarse en favor del aborto libre y gratuito ¿Por qué nunca lo hacen en una mezquita o en una sinagoga? Pero no contentas con eso, y para hacer todavía más clarividente la hipocresía de la que hacen gala, aprovechan el asesinato de la policía nacional Vanessa Lage, y a raíz de un artículo publicado en AD que mostraba la disconformidad con ciertas tareas encomendadas a las mujeres en los Cuerpos de Seguridad y en las Fuerzas Armadas, para organizar un monumental linchamiento contra este medio y su director, simplemente por ejercer esa libertad de expresión de la que nos habla la Constitución española, y exponer un tema que, aunque no se diga, requiere un profundo y amplio debate. Pero, díganme, ¿Cuándo les ha importado a las feministas la vida de un policía o de un guardia civil sea hombre o mujer? ¿Cuándo se han mostrado sensibles con una mujer asesinada por los terroristas vascos de la ETA? ¿Cuándo han estado con las familias de las niñas violadas o asesinadas por individuos que han sido recientemente puestos en libertad sin cumplir sus condenas?

Estás feministas actúan únicamente cuando se lo indica su reglamento y su doctrina y no por justicia social o en defensa de las mujeres que no sean de su ideología, lo hacen en defensa de sus intereses y con las directrices que reciben, con la cobertura que les da este sistema corrupto y podrido. Es el sistema el que les garantiza salir indemnes de todas sus tropelías, aunque su libertad empiece donde acaba la de los demás, o suponga conculcar y pisotear el derecho a expresarse libremente a cualquier disidente de sus propuestas y objetivos. Y, ¿quién respalda esas propuestas y objetivos? Pues la “casta” política española que sigue rigurosamente la hoja de ruta marcada desde 1978, sobre lo que es, o no es, políticamente correcto.

Al hilo de todo esto, es necesario que los españoles sepan, o por lo menos sería conveniente traer a colación, que no ha sido AD ni su director quienes han empezado el melón de un tema tan vidrioso y controvertido. Ejemplos no faltan.

El 17 de noviembre de 2000, el entonces ministro de Defensa del gobierno de Aznar, Federico Trillo, ordenó el cese inmediato del delegado de Defensa en Gerona, el coronel don Francisco José Mateo Seguí, después de que éste justificara la escasa presencia de mujeres entre los soldados profesionales alegando que muchas de ellas se quedan en el camino “porque no son capaces de hacer ni una sola flexión” en las pruebas físicas. La decisión adoptada por Trillo fue aplaudida por todos los partidos, que la calificaron de “ejemplar y oportuna”, porque “no se puede permitir el menosprecio a un colectivo como el de las mujeres, ni permitir bromas machistas y patriarcales”.

El “delito” cometido por el coronel Mateo, fue hacer balance sobre las solicitudes, tanto de hombres como de mujeres, a alistarse en el Ejército español. En el caso de las mujeres, señaló, “la mayoría no pasan las pruebas físicas de flexiones, de salto y de carrera. Hay otro grupo de mujeres”, añadió, “que no realiza ni una sola flexión de las que se hacen en el suelo. Se trata de pruebas muy fáciles de superar que, sin embargo, ellas no pasan”.

La repercusión que tuvieron sus palabras en los medios de comunicación, dieron origen a su cese fulminante, cuando lo único que hizo fue constatar un hecho objetivo contestando a una pregunta de los informadores, lo que ocurrió, y por eso esas declaraciones fueron consideradas políticamente incorrectas, es que en aquella época el Ejército estaba inmerso en una campaña publicitaria en la que destacaba la igualdad de oportunidades entre los dos sexos.

Manuel Atienza, entonces portavoz de Defensa del PP en la Cámara baja, dijo que la reacción del ministro había sido “ejemplar y oportuna, y se mostró convencido de que ésta es la forma de actuar que la sociedad demanda”. La secretaria de Participación de la Mujer del PSOE, Micaela Navarro, se sumó a la felicitación porque, dijo, “no se puede admitir que un representante del Ministerio de Defensa, y por lo tanto institucional, haga este tipo de manifestaciones, que son absolutamente denigrantes para las mujeres”. Y el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, elogió la decisión tomada y exigió que se pusiera fin a las “bromas” sobre las mujeres y que se evitasen los comentarios “degradantes”; Alcaraz criticó las bromas “machistas y patriarcales” y aseguró que algunas personas comienzan bromeando al respecto y acaban cuestionando y atacando “la incorporación de las mujeres a la vida laboral”.

Al hilo de todo esto, quiero recordar aquí algunas declaraciones realizadas por destacados políticos de este país, sin que por ellas hayan fulminado en su cargo, absolutamente a nadie.

En febrero de 1985, el entonces alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pachecho, dijo textualmente: “La justicia en España es un cachondeo”.

En abril de 1990, el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, mucho antes de pedir la intervención del Ejército en el País Vasco declaraba: “Los jueces son salteadores de caminos”. Asimismo, llamó “terrorista” al Juez don Marino Barbero, cuando éste investigaba un presunto delito de corrupción socialista por el caso “Filesa”.

En abril de 1997, Felipe González declaró: “Algunos jueces son unos descerebrados”.

Y, en noviembre de 2000, el entonces ministro de agricultura Arias Cañete declaraba: “El Plan Hidrológico Nacional se aprobará por cojones”.

La lista se haría interminable. En este país la libertad de expresión no es igual para todos, no se puede opinar libremente; como te salgas del guion, el linchamiento está más que asegurado. Los militares por ejemplo, en nombre de la disciplina, se encuentran en la más absoluta indefensión, los políticos por el contrario, en nombre de la democracia, no solamente hacen y dicen lo que les viene en gana, sino que a su vez, tienen la potestad de cesar, condenar o permitir tu linchamiento, si no formas parte de su larga lista de aduladores, hipócritas y fariseos.