En España, se enseña a los niños a respetar la vida de los animales -cosa que por otra parte no solo respeto sino que comparto-, elaborando leyes muy duras para todo aquel que incumpla con esta norma de comportamiento, pero por otra parte, resulta prácticamente gratuito insultar, agredir o incluso asesinar a un policía. Por lo tanto, debemos aseverar sin lugar a equivocarnos, que la democracia española no es que sea diferente, es que no es democracia, es un sucedáneo de la libertad convertida en libertinaje, donde el paciente agrede al médico, el alumno al maestro, y los hijos a los padres. Un manicomio de autogestión sin moral y sin principios, perfectamente maquillado para ocultar el adoctrinamiento ejercido durante más de tres décadas en los centros de enseñanza, con el objetivo de aniquilar y hacer desaparecer el ser mismo de España.

Aquí se criminaliza sistemáticamente a la Policía por parte del grueso de representantes de las cámaras legislativas -especialmente de los grupos de izquierda-, con el silencio cómplice y cobarde del Partido Popular. Valga como ejemplo la intervención de la Guardia Civil en Melilla, donde la eurodiputada Elena Valenciano arremetió sin contemplaciones contra la Benemérita, mientras ningún representante del Gobierno se ha desplazado todavía a la valla fronteriza para comprobar in-situ lo que allí viene sucediendo.

Se presume de haber alcanzado un lugar preferente en Europa y hasta un sillón en la ONU; se alardea de progresismo con un inigualable sistema de libertades. Se les llena la boca de brotes verdes, de creación de puestos de trabajo y de que la crisis ha terminado, pero, ¿cual es la realidad que percibe el español que trabaja y brega todos los días para ganar el pan con el sudor de su frente? La realidad que perciben los ciudadanos honrados de este país es, que en la órbita internacional no pintamos absolutamente nada; que los que ahora se lamentan por sufrir el terrorismo en su carne, no han querido saber nada de nosotros cuanto ETA y el terrorismo islamista ha teñido nuestras calles de sangre; que las personas dependientes han sido abandonadas a su suerte; que la Constitución –que nadie respeta ni obedece-, es el instrumento político utilizado por la casta para sostener sus chiringuitos; que Hacienda es implacable con el contribuyente arruinado y desahuciado, y benevolente con el político corrupto; que los “vampiros” insaciables de la Hacienda pública, ejercen una presión fiscal que es confiscatoria; que no se están creando puestos de trabajo de calidad, sino más bien “peonadas” por días o por horas con salarios míseros y en situación precaria; que las cárceles están abarrotadas; que los sumarios se amontonan en los Juzgados; que los ilegales tienen más derechos que los hijos de España; que la autoridad policial ha sido sustituida por los derechos del delincuente; que tenemos un código penal que causa hilaridad; y que agredir o insultar a un policía se ha convertido en un “juego de recreo”, porque no se castiga de manera ejemplar.

Hechos como el del barrio de “La Coma” en Paterna (Valencia) en 2001, donde un policía local fue brutalmente apaleado mientras auxiliaba a una persona herida, y la publicación de las agresiones sufridas en Galicia por guardias civiles de Tráfico aquel mismo año mientras desempeñaban su misión, eran el preámbulo del auge de los insultos y las agresiones a funcionarios de policía, que están desembocando, y de hecho han desembocado, en lesiones muy graves y en algunos casos en asesinatos.

Estas agresiones contra las Fuerzas de Seguridad españolas, sin que los gobernantes, fiscales y jueces hagan nada para impedirlo, son la prueba más que palpable de que estos humildes servidores públicos se encuentran totalmente desamparados; son el felpudo donde las “castas” se restriegan las suelas de sus zapatos, y son utilizados por los políticos para que les cubran las espaldas, pero que a su vez les ordenan que muelan a palos a los agricultores cuando se manifiestan en demanda de un precio justo para sus cosechas, o seguridad en sus hogares y en sus campos.

El asesinato del policía Francisco Javier Ortega, por parte de un inmigrante que entró ilegalmente en España en 2011 a bordo de una patera, habla por sí solo. Este inmigrante con múltiples antecedentes penales y que se encontraba en libertad por obra y gracia de la justicia española, ya había intentado la misma acción solo unos meses antes. Un delincuente común a quien la “casta” fuertemente protegida no teme, pero que con total impunidad echando a suerte la vida de cualquiera, encontró la de un policía nacional dispuesta y generosa.

Esta es la situación real respecto a este país. Ni la “casta” ni las más altas magistraturas del Estado quieren enterarse de lo que sucede. Se les ha ido el control de las manos en todo, menos en sus privilegios y sus prebendas. Se han quedado sin autoridad moral para encarcelar a un delincuente común, debido principalmente a la corrupción que los desborda, y a su afán por excarcelar a terroristas, narcotraficantes, asesinos en serie y violadores.

Yo propongo desde aquí una medida que resultaría seguramente muy efectiva. La elaboración y aprobación de una Ley en virtud de la cual, todos aquellos españoles que superen la oposición para acceder a la carrera judicial, sean adscritos de inmediato y durante DOCE MESES, a una Comisaría de Policía o Cuartel de la Guardia Civil en las zonas más conflictivas de España. Comisión de servicio obligatoria durante un año, para que los futuros jueces viviesen en primera persona las intervenciones policiales con toda su crudeza y en tiempo real. Les puedo asegurar que tras esa dura pero enriquecedora experiencia, su riguroso y transcendente quehacer en el futuro, ante la responsabilidad de impartir justicia, sería sin ninguna duda menos muda, menos ciega y por supuesto menos sorda.

El asesinato de Francisco Javier Ortega, en cualquier país del mundo con conciencia nacional entre sus ciudadanos, no hubiese pasado desapercibido, sin embargo aquí, en España, algunos nos seguimos preguntando, ¿puede existir un español de honor cualquiera que sea su ideología que no proteste, contra este acto vandálico e incivil que solo sirve para calificar a los que respaldan a los terroristas y a los asesinos? Este joven policía no tenía derechos humanos y su familia tampoco. Así, en silencio, pasará a engrosar todavía más la lista de caídos en acto de servicio ¿Para que más derechos que ser envuelto en la bandera Nacional, ser llevado a hombros de sus compañeros y recibir cristiana sepultura? ¿Creen ustedes de verdad que se ha honrado como se merece a este joven policía español, cuando el ministro del Interior no se ha dignado a asistir a su funeral y si lo ha hecho a la manifestación de París tras la muerte de policías galos?

Esta es la Policía Nacional, la que se desangra y muere en silencio. La que al día siguiente vuelve a salir al servicio a dar si es preciso la vida porque España viva en paz, y para que el pueblo al que pertenece, del que procede y del que es parte integrante, siga viviendo tranquilo.

Mi más sentido pésame a los familiares de Francisco Javier Ortega y a todos sus compañeros. Descanse en paz.