Los dos partidos que conforman el bipartidismo en España, acaban de firmar un panfleto al que han llamado “acuerdo antiterrorista” a raíz de los atentados del fundamentalismo islámico en Paris. El atentado de Atocha no les produjo la suficiente repugnancia. Una vez más, el PSOE, supongo que como paladín de la izquierda española, ha dejado clara su postura respecto a la inclusión en el Código Penal de la cadena perpetua. Los socialistas, por boca de su secretario general, se oponen “firmemente” a esta propuesta del PP, y se comprometen a eliminarla del nuevo Código Penal -en tramitación parlamentaria-, en cuanto dispongan “de una mayoría suficiente”.

En ese sentido, lo que acaban de firmar, no menciona explícitamente la cadena perpetua o prisión permanente revisable, sino que señala que a los terroristas que causaran la muerte de una persona se les impondrá “la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal”. O sea, como siempre, continuará la percepción, por parte de los terroristas y de los asesinos, de que en España, quitarle la vida a un inocente resulta prácticamente gratuito. Y que conste, que no estamos hablando de la petición de la pena capital para delitos de terrorismo o asesinato como la contempla por ejemplo la legislación japonesa, sino más bien se trata de una medida (la cadena perpetua) que el pueblo viene pidiendo a gritos desde hace muchos años, cuando ve con indignación como los asesinos más sanguinarios son excarcelados, sin cumplir tan siquiera los treinta años de condena de la que nos habla nuestra legislación.

Al hilo de todo esto, tenemos que decir bien a las claras, que los partidos de izquierda en este país, principalmente el PSOE, nunca han estado ni están por la labor de hacer justicia ni de resarcir a las víctimas de un asesinato o de un acto terrorista condenando a los criminales a una pena proporcional al daño causado, no, siempre, y digo siempre, amparándose en ese cuento de ciertas “garantías procesales” que nunca suelen ser para las víctimas, se han posicionado del lado de los asesinos negándose a contemplar la cadena perpetua como medida justa y preventiva, encerrando a los criminales y tirando la llave, como está demandando el pueblo.

Doña Carmen TAGLE, fiscal asesinada por ETA el día 12 de Septiembre de 1989, hizo unas declaraciones poco antes de morir en las que afirmaba: “… de nada sirve que un asesino acumule mil años de cárcel porque no va a cumplir ni siquiera treinta, ya que va a entrar en juego la redención de penas por el trabajo, el buen comportamiento en prisión y otras ventajas que invalidan absolutamente no sólo el valor de una sentencia, sino la esencia misma de la justicia”. Estas declaraciones se oyeron pero no se escucharon, el PSOE con el apoyo de los nacionalistas, siguieron mirando para otro lado, y el señor Aznar, al servicio de los nacionalistas, continuó también la estela de Felipe González en este sentido.

Primero fue José Pardines Arcay, guardia civil de tráfico, quien cayó abatido por un etarra en una rutinaria intervención. Pero a mi no me importó, porque yo no era.

Después fue Melitón Manzanas, inspector de policía, a quien el autor esperó oculto en el portal de su domicilio disparándole por la espalda. Pero a mi no me importó, porque yo tampoco era.

Otro día fue un taxista, Fermín Monasterio, a quien mataron por “chivato”. Pero a mi no me importó, porque yo no soy “chivato”.

A renglón seguido asesinaron a Eloy García Cambra, policía municipal de Galdácano. Pero siguió sin importarme porque yo no soy policía local.

Volaron por los aires a don Luis Carrero Blanco presidente del Gobierno, junto a un templo de jesuitas. Pero a mi no me importó, porque yo nunca aspiré a llegar a tanto.

Luego se cargaron la “libertad de expresión” asesinando a un periodista, José María Portell Manso, director de la “Hoja del Lunes” de Bilbao y redactor jefe de la “Gaceta del Norte”. Pero como yo no soy periodista tampoco me importó.

Otro día le tocó el turno a un modesto trabajador de un taller mecánico, Dionisio Imaz Gorostiza, a quien acribillaron de cinco disparos a bocajarro. Pero siguió sin importarme porque yo no soy mecánico.

Un fatídico día de otoño, los ciudadanos gallegos José Humberto Fonz Escobedo, Jorge García Carneiro y Fernando Quiroga Veina eran secuestrados por la ETA tras ser confundidos con agentes de policía en San Juan de Luz (Francia). Posteriormente sus cadáveres son encontrados torturados y acribillados a balazos. Pero siguió sin importarme porque yo no soy gallego.

En los montes de Beasain cae abatido por disparos del etarra Apalategui Ayebre, el guardia civil Manuel Pérez Vázquez. En esta ocasión, yo tampoco fui la víctima.

En 1991 los terroristas vascos de la ETA asesinaron al niño Fabio Moreno de sólo dos años de edad hijo de un guardia civil. Su asesino, Francisco Javier Martínez Izaguirre, alias ‘Javi de Usánsolo’, fue condenado a 744 años de prisión como culpable del asesinato, pero el gobierno del Partido Popular lo ha excarcelado recientemente sin taparse la nariz. Y siguió sin importarme porque aquel inocente angelito, Fabio, no era mi hijo.

Olga Sangrador desapareció un 25 de junio de 1992 en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos. La policía dirigió sus pesquisas hacia Juan Manuel Valentín Tejero, un delincuente que en ese momento disfrutaba de un permiso penitenciario otorgado por el entonces juez de Vigilancia Penitenciaria, Ignacio Sánchez Yllera, pese a que cumplía condena por tres delitos de abusos deshonestos. Dos días después, Valentín Tejero confesó la autoría del rapto, violación y asesinato de Olga, de 9 años de edad, y cuyo cadáver, enterrado, fue localizado en un pinar de Tudela de Duero. Otro asesino excarcelado recientemente por el gobierno del Partido Popular. Pero en esta ocasión tampoco me importó, porque la víctima no era hija mía.

Mientras Sandra Palo Bermúdez se encontraba esperando el autobús, se detiene un coche en el que viajaban los cuatro ocupantes que más tarde serían acusados de su asesinato. Decidieron violar a Sandra fuera del vehículo, según ellos “para no manchar de semen”. Cuando terminaron, la víctima se incorporó con dificultades y trató de caminar para alejarse del vehículo pero los agresores decidieron que si la dejaban con vida podría identificarlos. La golpearon con un palo en la cabeza y quedó inconsciente. El principal acusado, apodado “El Rafita”, subió al vehículo y lo arrancó atropellando a Sandra hasta en siete ocasiones. La víctima agonizante permaneció en el suelo pero con vida, por lo que decidieron rociarla con gasolina y prenderle fuego para deshacerse de las pruebas. Y siguió sin importarme, porque Sandra no era hija de ningún juez, fiscal o diputado.

Mari Luz Cortés, una niña onubense de cinco años de edad, es asesinada el 13 de enero de 2008. Pero Mari Luz vivía muy lejos de mi pueblo, por lo que a mi tampoco me afectó.

La joven sevillana Marta del Castillo desapareció la noche del 24 de enero de 2009 y su cuerpo aún no ha sido hallado. El asesino de la joven, Miguel Carcaño, fue condenado a 20 años de cárcel por la Audiencia de Sevilla, pena que elevo el Tribunal Supremo hasta los 21 años y tres meses. Y siguió sin importarme, porque Marta era hija de una familia humilde.

Y con todo esto encima de la sucia e infecta mesa del sistema, el pueblo sigue votándoles y legitimando su gestión, para que sus señorías sigan defendiendo la “reinserción” de los criminales y de los violadores ¿Que reinserción, la de los asesinos de niñas inocentes? ¿La de los terroristas antiespañoles que se ciscan en la legislación vigente?

Como decía Berthold Brecht…: “Ahora me llevan a mí…Pero ya es tarde”.