Con su especial clarividencia, con su sobresaliente lucidez, Irene Calais me explica, me hace ver que estamos en una nueva etapa de la casta: la tiranía de los funcionarios. El caso sangrante de Raquel Calvo de la Fuente, que el lector ha ido siguiendo, lo ejemplifica.

Como me hace ver Irene Calais, con sabiduría probada, la última trampa del sistema, de la casta, es haber convertido todos los casos de corrupción en cuestiones de evasión fiscal. De esa manera, Iñaki Urdangarín y Cristina Borbón son evasores fiscales y no vulgares chorizos que se lo han llevado crudo del Presupuesto, sangrando al contribuyente; y Jordi Pujol es otro evasor fiscal y no un ladrón que utilizó la Generalitat al servicio de su famiglia; y el PP funcionaba en negro, cuando lo que hacía era utilizar el dinero de las comisiones y a Carlos Fabra le tocó siete veces el gordo… De esa manera, el sistema sitúa en el mismo nivel moral a un fontanero que ha tenido que dejar de ser autónomo para sobrevivir con Miguel Blesa y los de las tarjeta black (a D. Miguel hubo que pedirle perdón por hacerle ingresar en la cárcel y procesar al osado juez).

El sistema utiliza de esa manera los casos de corrupción para el amedrantamiento del ciudadano en aras de la expoliación fiscal que padece precisamente para pagar todos los agujeros de los latrocinios de los corruptos y el inmenso exceso de los funcionarios. Porque aquí no tenemos funcionarios, tenemos una plaga de enchufados y colocados por los partidos, en cuatro niveles administrativos. Aunque no existen cifras oficiales, superan los 3.400.000 de “funcionarios”, que son el doble de los que hay en Alemania, en la que, por cierto, hay el doble de población y mucha más riqueza.

Ese inflado funcionariado condiciona por completo la vida política nacional, de forma que el problema de España es esa opresión del sector estatal sobre un sector privado, que ya no soporta el peso de tanta mano muerta y de tanto terrorismo fiscal, pues en España no hay fiscalidad, en el sentido de justicia y de equidad, cuando todos los que acumulan la riqueza la tienen a buen recaudo en esos paraísos fiscales de las SICAV; sino que se ejerce inmisericorde ese auténtico terrorismo fiscal, como lo ha definido Guillermo Rocafort, exclusivamente sobre las clases medias. Y la gran cuestión política y de supervivencia es vertebrar ese sector privado para que sea capaz de rebelarse, puesto que con esos niveles de funcionariado la sociedad española es simplemente inviable y está abocada a profundizar en la ruina y la miseria. Ese condicionamiento de la vida nacional es tan completo que todos los partidos extraen sus cuadros del funcionariado y plantean sus propuestas para funcionarios y con mentalidad de funcionarios, desde la falacia de que el Estado y los burócratas son capaces de resolver todos los problemas humanos, cuando no hacen más que agravarlos y complicarlos y crear otros nuevos.

Por eso todo el mal de nuestra sociedad, de nuestra España se resume en Raquel Calvo de la Fuente, en el parasitismo burocrático, en la expoliación irrestricta. Tiranía de los funcionarios porque en la medida y la intensidad que los políticos se han desacreditado por mor de la corrupción, los funcionarios, estos funcionarios que son su emanación, que han sido colocados por ellos con oposiciones amañadas o puestos directamente a dedo, han tomado el relevo enfundados en la moral del verdugo, falsamente asépticas, administrando unas leyes injustas aprobadas por políticos venales. El impuesto de sucesiones en la Comunidad Valenciana ha sido recuperado para pagar las corrupciones de los peperos, que han convertido al PP en un gran paraíso fiscal. Es el mundo del revés: dos exconsellers son acusados de haber usado dos millones de dinero negro en campañas electorales de 2007 y 2008: no cumplen las leyes que imponen a los otros. Es el sumum de la hipocresía al servicio del latrocinio.

De nuevo ahí esa trampa de la evasión fiscal: esos dos millones no es que no se hayan declarado, es que han sido robados. Lo verdaderamente importante es la corrupción. Se trata, pues, de un principio de legalidad perverso que sólo se usa contra los ciudadanos indefensos. La cuestión es armar a esos ciudadanos, de modo que se produzca una desamortización de la Administración, con la expulsión de los falsos funcionarios, centenares de miles, quizás más de dos millones, pues de los 3.400.000, sólo 800.000 tienen oposición, y no pocas de esas oposiciones deben ser repetidas. España, los españoles no necesitan más Agencia Tributaria, sino menos y sin doble moral, y muchos menos políticos y muchos menos funcionarios y muchos menos impuestos. En suma, para salir adelante, España precisa echar a la calle a Raquel Calvo de la Fuente y a todas las raquelarres.