La ley de la Memoria Histórica, más técnicamente, la Ley 52/2007, constituye un producto depurado y efectivo; en absoluto improvisado, y por supuesto, técnicamente definido, terminado y práctico. Los legisladores han sabido orientar sus efectos y, en mi opinión, han tenido un especial cuidado para su aplicación, camuflando en su título la efectividad perseguida. La Ley de la Memoria Histórica ha sido un arma letal contra una parte de la Historia de España, cuyos efectos, a nivel social, han provocado la desunión de los españoles, el enfrentamiento, la venganza y ese poso de amargura que deja la hostilidad desatada. Ha generado secuelas de rencor y de represalia y las ha llevado hasta los rincones más íntimos de las familias españolas, haciéndoles retroceder en el tiempo para revivir escenas que sólo estaban en el recuerdo, cuando la gran preocupación de las familias españolas era, precisamente, afrontar el futuro ya difícil ante una crisis económica que alcanza también a otros aspectos de la vida cotidiana.

Desde su promulgación, la Ley se ha convertido en un ariete que arremete contra la convivencia de los españoles, pero sobre todo, en un ariete que lanza ataques implacables contra una gran mayoría de españoles. La gran mayoría de españoles no vive pendiente de estos recursos políticos que instrumentalizan acciones para activar la envidia, el resentimiento, la venganza, la hostilidad y la afrenta. Porque la gran mayoría de españoles desean hoy, ideológicamente hablando, una España de orden, respetada, capaz de regenerar el empleo, de mirar al frente buscando la calidad de vida perdida desde que el régimen partitocrático se apoderó del dinero y de los actos de los españoles. Y así lo demostró hace cuatro años, cuando acudió a las urnas dispuesta a sacar al nefasto José Luis Rodríguez Zapatero a empujones, y a otorgar a Mariano Rajoy Brey el poder máximo de las urnas, que Mariano Rajoy no  ha sabido o no ha querido interpretar.

La culpabilidad del Partido Popular, que dirige y manda Rajoy Brey, tendrá su castigo en las urnas como lo tuvo el de su antecesor, y en la memoria de los españoles quedarán grabadas las imágenes de la impotencia para llevar adelante unas reformas capaces de, además de mejorar la economía, mejorar la convivencia social y política de una España echada en manos de los demagogos y de los piratas del voto.

Imponer la Historia de los pueblos a base de decretos y leyes es un signo totalitario que define a los promotores políticos de la citada Ley de la Memoria Histórica y a sus defensores; La Ley es aplicable sólo a uno de los dos bandos de la Guerra Civil, traicionando su propio enunciado y obviando hechos y personajes del  bando perdedor. La Ley no viene a resolver las injusticias que, inevitablemente, ocurren siempre en los conflictos armados, en las que personajes inocentes son objeto de la violencia y el abuso de los que no tienen humanidad.

El enfrentamiento armado de 1936-1939 no fue, como simplistamente defienden ahora los herederos ideológicos de los perdedores, una lucha entre fascistas y demócratas, sino entre un frente de izquierdas entregado al desorden social y anárquico que sus responsables se vieron incapaces de contener, frente a los que buscaban la más básica preservación de la integridad nacional y de la cultura cristiana.

La relación de unas de doscientas cincuenta calles, que el nuevo Ayuntamiento de Madrid, dirigido por la señora Carmena con el apoyo del desaparecido figurín socialista, Antonio Carmona, es la señal de la aplicación inclemente de dicha Ley, cuyos efectos parecen superar en eficacia al nefasto Presidente Rodríguez Zapatero, pero la culpabilidad y la responsabilidad del Partido Popular por no haberla derogado a su llegada al poder pone de manifiesto que, como en los prolegómenos de 1936, mientras que un bando golpea, el otro encaja impotente el golpe. Si esto es construir una convivencia es evidente que entre los de un bando y los de otro hay notables diferencias de concepto sobre lo que es una sociedad y lo que es una convivencia.