La entrada en recesión de la economía española ha implementado el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar del mundo occidental, derivando posteriormente en un shock traumático al constatarse el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo y posterior desahucio, inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales, no siendo descartable el finiquito del llamado “Estado Asistencial” en el horizonte de la próxima década.

Instauración del copago sanitario total

El finiquito a la prescripción por principio activo en todo el Sistema Nacional de Salud, reflejado en el primer aumento tras 30 años del porcentaje que tendrán que pagar los beneficiarios de la Seguridad Social que en el caso de los jubilados con pensiones contributivas significará pagar pagar un 10% de los medicamentos, supone la desaparición de otro de los tabúes de la economía española. Así, según el “Informe Económico de junio 2012” elaborado por el Centro de Estudios de Negocios Esade,  de cada 100 euros que gastan las administraciones públicas, 52,6 euros son transferencias al sector privado, básicamente para pagar pensiones, prestaciones por desempleo y servicios sociales, no siendo descartable la instalación del copago sanitario total en el horizonte del 2018.

Recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido a los países europeos que ”los recortes económicos amenazan con crear una emergencia sanitaria que, si no se ataja, tendrá graves consecuencias económicas, sociales y de salud en las próximas generaciones, por lo que España, que tiene el índice de desempleo juvenil más alto de Europa (52 %), debería adoptar medidas urgentes para evitar lacras futuras”. Sin embargo, los Presupuestos para Salud del Gobierno central y las Autonomías han experimentado una caída del 11 % desde el 2010, lo que se ha traducido en un recorte de 6.700 millones euros en inversiones (150 euros menos por habitante) y que tendría su plasmación en la política de privatización de hospitales y servicios públicos, en la supresión de numerosos consultorios y servicios de guardia médica en zonas rurales que deberán desplazarse hasta los núcleos urbanos más cercanos para recibir asistencia sanitaria y en la aparición de enfermedades emergentes como la malaria o el paludismo que afectan especialmente a la población inmigrante y que en varias de las Comunidades autónomas carecen del derecho a la sanidad universal y gratuita.

¿Colapso del Sistema de Pensiones?

Según señala Joel Kotkin en la revista Forbes, durante décadas, los países del Norte (Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Finlandia y Reino Unido), han compensado las muy bajas tasas de fecundidad y la disminución de la demanda interna con la llegada de inmigrantes y la creación de economías de orientación exportadora altamente productivas y por el contrario, los países periféricos europeos no han desarrollado unas fuertes economías que compensen su desvanecimiento demográfico al basar su economía en la llamada “dieta mediterránea”, cuyos ingredientes principales eran el “boom” urbanístico, el turismo y el consumo interno, que creaba excelentes platos minimalistas, de apariencia altamente sugestiva y precio desorbitado pero vacíos de contenido culinario y con fecha de caducidad impresa (2008), provocado por el estallido de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento del castillo de naipes económicos de los países PIIGS (despectiva abreviatura anglosajona que englobaría a España, Portugal, Italia, Irlanda, y Grecia) y por mimetismo de Chipre, Malta y Eslovenia.

Además, la crisis de deuda pública que sufre España ha convertido la hucha de las pensiones en un fondo de inversión de alto riesgo, por lo que es urgente culminar antes del 2015 el proceso de separación de fuentes dado que el sistema está en números rojos y carece ya de recursos suficientes para sufragar las prestaciones asistenciales (pensiones no contributivas) que perciben numerosos jubilados pese a no contar con el mínimo de años cotizados que exige la ley para tener derecho a una pensión.

Así, según el profesor del Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de València, Enrique Devesa,el sistema actual “presenta falta de sostenibilidad porque la Seguridad Social ofrece una rentabilidad promedio a todos los cotizantes de casi un 4,5%, lo que significa que las pensiones son elevadas respecto a las cotizaciones que se efectúan al sistema” y por su parte José Ramón Urrutia declara que “muchos menos cotizantes con salarios más bajos, hacen que los ingresos vayan cayendo y los gastos en pensiones subiendo más del 4% por los nuevos jubilados provocará que el déficit de la Seguridad Social en el 2015 ronde los 10.000 millones de euros”.

La OCDE recomendó “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos” en un estudio dedicado a analizar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años, pero a pesar de ello y según el Instituto Nacional de Estadística (tomando como fuente Eurostat), el peso sobre el PIB del gasto total en pensiones se ha mantenido estable entre 1990 y 2007, pasando de un 9,1% a un 9%, con un pico del 10,3% en 1996.
Por otra parte la pensión pública en España equivale al 81,2 % del último salario percibido frente al 42,2 % de media de la OCDE, lo que explicaría el desinterés de los españoles por invertir en Fondos de Pensiones (el 8,2 % del PIB frente al 30, 7% de media en la UE), por lo que desde las esferas del Gobierno se intentará convencer a la ciudadanía que para garantizar el nivel de vida de los futuros pensionista se deberá complementar “el sistema de reparto”, fomentando el SPP (Sistema Privado de Pensiones) según las posibilidades de cada ciudadano, lo que permitiría que cada trabajador se asegurara la pensión deseada en el momento de su jubilación.

Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a medida que la generación del “baby-boom” comience a fallecer, dibujándose un escenario insostenible para el 2021 en que la “tasa de dependencia” según el INE, crecerá en un 57%, (lo que supone que habrá seis personas inactivas ya sea jubilados, parados o estudiantes por cada persona activa), lo que hará inevitable el agotamiento de los fondos de la llamada “hucha de las pensiones” (estimados en la actualidad en poco más de 41.000 millones €), de lo que se deduce la necesidad urgente de un nuevo Pacto de Toledo consensuado entre Gobierno, Oposición, Patronal y Sindicatos para consensuar los mínimos asistenciales, las fuentes de financiación y el calendario de aplicación de dicho pacto con el objetivo inequívoco de evitar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte del 2021.