El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha procesado a 45 personas, entre ellas el superintendente del Cuerpo de la Policía Local hispalense, Juan José García, por la presunta filtración de los contenidos de los exámenes en las dos convocatorias de empleo público promovidas en el año 2012 por el Ayuntamiento para cubrir puestos de la Policía Local.

En un auto fechado el 28 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan Jesús García Vélez procesa a los imputados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho, y da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.

El juez relata que fue el 1 de abril de 2011 cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria de selección de aspirantes para cubrir 47 vacantes existentes en el Cuerpo de Policía Local, tras lo que el desarrollo de dicha convocatoria se llevó a cabo “de forma casi paralela” con la convocatoria realizada en BOP de 11 de septiembre de 2008 de proceso de selección de aspirantes para cubrir 56 vacantes en el mismo Cuerpo.

Por lo que respecta al proceso selectivo de 47 plazas, el juez señala que el Tribunal estaba formado por el superintendente, como presidente, y tres vocales que son agentes también del Cuerpo, mientras que como suplentes figuraban otros dos agentes y como secretario había sido designado Luis Enrique Flores, que por su función como secretario general del Ayuntamiento delegó sus funciones en un funcionario municipal.

El juez explica que, a dicho proceso selectivo, “se presentaban ciertos aspirantes a los que, sin tomar en consideración su mérito o capacidad, y sin perjuicio de que se pudiera llegar a dictar una resolución injusta, determinados miembros del Tribunal tenían intención de favorecer”, poniendo como ejemplo que el superintendente era en esas fechas compañero sentimental de la hermana de un opositor y tío de otro aspirante.

Este último imputado, “pese a constarle estos vínculos con opositores, no se abstuvo de participar en dicha oposición, ni puso en conocimiento de la autoridad que lo designó la existencia de los mismos”, pone de manifiesto el juez, que también cita el caso de Manuel Bustelo, presidente del SPPME-A y padre de uno de los opositores a este proceso de selección.

Al hilo, dice que uno de los imputados, “como afiliado de aquel sindicato, a fecha de la celebración del proceso selectivo era miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, y había compartido muchos años de labores sindicales con el padre del opositor citado”, que además “era su superior jerárquico en el sindicato”, no obstante lo cual “no se abstuvo de participar en el proceso selectivo”.

“FILTRACIÓN SELECTIVA”

Agrega el juez que un total de 19 aspirantes “obtuvieron de los miembros del Tribunal la filtración de la plantilla de corrección del examen caso práctico, con anterioridad a su celebración el 2 de junio de 2012”, una “filtración” que fue realizada “de forma intencionada y con ánimo de favorecimiento” por el superintendente y otros cuatro miembros del Tribunal.

Para ello, los imputados “incumplieron las bases de la convocatoria, que exigían que el examen caso práctico y la plantilla de corrección de este fueran elaborados el mismo día de la prueba, ya que realizaron dichos documentos días antes de la fecha señalada, lo que les permitió la filtración selectiva”.

“Sin perjuicio de ello, después de verificarse esta filtración”, un imputado y miembro del Tribunal “procedió a elaborar una adición que complementaba la plantilla en algunas de las respuestas que en la primera versión se incluían”, dice el juez, que agrega que, “con idéntica finalidad favorecedora de determinados opositores, los miembros del Tribunal acordaron que el examen de caso práctico no se leería públicamente por los opositores, sino que se haría la corrección a puerta cerrada por el propio Tribunal”.

“ERRATAS E INCORRECCIONES”

El juez pone de manifiesto que, en los exámenes de caso práctico de los opositores beneficiados por la entrega previa del examen y la plantilla de corrección, “se comprobó la existencia de erratas e incorrecciones que solo aparecían en la plantilla filtrada”.

Tras la realización de las pruebas, en fecha 12 de junio de 2012, el superintendente y otros miembros del Tribunal “firmaron el acta final, manifiestamente injusta, que daba por superada la prueba y declaraba aptos a los opositores antes enumerados”, indica el juez, señalando que entre los opositores beneficiados por la “filtración” figura el hijo del delegado y responsable de ventas de una empresa “que ha resultado beneficiaria de la adjudicación de diversos contratos para el suministro de vestuario” para la Policía Local de Sevilla de 2007 a 2013.

Por lo que respecta al proceso selectivo de 56 plazas, el Tribunal estuvo conformado por el superintendente, tres vocales, un suplente y, actuando como secretario, un funcionario del Ayuntamiento, destacando que “se introdujo una variación en el orden de las pruebas y se incluyó entre los miembros del Tribunal a personal funcionario no vinculado a la Policía Local”, en concreto dos funcionarias de la Junta a cuya instancia “se decidió que el caso práctico se leyera por cada opositor en audiencia pública y no a puerta cerrada como en la primera oposición”.

“ACTUACIÓN DELICTIVA”

El juez asevera que el superintendente y otro miembro del Tribunal “tenían intención expresa de favorecer en este proceso selectivo a determinados opositores, sin consideración alguna a los requisitos de mérito y capacidad, y aún cuando la resolución a adoptar para ello fuera injusta”.

Según el instructor, “la actuación delictiva de los imputados se centró en el tercer ejercicio de la oposición”, respecto de los que estos dos imputados “hicieron una filtración de determinadas preguntas y su corrección del cuestionario tipo test, así como del supuesto práctico y su plantilla de corrección”.

En lo que respecta a la revelación de preguntas y su corrección del examen tipo test, que ascendían a 80, resultaron beneficiados 16 opositores, quienes, “habiendo tenido acceso exclusivamente a las 80 preguntas” tipo test, “fallaron de forma contundente” en las 20 preguntas elaboradas por las vocales funcionarias de la Junta de Andalucía.

“INJUSTICIA”

El superintendente y otros tres miembros del tribunal, pese a “conocer la realidad de la filtración efectuada, aprobaron y firmaron el acta del resultado de la prueba tipo test, que daba por superada la misma, entre otros, por los opositores beneficiarios de la filtración de las 80 preguntas”, sostiene el juez, que agrega que los imputados “eran conocedores de la injusticia de aquella resolución”, pero no así las dos vocales funcionarias de la Junta.

Además, los miembros del Tribunal “decidieron encargar” al presidente y a un vocal la elaboración del enunciado del caso práctico, por su condición de policías locales, elaborando así el citado caso y su plantilla de corrección, la cual “fue entregada de una forma selectiva” a un total de 19 opositores.

Según el juez, “se ha comprobado que en la redacción de la plantilla de corrección, los imputados habían incurrido en errores e imprecisiones” que fueron reflejados por los opositores “que habían resultado beneficiados de la filtración”.

Habiéndose procedido a partir del 4 de julio de 2012 a la lectura y defensa pública del examen de caso práctico, tanto el superintendente como tres miembros del tribunal “suscribieron el acta, que declaraba que habían superado la prueba y eran aptos opositores beneficiados por la filtración de la plantilla”, finaliza el juez.