Ministro del Interior

La corrupción vuelve a salpicar a un organismo del Gobierno. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha despedido de forma fulminante a tres funcionarios por filtrar presuntamente información privilegiada sobre el concurso para la adjudicación del recuento de los votos en las elecciones generales del próximo mes de diciembre, un contrato que asciende a 9 millones de euros.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso, Interior ha abierto una investigación interna tras detectar que una de las empresas que pretendía concurrir al proceso habría tenido acceso a los pliegos de condiciones antes de que fueran públicos y que incluso había logrado que se modificaran algunas exigencias para obtener una ventaja con respecto a sus competidores.

La investigación está siendo realizada por policías nacionales y guardias civiles encuadrados en la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio. Las indagaciones aún no se han cerrado pero Interior ha decidido prescindir inmediatamante de los tres funcionarios presuntamente implicados en el escándalo.

Responsables de los pliegos

La mayor carga de acusación recae sobre L.F.P.G., un funcionario que ejercía como vocal asesor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales del Ministerior y sobre el que recaía la responsabilidad de confeccionar los pliegos para la adjudicación de los procesos tecnológicos necesarios para la correcta gestión de los datos electorales.

Todo se está preparando para las próximas elecciones

Según ha podido saber este diario, el funcionario tendría un vínculo familiar de primer grado con la empresa de servicios tecnológicos Base 100, que habría recibido información privilegiada sobre el concurso para el recuento de las generales y lo habría puesto a su vez a disposición de la multinacional francesa Atos para tratar de concurrir conjuntamente al proceso.

El segundo funcionario cesado por su presunta implicación en el caso es P.C.S., subdirector general de Política Interior y Procesos Electorales y superior directo del funcionario que habría filtrado la información y manipulado los pliegos. Interior lo ha revelado de su cargo por negligencia en sus funciones, al considerar que debería haber detectado el amaño.

Por último, la cartera que dirige Fernández Díaz también ha prescindido por pérdida de confianza de un tercer funcionario que tampoco detectó la alteración de los pliegos a pesar de que era el responsable de supervisarlos. Se trata de J.G.C., subdirector general de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Subsecretaría del Interior del Ministerio.

Las alarmas saltaron el pasado mes de mayo tras detectar que se había producido una fuga de información del Ministerio y que Base 100, la empresa que pretendía presentarse con Atos al concurso y que estaría en el epicentro de la trama, carecía de los recursos y la experiencia necesaria para afrontar un encargo de esa magnitud. Según las fuentes consultadas, apenas cuenta con 25 empleados y factura 1,7 millones de euros al año. Con todo, Base 100 ha trabajado con anterioridad para Presidencia del Gobierno, la Dirección General de Tráfico, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia y la Generalitat de Catalunya, entre otras instituciones.

Nuevo concurso limpio

La detección del fraude y la apertura de la investigación interna provocó un retraso en la adjudicación del recuento electoral. Tras la destitución de los funcionarios, los responsables del Ministerio redactaron de nuevos los pliegos y pusieron otra vez en marcha el proceso. Los finalistas del concurso han sido Scytl y Tecnocom, que unieron sus fuerzas en una joint venture, e Indra,  la multinacional participada por el propio Estado que desde hacía más de treinta años siempre se ha encargado de gestionar el escrutinio de los votos.

Indra

Tal y como adelantó este medio en exclusiva el pasado 4 de septiembre, tras abrirse las plicas del concurso, la oferta ganadora fue la de Scytl, empresa creada por varios empresarios catalanes y participada por fondos de capital riesgo, y Tecnocom, compañía controlada por Lalo Azcona, uno de los directivos del mundo de la comunicación con más influencia.

Indra, que desde tiempos inmemoriables había sido siempre la ganadora de la licitación, se quedó muy tocada y presentó una reclamación ante el Ministerio al considerar que su competidor no tenía los medios técnicos suficientes para hacer el escrutinio de los comicios. Las dos partes están a la espera de la resolución del Gobierno para conocer la adjudicación final, la cual está prevista para los próximos días. En cualquier caso, las mismas fuentes precisan que el ganador final del nuevo concurso no tiene ninguna relación ni con Base 100 ni con Atos.