Los examinadores de Tráfico se han hartado de sufrir agresiones e irán a la huelga. Denuncian que los ataques a este colectivo se han multiplicado de forma alarmante en los últimos años. Los afectados argumentan que todo esto se debe a la exigencia de explicar a los candidatos suspendidos, los motivos de esa decisión.

Se equivocan. Como veremos más adelante, en España y de un tiempo a esta parte, las agresiones son algo muy cotidiano. Nadie teme ser condenado por estos hechos. Sus autores, se creen con “patente de corso” y pasan por encima de cualquiera; están convencidos de que “aprobar el examen” para obtener el permiso de conducción, es un derecho adquirido al margen de la calificación obtenida; como también lo es orinar en la vía pública, quemar contenedores de basura o romper el mobiliario urbano. No sienten respeto por nada ni por nadie y, lo que es peor, no temen ser llevados ante el juez.

La solución no pasa porque el examinador deje de comunicar al candidato los motivos por los que no ha resultado “apto”. Esa medida quizá evitaría que la agresión pudiera producirse durante la entrevista, pero no resolvería el problema. La agresividad, la descargarían de cualquier otro modo.

Este estado de violencia pública tan generalizado, no surge en nuestro país de la noche a la mañana, tiene unos directos responsables, y esos responsables no son otros, que los artífices del sistema constitucional de 1978. De sobra saben ellos lo que han sembrado desde entonces, y de su incapacidad para buscar soluciones ante lo que no tiene solución. Insisto, el problema está en el sistema; o cambiamos el sistema, o el índice de criminalidad en nuestro país seguirá en aumento y ya no habrá quien lo pare.

¿Acaso no se están denunciando a diario las agresiones que sufren médicos y enfermeras en ambulatorios y hospitales en cualquier parte de España?

¿Acaso no sufren acoso y agresiones en los centros educativos, niños y jóvenes que, por poner un ejemplo, padecen obesidad o utilizan gafas graduadas?

¿Acaso no existen jovenes que sufren agresiones en algunas comunidades autónomas, por el hecho de querer estudiar, hablar y formarse en español?

¿Acaso no están sufriendo agresiones monjas y sacerdotes en la vía pública y a plena luz del día, como también en lugares de culto?

¿Acaso no sufren agresiones los interventores de RENFE o del Metro, y los conductores de la EMT, cuando cumpliendo con su deber recriminan al usuario un comportamiento reprobable?

¿Acaso no son agredidos diariamente los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local al comunicar las denuncias a los conductores en el transcurso del servicio?

¿Acaso no son agredidos también los profesores y educadores en los centros de enseñanza, por alumnos o los padres de éstos, incluso con resultado de muerte?

¿Acaso no sufren agresiones los árbitros de fútbol, incluso por parte de los padres de los jugadores en el transcurso de los encuentros?

¿Acaso no se agrede en cualquier edificio de cualquier ciudad, a los vecinos que se quejan de los escándalos nocturnos o de cualquier conducta reprobable que perjudique a la comunidad?

¿Acaso no son agredidos los humildes y desamparados agricultores españoles en sus campos de cultivo, por delincuentes multirreincidentes para los que la vida del prójimo no tiene ningún valor?

¿Acaso no sufren diariamente agresiones las víctimas del terrorismo sin que nadie pare los pies a tanto canalla nauseabundo?

¿Acaso el juez Pedraz, no ha tenido el cuajo de exigir un certificado a Daniel Portero (Dignidad y Justicia) para que demuestre que es víctima del terrorismo tras denunciar a Guillermo Zapata, mientras el activista de extrema izquierda instalado en el Ayuntamiento de Madrid es tratado entre algodones por Su Señoría, después de cachondearse del “holocausto judío”, y burlarse públicamente de Irene Villa, de Marta del Castillo y de nuestras tres niñas de Alcasser?

¿A quién le puede extrañar por tanto, los ataques y las agresiones que tienen lugar en cualquier punto del país, si los agresores, aparte de delinquir con total impunidad en la España de la injusticia y la corrupción política, cuentan con jueces como Pedraz?

En la “democracia del crimen”, del botellón y de la droga, se difama, se ofende, se amenaza y se agrede con total impunidad. Estos hechos son subestimados, no solo por “la casta” y por la Justicia, sino por la propia sociedad. Por lo tanto, las agresiones a examinadores de Tráfico serán consideradas relevantes únicamente por las víctimas, pero para una masa amorfa, que solo se alimenta del “Soylent Green” que suministra el poder mediático, esas agresiones serán hechos insignificantes, tan insignificantes, como las que sufren las víctimas del terrorismo, los maestros, los pacíficos ciudadanos, los sacerdotes, los policías, los árbitros de fútbol, los interventores, los médicos o los agricultores.

Un país, un sistema político y una sociedad, donde la corrupción está institucionalizada; donde los personajes más corruptos siguen paseando tranquilamente por la calle; donde se puede evitar la cárcel depositando una fianza; donde la excarcelación de terroristas y violadores no solo ha contribuido al descrédito de la Justicia, sino que ha ido creando un clima de odio, resentimiento e impunidad; donde en los hogares, cada vez con más frecuencia los hijos son capaces de asesinar a sus progenitores, y donde los suicidios arrojan cifras que ponen escalofríos en el alma, es una sociedad enferma que sufre una agresividad patológica que no encuentra, en el sistema político que la rige, el antídoto necesario para su curación.