A comienzos del 2.013 comenzó su singladura el llamado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) con el objetivo de “relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre EEUU y la Unión Europea” y que podría atracar en puerto en el 2.016 tras culminar recientemente la UE y EEUU la últimas ronda de conversaciones. Las relaciones comerciales EEUU-UE han estado salpicadas por frecuentes contenciosos que han terminando con el arbitrio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), “un escenario político que permite salidas negociadas sin llegar a un proceso contencioso de solución de diferencias” en palabras de Jorge Argüello. Así, tanto EEUU como la UE serían en teoría economías defensoras del libre comercio, pero de facto están estigmatizadas por endémicas medidas proteccionistas agrícolas (PAC y Farm Bill) que “perpetúan un sistema de comercio multilateral desequilibrado y que constituyen una prueba más del doble estándar existente entre países desarrollados y en desarrollo en materia de comercio internacional” según Argüello.

Tanto la PAC como las Farm Bill surgieron con el propósito de lograr que los ingresos de los agricultores y ganaderos se mantuvieran en un nivel similar al de las poblaciones urbanas, pero progresivamente se fueron transformando en una herramienta de los gobiernos para desarrollar sus programas ideológicos y contentar a los lobbies de presión ( la UE destina anualmente cerca de 50.000 millones de € (47 % de su presupuesto) para subsidiar la agricultura y en EEUU, la Ley Agrícola “Farm Bill” 2008-2013”, nació con una dotación de 300.000 millones de dólares).

La cronología de los desencuentros comerciales EEUU-UE empieza en el año 2000 cuando la UE estableció una moratoria de facto sobre la aprobación de nuevas variedades de plantas obtenidas mediante ingeniería genética (OMG), decisión que fue recurrida por EEUU en el 2005 ante la OMC. Asimismo, en el 2005, asistimos a la disputa entre ambos Estados por sus respectivas ayudas públicas a a los fabricantes de aviones Airbus y Boeing, (inmersos en una lucha enconada por encaramarse al primer puesto de la construcción aeronáutica) y en el 2008, la OMC estimó que la Unión Europea (UE) violaba las normas comerciales con su régimen de importación de plátanos y en particular lesionaba los intereses estadounidenses.

Sin embargo, la disputa originada en 1988 por el veto comunitario a la carne con hormonas ha sido uno de los principales contenciosos comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos-Candá. En consecuencia, siguiendo el principio “acción-reacción”, EEUU y Canadá llevaron el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1966 obteniendo el fallo favorable, lo que dio lugar a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y Canadá a una lista de productos europeos(carne de vacuno y porcino, el jamón, el queso, las cebollas, las trufas o los zumos). Finalmente, en el 2012, los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron cambios en la legislación que regula la importación de carne de vacuno de Estados Unidos y Canadá, permitiendo el aumento de las importaciones de carne de vacuno sin hormonas desde dichos países,(aunque la procedente de animales criados con hormonas seguirá vetada en el mercado europeo) y tanto EEUU como Canadá, eliminaron las sanciones a los productos comunitarios, con lo que se puso fin al más largo litigio comercial entre la UEE y EEUU-Canadá.

Recientemente, la UE y Canadá han logrado tras cuatro años de negociaciones un tratado de libre comercio para eliminar el mayor número de aranceles y obstáculos normativos para la compra de bienes y servicios y su entrada en vigor significará, según los datos de la Comisión Europea, un aumento del 23% del comercio que significará 12.000 millones anuales de más para la UE, acuerdo que sería tan sólo la antesala del faraónico proyecto de ingeniería comercial todavía embrionario, el Tratado Comercial Transatlántico (TTIP en inglés), pues EEUU y la UE representan casi el 50% del PIB mundial y el 40% del poder adquisitivo del mundo y caso de concretarse su aplicación, asistiríamos a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo con 800 millones de habitantes, aunque en la actualidad la balanza de pagos sería favorable a la UE con un excedente comercial de 86.000 millones de euros.

Según según el instituto alemán IFO, dicho Tratado supondría unos beneficios de 119.000 millones de euros para la UE y de 95.000 millones de euros para EEUU así como un incremento estimado del 0,75 % del PIB europeo y la generación de 400.000 nuevos empleos en Europa Sin embargo, aunque todos los países apoyan políticamente unas negociaciones que deberían finalizar para el 2016 y que en teoría tan sólo implican la eliminación de aranceles, la normativa innecesaria y las barreras burocráticas, en la práctica estarían plagada de escollos, como la normativa alimentaria y fitosanitaria. Así, entre los principales escollos para conseguir un acuerdo satisfactorio para las dos partes, estaría la normativa de la UE que prohíbe la utilización de hormonas y limita las autorizaciones de organismos genéticamente modificados (OMG) amén de las reglas de trazabilidad y etiquetado, las tarifas agrícolas y las denominaciones de origen en el sector agroalimentario.

A ello se sumaría el sector financiero ( la FED ha pedido expresamente que no se incluya dicho sector en la ronda de negociaciones), el gas natural ( la UE quiere eliminar todo tipo de restricciones a su libre exportación) y finalmente el escollo del ‘Buy American Act’ , barrera proteccionista impuesta en 1933 en EEUU que blinda “de facto” los mercados públicos estadounidenses a los inversores extranjeros para las contrataciones públicas (se estima que los mercados de EE.UU. únicamente están abiertos en un 32%, mientras que en Europa lo están en un 85%). Sin embargo, en la letra pequeña de dicho Tratado aparece la introducción de la claúsula ISDS de resolución de conflictos entre Inversor y Estado en los acuerdos, cláusula que limita seriamente la capacidad de los Estados para luchar contra la crisis financiera y económica (las multinacionales estadounidenses podrían utilizar el ISDS para desafiar las regulaciones de la UE destinadas a proteger al público y al medio ambiente y demandar a los gobiernos europeos y así maximizar sus beneficios) así como del llamado Consejo de Cooperación Regulatoria, lo que supondría según Sol Sánchez, coordinadora general de ATTAC España que “estos tratados estarían para siempre en crecimiento y no sólo se interpondrían con las leyes futuras sino que además podrían reformar las ya existentes en los Estados firmantes, en suma, un verdadero gobierno directo de las Corporaciones”.

La Eurocámara no puede negociar ni incorporar enmiendas al tratado pero habría elaborado su propia opinión, reflejada en el Informe Lange que habría sido aprobado por liberales,socialistas y populares tras pactar una enmienda que dice que el arbitraje incluido en el TTIP será un sistema “no discriminatorio” con las empresas locales o extranjeras del que formen parte “jueces independientes” y que “no anteponga los intereses privados a los públicos”, además de incorporar otra resolución para mantener los niveles de protección existentes para los trabajadores europeos basada en una resolución que obliga a Estados Unidos a respetar los estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque según Lola Sánchez, de Podemos “el compromiso nace muerto, porque el vicesecretario de Estado de Comercio de EEUU ya ha dicho que no aprobará un TTIP sin ISDS”.

Francia y Alemania ya expresaron serias reservas a la Comisión ante algunos precedentes en los que las multinacionales han impuesto sus criterios frente a los legisladores gracias a estos sistemas de resolución de conflicto inversor-Estado (en inglés, ISDS) y dado que el euro-Parlamento tiene potestad para tumbar todo el TTIP una vez hayan concluido las negociaciones, no sería descartable el rechazo de la mayoría europarlamentaria a la aprobación de dicho Tratado debido a una tardía reafirmación de la soberanía europeísta por parte franco-alemana coadyuvada por los efectos colaterales de la imposición de sanciones a Rusia

Y en este contexto, habría que situar la implosión del “affaire Volkswagen”. Así, la Agencia estadounidense de Protección Medioambiental y el Estado de California acusaron a la compañía alemana de “manipular un software para enmascarar las emisiones de sus motores diésel producidos entre 2009 y 2015”, acusación admitida por el grupo alemán que estima en unos 11 millones el número de vehículos vendidos en todo el mundo con el software manipulado al tiempo que anuncia que destinará unas provisiones de 6.500 millones de euros en el tercer trimestre de 2015 tras caer el 30% su valor bursátil, lo que aunado con la multa impuesta por EEUU (estimada en unos 16.000 millones de eurosw), provocará que el grupo Volkswagen obtenga resultados negativos en el presente ejercicio económico. Asimismo, quedará lastrada por el estigma de la desconfianza lo que tendrá como efectos colaterales una drástica reducción de sus ventas y una peligrosa descapitalización bursátil que obligará a la empresa a aplicar la política de la “optimización de recursos y maximización de beneficios”, doctrina que afectará especialmente a la planta central de Wolfsburg ( corazón y cerebro del grupo Volkswagen con 54.000 personas trabajando en todas las áreas), quedando de paso diluidos los efectos balsámicos del “Made in Germany”, otrora sinónimo de calidad, confianza y fiabilidad.

Como réplica y siguiendo el principio de “acción-reacción”, asistimos a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al invalidar un acuerdo que rige la transferencia de datos personales, decisión judicial que afecta a Facebook pero que por mimetismo podría afectar a otros gigantes tecnológicos de EEUU, como Google, Yahoo o Twitter cuyo modelo de negocio se fundamenta en el análisis y tratamiento de los datos personales de los usuarios, escaramuzas que podrían dar al traste con la aprobación por el Euro-Parlamento de dicho Tratado Comercial (TTIP) y suponer el retorno del Proteccionismo económico (Fomento del Consumo de Productos nacionales),dibujándose un escenario a cinco años en el que se pasaría de las guerras comerciales al proteccionismo económico, con la subsiguiente contracción del comercio mundial, posterior finiquito a la globalización económica y ulterior regreso a los compartimentos estancos en la economía mundial.