“Tente mientras cobro”, se dice de las cosas que se hacen deprisa y mal, para guardar las apariencias. Esta expresión proviene de la arraigada creencia en nuestro pueblo de que todo profesional es, en principio, un chapucero y que cuando nos hace o nos arregla algo, lo hace con el menor gasto y esfuerzo posible, lo justo para que aguante sin romperse ni estropearse, mientras cobra la factura y se marcha.

Bien podríamos aplicar el dicho a las campañas electorales, donde los candidatos lo “arreglan” todo y lo “solucionan” todo, hasta ser elegidos. Una vez conseguido su aforamiento y sus chollos, ¿quién les va a recriminar sus chapuzas y mentiras? Por poner un ejemplo, ¿se acuerdan todo lo que prometió Rajoy y su partido en la campaña electoral de 2011? Pues bien, no cumplieron absolutamente nada, y sin embargo, lo hemos tenido que aguantar cuatro años, y otra vez sin sonrojarse vuelven a cantarnos la misma copla en la presente campaña electoral.

También podríamos aplicar el mismo dicho a la Constitución de 1978 consensuada por unos pocos, para poner en marcha el régimen político que nos traía la libertad, pero que nos ha conducido hasta la grave situación en la que hoy nos encontramos. Una ley de leyes que se hizo deprisa y corriendo para salir del paso hasta que fuese aprobada, y que plagada de contradicciones y mentiras y a pesar de que los “elegidos” juran o prometen su cumplimiento, nadie respeta ni obedece. Solo ha servido para que la “casta” consiguiera sus objetivos.

Dice el artículo 2 de la Carta Magna, que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

Pero, ¿cómo puede decirse que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” (artículo 2), si residiendo “la soberanía… en el pueblo” (artículo 1), este pueblo, en uso de su soberanía, puede acordar por sufragio que la “indisoluble unidad” desaparezca? Hacer fundamento de lo indisoluble, con aquello que se puede disolver, es una aberración lógica que puede conducir al desastre.

Por otro lado, ¿cómo puede hablarse de una “Patria común e indivisible”, si se reconoce la existencia de nacionalidades dentro de la Nación? Esto es una contradicción repugnante. La palabra nacionalidad es un eufemismo que encubre a la nación. Tan es así, que quienes han venido detentando el poder en las llamadas nacionalidades históricas, siempre han identificado nacionalidad con nación en sus discursos políticos. Toda nación busca el sello jurídico de su personalidad en un Estado propio que la fortalezca y rija su destino, y para lograrlo, gobiernos autónomos como el de Cataluña, Galicia o Vascongadas, han utilizado siempre los enormes recursos que se les entregan -al amparo del Título VIII de la propia Constitución y del Estatuto correspondiente-, para convertir lo distinto en antagónico, para levantar barreras cada vez más difíciles de salvar entre los españoles, con el único objetivo de lo que hoy ya es un hecho, haber declarado la república catalana y su ruptura con España, sin que el gobierno central del PP haya movido ni un solo dedo para evitarlo.

La farsa es tan descomunal, los datos en que la Constitución se apoya son tan inexactos, y el consenso fue tan equívoco, que en ninguna parte se dice en que se diferencia la región, en cota más baja, de la nacionalidad, que tiene rango superior. Como tampoco llega a entenderse que Santander se separara de Castilla la Vieja, o que no fuese respetada la voluntad de Almería o de Segovia de no integrarse en el régimen autonómico. O que se negase a Castilla y a Aragón su carácter de nacionalidades históricas cuando se le reconoció a Cataluña o a Galicia, o que Ceuta y Melilla se descolgasen de la Comunidad Andaluza.

Tampoco puede extrañarnos que a la hora de proclamar el derecho y el deber de defender a España, como lo hace el artículo 30, y partiendo de la base de que todos “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna” –como señala el artículo 14-, ni aquel deber se cumple, ni la ausencia de discriminación se aplica, cuando el ingreso en prisión queda supeditado muchas veces, a depositar o no una fianza.

Pues bien, una vez derogado el “servicio militar” por el señor Aznar, y con la escasa plantilla y el escaso presupuesto del que disponen nuestras Fuerzas Armadas; con la guerra declarada del yihadismo a Europa y a España en particular; y el alto porcentaje de jóvenes que según las encuestas no empuñarían las armas en caso de conflicto bélico para defender a su Patria, ¿cómo podría cumplirse el artículo 8 de la Constitución, conforme al cual “las Fuerzas Armadas… tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento jurídico constitucional”? Todo es mentira. Lo único cierto es que nuestros soldados sirven para morir en “misiones de paz” fuera de nuestras fronteras, mientras dentro del territorio propio no se les permite garantizar nada.

Pero hay más, porque aunque el artículo 3 diga que “el castellano es la lengua española oficial del Estado” y que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla”, lo cierto es que el deber no puede cumplirse, cuando, so pretexto de normalización lingüística, la enseñanza se imparte tan sólo en catalán, galego o euskera, las publicaciones oficiales ignoran la lengua del Estado, y las subvenciones autonómicas en la materia, han respondido y responden a la misma finalidad.

¿Y cómo hacer uso efectivo del derecho a usar “la lengua española oficial del Estado”, si quienes la usan rotulando con ella sus establecimientos mercantiles o industriales, ven esos rótulos arrancados o borrados, son multados por orden municipal o gubernativa, y sufren, sin que la autoridad les proteja, amenazas que luego se convierten en ataques a las personas y en destrozos a la propiedad?

También dice el artículo 4 de la Constitución, luego de hablar de la bandera de España, que “las banderas de las comunidades autónomas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales”.

Ahí tienen el reciente espectáculo ridículo y bochornoso en el balcón del ayuntamiento de Barcelona, en el que un inmigrante argentino desafiando a millones de españoles y a las más altas Magistraturas del Estado, intentó arrancar públicamente nuestra enseña nacional, que defendió con honor y gallardía un catalán y español como Alberto Fernández Díaz.

Esta es la cruda realidad de lo que sucede. Un argentino al que un día le abrimos las puertas de nuestra casa para darle un plato de caliente, cama y comida, viene a imponer su odio y su ideología marxista, a romper la convivencia, a encanallar y envilecer a la gente, a enfrentar a unos catalanes con otros, a ciscarse en nuestra casa y a subirse en nuestras barbas, auspiciado y protegido por esas “autoridades” antiespañolas a las que les pagamos el sueldo.

Esta “guerra de banderas” que comenzaron en el palacio de Ajuria Enea o en las fiestas de San Fermín de Pamplona, pasando por las de las fiestas patronales de las tres capitales vascas, se están viviendo actualmente en aquellos lugares donde gobiernan los podemitas con el permiso de los socialistas. Las irrupciones violentas en edificios oficiales para arrancar la bandera de España y pisotearla públicamente para después quemarla en las Diadas del 11 de septiembre en Barcelona, trajeron el armisticio –este sí que anticonstitucional- en cuyo cumplimiento las banderas no se izaban, como una bajada de pantalones de los gobiernos de turno, para disminuir la tensión y amansar a los violentos.

Estas son solo algunas de las mentiras y contradicciones de las campañas electorales, y de la farsa puesta en escena al socaire de la Constitución.

Las autonomías políticas, no me cansaré de repetirlo, hay que extirparlas de raíz; son tumores malignos, el cáncer voraz e insaciable que se lo está comiendo todo y nos arrastra inexorablemente hacia el precipicio.

Por lo tanto, hace falta un esfuerzo heroico que aporte luz; la suficiente para distinguir la verdad de la mentira, y que concluya en un movimiento organizado y vigoroso de auténtica restauración nacional.