Todos los partidos que concurren a las elecciones ofrecen en sus programas electorales propuestas a sus potenciales votantes. Son algo parecido a promesas, ya que son una especie de compromiso de cara a avanzar más en una mayor justicia e igualdad para todos. O eso es lo que se deduce de la lectura de los contenidos programáticos de las diversas formaciones políticas.

Indudablemente, cada persona posee plena libertad para ir a votar, abstenerse o votar en blanco, si así lo considera. Aunque desde mi punto de vista, lo mejor es participar depositando el voto. En cualquier caso, lo más racional, puede ser votar al partido con el que se esté más de acuerdo, en relación con sus propuestas económicas, sociales, etc.

Siempre teniendo en cuenta que, aproximadamente, un 70% de coincidencia, ya sería un porcentaje suficiente, en mi opinión, para votar a una formación el cercano 20D. Por supuesto, esto es discutible, pero me parece sensato y coherente.

En lo relativo al fondo de las propuestas que serían mejores desde una perspectiva genérica, pero no por ello menor, considero que se pueden lanzar a la palestra pública varias que son esenciales, y que son desarrollables con detalle a través de sucesivas concreciones y precisiones.

Empezaré por la primera. Es prioritario que se suban las pensiones de jubilación, pero no dos euros al año, sino de acuerdo al IPC, o, en todo caso, de forma que los jubilados no pierdan a pasos agigantados el poder adquisitivo de sus ingresos. Y también es necesario una menor desigualdad en la cuantía de lo que cobran unos jubilados respecto a otros. La jubilación mínima debe ser bastante más elevada.

Respecto al empleo, está claro que los trabajos por horas y días no son la solución a la enorme precariedad laboral existente actualmente. Se necesitan políticas de gestión que impulsen contratos laborales de calidad, en los que los trabajadores vean respetados, de hecho, sus derechos. Y para lograr esto se tendrían que elaborar y aprobar una nueva normativa legal que los garanticen de verdad, sin trampas ni engaños.

Los recortes en sanidad, educación, dependencia y discapacidad tampoco son admisibles, ya que suponen un retroceso en el estado del bienestar al que todos los ciudadanos tenemos derecho. Y da igual que desde instancias europeas se diga que son necesarios para reajustar la economía española, porque lo primero es la vida digna de los ciudadanos, y no cuadrar, minuciosamente, las cuentas. En economía todo se puede renegociar y acordar, sobre todo, si existe firme voluntad de llegar a soluciones pactadas y consensuadas.

Tampoco debe tolerarse que los corruptos no devuelvan lo robado, o que no se embarguen sus bienes para recuperar, en su totalidad, o, al menos, en parte, lo sustraído a los ciudadanos, de modo ilegal. Aunque ya se sabe que la justicia está actuando, y se dictan sentencias.

También debería elaborarse una nueva ley para evitar los desahucios. Ya que las cargas hipotecarias no son de recibo. Quizás, una alternativa sería la dación en pago, y no la ejecución hipotecaria, y, en todo caso, viviendas alternativas para que las personas o las familias no se queden en la calle, si no pueden pagar su hipoteca.