La Asamblea Nacional de la CUP termina con una tercera ronda de votaciones con un empate exacto a votos entre el ‘sí’ y el ‘no’ a Artur Mas, con 1.515 votos a favor y los mismos en contra. En unas urnas donde se votaban cuatro posibles escenarios (dos de ellos con Mas de presidente, y otros dos sin él), las dos primeras votaciones habían dicho ‘no’ a la investidura de Mas como presidente de la Generalitat.

Tras quedar eliminados los dos últimos escenarios en las dos primeras votaciones, la tercera y última votación contemplaba tan solo los dos primeros escenarios, que eran aceptar la propuesta de acuerdo de JxS y facilitar la investidura de Mas (1); o rechazar el nombre de Mas e insistir a JxS en que proponga un nombre alternativo o se convoquen elecciones (2). El primero obtuvo la mayoría de votos en las dos primeras votaciones, pero en esta tercera han concluido en un empate exacto entre ambas.

El tercer escenario, que consistía en rechazar la propuesta consensuada con JxSí de un plan de choque, un proceso constituyente y una hoja de ruta pero que, sin embargo, posibilitaba la investidura de Mas, fue descartado en la segunda votación al conseguir únicamente el apoyo de 28 votos (0,92%), mientras que el cuarto escenario ya había sido eliminado previamente en la primera votación.

El cuarto escenario, que contemplaba abstenerse en la investidura de Mas e instar a JxS a buscar otros apoyos que permitan que sea nombrado president o resignarse a unas nuevas elecciones, fue descartado en la primera votación al ser la opción menos votada.

Las votaciones se han ido repitiendo al no obtener ninguno de los escenarios el mínimo del 50% de votos requerido para poner fin a las votaciones. En cada votación, se ha ido descartando el escenario con menos votos obtenidos.

Cerca de 3.000 inscritos

Los cerca de 3.000 inscritos han asistido este domingo a la asamblea convocada en Sabadell (Barcelona) para pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo de Junts pel Sí (JxS).

Los militantes de la CUP, los simpatizantes y los inscritos procedentes de las organizaciones agrupadas en Crida Constituent no sólo decidían si Mas será presidente o no, sino también el futuro de la actual legislatura y quizás del proceso independentista.

Aunque JxSí ganó las elecciones y dispone de 62 diputados, necesita los 10 de la CUP para obtener la mayoría absoluta requerida para la investidura de Mas. Al margen de que Mas sea presidente, el texto fija una serie de medidas de Govern y todo eso es lo que la CUP vota este domingo.

La asamblea había comenzado a las 9.30 horas. A las 10:00 se habían acreditado 2.261 personas que eligieron, con un 42,37% de los votos, la forma de voto secreto, más del 25% necesario que establecen los estatutos de la CUP para optar por esta opción.

Luego empezaron las intervenciones de los diputados que han participado en la negociación con Junts pel Sí (JxS). Posteriormente, han ido tomando la palabra representantes de las organizaciones territoriales de la CUP y participantes en la asamblea que lo habían pedido y les ha tocado por sorteo.

A continuación, comenzaron los 50 turnos de palabra, de los que 12 corresponden a entidades que integran Crida Constituent, el paraguas con el que la CUP se presentó a las elecciones; otros 26 corresponderán a las organizaciones territoriales y el resto serán para los participantes que lo pidan y les toque por sorteo.

Para la segunda votación que comienza, una vez conocidos los resultados de la primera, el censo de inscritos se eleva a los 3.111 acreditados y está previsto que los resultados se conozcan sobre las 18.00 horas. La incertidumbre es máxima, dada la igualdad entre los partidarios y los detractores de la investidura de Mas.

A favor y en contra de Mas

Las intervenciones en contra de ayudar a investir a Mas sostenían que el “presidente de los recortes” no podía ser quien guiara ahora el proceso hacia la independencia. “Mas no nos hará ganar el proceso”, ha exclamado uno de los oradores de la CUP procedente del Pirineo.

“Tenemos una responsabilidad histórica en nuestras manos. No podemos traicionar nuestra historia”, ha proclamado otro “cupero” de Arenys de Mar (Barcelona) para defender el “sí” al acuerdo con JxS.

“Un ‘no’ al acuerdo significa salir del partido y mirárnoslo desde el palco”, ha argumentado otro interviniente, de Badalona, para defender un aval a Mas que permita seguir adelante con el proceso soberanista.

Las bases de la organización votan no solo la investidura de Artur Mas como presidente, sino toda la propuesta de acuerdo de JxSí, que supedita un plan de choque social a aprobar nuevos Presupuestos que incluyan parte de los 270 millones de euros necesarios para el plan social.

El documento prevé una Presidencia a cuatro encabezada por Mas y con tres presidencias de comisión de gobierno, como una Presidencia en transición “de un modelo autonómico a la república catalana”, como dijo el día 22 el diputado de JxSí Raül Romeva.

Presupuestos y plan de choque

La propuesta de JxSí prevé construir estructuras de Estado y un marco legal que asegure una transición “con todas las garantías jurídicas”, y hace hincapié en el compromiso escrupulosamente democrático del acuerdo, que tiene como objetivo ampliar la base social que apoye el proceso.

Buena parte del plan de choque social de la propuesta depende de aprobar unos nuevos Presupuestos, por lo que JxSí propone crear un Grupo de Trabajo Presupuestario -con representación paritaria de la Conselleria de Economía, de JxSí y de la CUP- para diseñar los Presupuestos 2016 y que incluyan el plan de choque.

Romeva aseguró el día 22 que la propuesta de JxSí pretende priorizar la respuesta a las necesidades sociales de Cataluña, pero que algunas medidas no se pueden hacer con los Presupuestos prorrogados: “Están supeditadas a la disponibilidad de un nuevo Presupuesto que haga viable su aplicación”.

El plan de choque a aplicar inmediatamente aborda la pobreza infantil, pobreza energética y emergencia habitacional y política de prevención de desahucios, para la que prevén aplicar un sistema parecido al de municipios como Badalona (Barcelona), y otra parte del plan está previsto implementarla en los 18 meses de transición a la independencia.

Parte de esa ampliación de 270 millones irá destinada a recuperar la renta mínima de inserción, cuyo presupuesto se debe ampliar para garantizar el 100% de la cobertura, lo que costará 70 millones; a las prestaciones económicas de personas dependientes -50 millones-, y a la previsión de plazas de guardería -15 millones-.

Salario mínimo, banca pública y sanidad

El documento prevé un nuevo salario mínimo equivalente al 60% del salario medio, lo que lo ascendería a los 1.000 euros al mes, pero no especifica la partida para costearlo.

Prevén la reconversión del Institut Català de Finances en un Banco Público de desarrollo, “insertado en el entramado de apoyo institucional financiero europeo”, para ayudar a las pymes y para abordar la inversión de grandes proyectos estratégicos.

En cuanto a sanidad, propone una moratoria en el Consorci Sanitari de Lleida -ente que pretende unificar la gestión sanitaria en la provincia- para garantizar que no podrá incorporar ninguna entidad privada en su actividad futura, tras la oposición generada por la Marea Blanca.

También propone reducir un 10% las listas de espera quirúrgicas y un 50% el tiempo medio de primera visita en el especialista sólo en centros públicos y sin externalizaciones, gracias a una inversión anual de 83,76 millones.

Se asegura el acceso a terapias médicas universales y gratuitas para los afectados de Hepatitis C, trasplantados y pacientes oncólogicos, así como personas en situación vulnerable, y un plan de rescate para afectados por fibromialgia, fatiga crónica y síndrome de sensibilidad química múltiple.

Además, se invertirán cinco millones en reducir la ratio de alumnos por aula en los barrios con más dificultades económicas, y se destinarían 15 para becas comedor.

BCN World

El texto deja “en suspenso” el Plan Director Urbanístico (PDU) del macroproyecto BCN World y prevé un grupo de trabajo para una posible revisión del Plan de Govern JxSí-CUP, matizando que la vigencia de la suspensión del PDU se mantendrá hasta que haya acuerdo por consenso.

Un punto que queda en el aire es la titularidad pública de la gestión del agua en alta -donde se incluiría la empresa concesionaria Aigües Ter-Llobregat-, sobre la que el documento emplaza a tomar una decisión durante el proceso constituyente hacia la independencia, y sólo se compromete a “defender el modelo público de gestión”.