La infanta Cristina (al fondo) en el banquillo de los acusados al inicio esta mañana del juicio “Nóos”

A las 9.15, con puntualidad, ha comenzado en Palma de Mallorca un juicio histórico, el del caso Nóos. La infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin, y otras 16 personas, están acusadas en un caso de saqueo de 6 millones de euros de dinero público. Tras la sesión de hoy, la vista quedará suspendida hasta febrero.

La hermana del rey y su marido habían llegado una hora antes, a las 8:10 horas, con semblante serio, a la sede de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), donde se celebra el proceso. Ella se sentará en el banquillo como presunta cooperadora de él en dos delitos fiscales.

Ambos, que no han hecho declaraciones a la multitud de periodistas que se encuentran frente a la sede de la EBAP, ubicada en el Polígono Son Rossinyol de Palma, han accedido a las dependencias donde se celebra la vista oral, después de que ya hubieran llegado los letrados de Cristina de Borbón, Miquel Roca, Pablo Molins y Jesús María Silva, y el de su marido, Mario Pascual Vives.

La doctrina Botin

El abogado Jesús María Silva, defensor de la Infanta Cristina, ha solicitado, durante el trámite de cuestiones previas, que le sea aplicada a su patrocinada la «jurisprudencia consolidada» del Tribunal Supremo en torno a la denominada doctrina Botín, al considerar que la hermana del Rey Felipe VI no debe ser juzgada con la sola acusación del sindicato Manos Limpias, puesto que ni la Fiscalía Anticorrupción ni Hacienda presentan cargos contra ella.

Durante su intervención en la vista oral, que juzga el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, ha solicitado la nulidad de la apertura del juicio oral contra la Infanta: «¿Qué tenemos aquí? Una acusación popular que sostiene en solitario que Cristina de Borbón fue cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, sin acusación por parte de Fiscalía y la Agencia Tributaria», ha espetado.

«Para evitar que se vulnere la Ley, no pedimos que se aplique la doctrina Botín, sino la jurisprudencia consolidada del TS», ha aseverado, recalcando que «claro que hubo una sentencia inicial (relativa al que fuera presidente de Banco Santander, Emilio Botín, que no fue sometido a juicio en el llamado caso ‘cesiones de crédito’ por solicitarlo únicamente la acusación popular), pero luego otra, que sin contradecir la primera, la complementó, y otra más».

El fiscal Horrach: «La única respuesta judicial posible para la infanta es el archivo»

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, durante su intervención en la fase de cuestiones previas que han dado inicio al juicio, ha subrayado que «la única respuesta judicial posible» para la Infanta Cristina es el archivo de su imputación. La única acusación que sostiene el encausamiento de la hermana del Rey Felipe VI en este proceso es Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

El representante del Ministerio Público avala así el sobreseimiento del caso para Cristina de Borbón al aseverar que «la Fiscalía, que representa al Estado, ni Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen». Asimismo, ha subrayado que «no es posible orillar» la aplicación de la Ley en este sentido «amparándonos en la manida frase ‘Hacienda somos todos’».

«No es posible que Manos Limpias supla el conocimiento ni la voluntad del perjudicado», ha remarcado Horrach, quien ha aseverado tajante que el Derecho penal «no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes» puesto que «las apariencias sólo son poses y espejismos».

«El privilegio de inmunidad» de la infanta

La letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha reclamado hoy que no se conceda un «privilegio de inmunidad» a la infanta Cristina, como a su juicio propugnan su defensa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

López Negrete ha reprochado a la Abogacía del Estado que, en nombre de la Agencia Tributaria, se arrogue «el monopolio» de la defensa de los intereses de la Hacienda Pública.

La letrada de Manos Limpias, que mantiene en solitario la acusación por colaboración en dos delitos contra Hacienda, ha subrayado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal equipara a la acusación popular con la particular en muchos preceptos, lo que a su juicio la legitima para acusar a la hermana del Rey sin que lo hagan la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.

López Negrete ha rebatido también los principios jurisprudenciales, doctrinas conocidas como Botín y Atuxa, que han expuesto la defensa de la infanta Cristina, el fiscal y la abogada del Estado para negar su legitimidad y ha recalcado que la acción popular es un derecho constitucional.

La defensa del socio de Urdangarin pide la nulidad del juicio

La defensa de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, ha pedido la nulidad del proceso porque «se ha configurado a partir» de documentación obtenida por el juzgado de instrucción de modo «ilícito».

Manuel González Peeters, abogado de Torres, plantea que se han vulnerado derechos fundamentales de su representado porque los documentos sobre las contrataciones de Nóos con administraciones públicas que aportó en 2010 a requerimiento del juez instructor, José Castro, le fueron requeridos como testigo y luego se emplearon para imputarle.

«Sobre esa documentación se soporta la totalidad del procedimiento» y Torres los aportó antes de su imputación, lo cual le produce una «manifiesta y proscrita indefensión», ha manifestado González Peeters, que defiende tanto a Torres como a su esposa, Ana María Tejeiro.

Otra causa de nulidad similar se produjo, según ha aducido el letrado, con la documentación tributaria que su cliente aportó en el marco de un procedimiento administrativo de inspección impulsado por la Agencia Tributaria, que finalmente le ha acusado por delito contra la Hacienda Pública.

El fiscal Pedro Horrach se ha mostrado en contra de esta petición.

Gran expectación

Cerca de 600 periodistas y técnicos acreditados de 90 medios diferentes, entre ellos casi una treintena internacionales, dan buena cuenta de la expectación que ha levantado este juicio en todo el mundo.

Cronología del caso Nóos

Primavera del 2010: Investigación por casualidad. Un convenio del Gobierno balear con el Instituto Nóos por 1,2 millones que aparece en un sumario llama la atención en el juzgado. Diego Torres es llamado a declarar. Se investiga a Nóos.

11 de julio del 2010: Torres destapa a Urdangarin. El exvicepresidente de Nóos, imputado por malversación y ya enemistado con Urdangarin, revela que este se lucró de negocios con los Gobiernos balear y valenciano a través de Aizoon y que usaba la Casa Real para lograr contratos.

Febrero del 2012: Declara Urdangarin. Lo hace como imputado. Exculpa a su mujer de la gestión de Nóos. Se presenta como una víctima de Torres y le declara la guerra, su harakiri judicial.

Noviembre del 2012: Fianzas y correos. La Fiscalía pide a Urdangarin y Torres el pago de una millonaria fianza de responsabilidad civil. Torres bombardea con correos comprometedores para el rey Juan Carlos y altos cargos de la Zarzuela como su asesor y el secretario de las infantas.

Abril del 2013: Imputación de la infanta. El juez imputa a Cristina de Borbón por cooperar en los negocios de su marido. Esto provoca la enemistad del juez con el fiscal Horrach. Torres dice que todo lo supervisaba la Casa Real. Urdangarin exonera a la Zarzuela de toda implicación.

Mayo del 2013: Desimputación y embargo. La Audiencia de Palma suspende la imputación de la infanta pero la señala como colaboradora de un fraude a Hacienda de más de 300.000 euros. Se ordena el embargo de bienes de Urdangarin y Torres por 6,1 millones para cubrir la fianza.

Febrero del 2014: El paseíllo de la infanta. Imputada por delito fiscal y blanqueo, la infanta declara como esposa ignorante durante más de seis horas. Responde con 569 evasivas.

Junio del 2014: Concluye el sumario y se mantiene la imputación a la infanta. La Fiscalía y Cristina de Borbón recurren. Tras la abdicación de Juan Carlos I, con Felipe VI la infanta deja de formar parte de la familia real. La Audiencia de Palma confirma su imputación por delito fiscal y elimina la de blanqueo.

Diciembre del 2014: Petición fiscal y apertura de juicio. El fiscal pide 19,5 años para Urdangarin y el sobreseimiento de los cargos contra Cristina de Borbón. Sí retiene una responsabilidad civil de 587.413 euros, que entrega. El juez dicta apertura de juicio.

1 de junio del 2015: Exduquesa de Palma. El rey Felipe VI retira a su hermana Cristina el título de duquesa de Palma que le había otorgado el padre de ambos, el rey Juan Carlos I, en septiembre de 1997. Todavía ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono.

11 de enero del 2016: Comienzo del juicio oral. En el banquillo se sientan además de la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, otras 16 personas, entre ellas Diego Torrres, su mujer y otros familiares, así como el expresidente balear y exministro Jaume Matas.