Al terminar la Guerra Civil en 1939, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid decidió expulsar a 61 letrados. Se trató de una represalia de la dictadura de Franco contra decenas de abogados comprometidos con la IIª República: por ejemplo, fueron expulsados el presidente de la República, Manuel Azaña (que se había exiliado a Francia) y su antecesor, Niceto Alcalá-Zamora.

Esta “reparación” se ha producido a raíz de una investigación impulsada desde la Gran Logia de España. Un masón de Ibiza guardaba el relato familiar de las persecuciones a otros masones durante la guerra y la posguerra. Lo puso en conocimiento de la Gran Logia y el gran maestro, Óscar Alfonso, envió una carta con todos los datos al bibliotecario del Colegio de Abogados de Madrid, que repasó los nombres de todos los expulsados, muchos de los cuales fueron represaliados precisamente por ser masones.

Azaña y Alcalá-Zamora han “vuelto” simbólicamente al Colegio de Abogados, como también lo han hecho otros 59 abogados: el padre de la Constitución republicana Luis Jiménez de Asúa; la diputada Victoria Kent; el ex ministro Álvaro de Albornoz; y el político liberal católico Ángel Ossorio, entre otros, también han sido readmitidos en el colegio.

Azaña cerró más de 100 periódicos de derechas

El 13 de octubre las Cortes Constituyentes votaron el artículo 24 -luego fue el 26- del proyecto de Constitución, sobre el estatus de la Iglesia y la prohibición de la Compañía de Jesús. Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura dimitieron de sus cargos en el Gobierno provisional. Al día siguiente los diputados nombraron a Azaña, ministro de la Guerra, presidente del Gobierno.

El primer proyecto legislativo importante presentado por este Gobierno fue el de la llamada Ley de Defensa de la República (LDR), con el que comenzaba lo que Carlos Seco Serrano calificó de “dictadura parlamentaria” de matiz jacobino.

El articulado lo redactaron Casares Quiroga, ministro de Gobernación, el subsecretario de este ministerio y Azaña. En el Consejo de Ministros del 19, el presidente dijo que el Gobierno quería contar con un instrumento legal para proteger el orden público -hasta entonces los únicos motines, algaradas y atentados los habían causado las izquierdas y los republicanos exaltados- y leyó el proyecto. Todos los ministros presentes (republicanos, radicales, socialistas y catalanistas) lo aprobaron.

El martes 20 Azaña ordenó al presidente de las Cortes, el socialista Julián Besteiro, que el proyecto se tramitase por la vía de urgencia para que fuera votado esa tarde. Después de un corto debate, la LDR fue aprobada con sólo cinco votos en contra, aunque con numerosas abstenciones y ausencias, como la de Alcalá Zamora. Se publicó en la Gaceta el 22 de octubre.

El Debate, que había sido suspendido el año anterior, volvió a serlo el 19 de enero de 1932 bajo la acusación de haber “menospreciado a las Cortes republicanas”; el diario, cuya situación fue objeto de burla para Azaña en un discurso parlamentario, reapareció el 20 de marzo, dos meses más tarde.

La excusa de la ‘sanjurjada’

El 10 de agosto se sublevó en Sevilla el general Sanjurjo, que en abril de 1931, desde su puesto de director general de Guardia Civil, había traicionado al Gobierno monárquico y apoyado a los rebeldes republicanos. El pronunciamiento, totalmente decimonónico, se produjo sólo en Sevilla y Madrid. El Gobierno de Azaña estaba al tanto de la conspiración, por lo que la aplastó con facilidad; además, aprovechó la ocasión para clausurar un centenar de publicaciones de derechas.

Josep Pla afirma (Historia de la Segunda República) que entre “las primeras disposiciones” del Gobierno de Azaña contra los sospechosos de haber participado en la conspiración estuvo “la suspensión de algunos periódicos revolucionarios de izquierda y de muchísimos periódicos -más de un centenar- de derechas (entre otros ABC y El Debate)”.

La primera lista de las cabeceras cerradas la elaboró el periodista Julián Cortés Cavanillas, de ABC, y la incluyó en su libro Acta de acusación; seguramente de aquí obtuvo Luca de Tena la cifra que él da. Antes del pronunciamiento fracasado habían sido suspendidos gubernativamente cinco periódicos en Madrid, y después se suspendieron en unos días otros 109. En total, 114.

Cortés Cavanillas añade que desde semanas antes del golpe estaban suspendidos La Correspondencia, El Imparcial, El Popular, El Mundo y Mundo Obrero, todos editados en Madrid. Por tanto, sólo en la capital de España se clausuraron por orden del Gobierno de Azaña 16 publicaciones. Justino Sinova (La Prensa en la Segunda República española. Historia de una libertad frustrada) ha elevado el número a 127.

La mayoría, por no decir la totalidad, de las cabeceras eran de derechas, católicas, tradicionalistas/carlistas y monárquicas. El único punto común entre ellas no era su implicación en la rebelión militar (inexistente, como se comprobó al no producirse procesamientos), sino su línea editorial desfavorable al Gobierno de Azaña. Había semanarios de humor como Gracia y Justicia, revistas como Blanco y Negro (propiedad de Prensa Española, editora también de ABC) dedicadas a la moda, las variedades y el cotilleo, y publicaciones de pensamiento de difusión muy reducida como Acción Española.

La suspensión, que duró semanas y hasta meses, afectó a cabeceras que existen hoy, como ABC, Las Provincias de Valencia, El Adelantado de Segovia, El Ideal de Granada, La Verdad de Murcia, Diario de Jerez, El Día de Palencia, La Gaceta Regional de Salamanca, El Correo de Andalucía, Diario Montañés de Santander, El Pueblo Vasco de Bilbao (fusionado con El Correo Español, fundado en 1937), El Diario de Ávila y el Diario de Navarra, entre otros.

¿Cuáles serían las repercusiones si todos estos diarios los cerrase a la vez el Ministerio de Interior en función de sospechas o como medida preventiva y sin recurrir a una orden judicial?

Se trató del mayor cierre de periódicos ordenado jamás por un Gobierno español. En la guerra civil cada bando cerró los periódicos que no coincidían con su ideología, pero no fueron tan numerosos. Se dieron casos como el de La Vanguardia, publicado en la Barcelona republicana y en la nacional, o el del ABC, el único periódico editado en ambas zonas (debido a sus ediciones de Madrid y Sevilla).

La represión de la sanjurjada también afectó a particulares. El Gobierno aplicó la LDR a cientos de ciudadanos que consideraba sospechosos, de modo que el ministro Casares Quiroga decidió, sin resolución judicial alguna, su encarcelamiento o deportación a lugares tan lejanos como Villa Cisneros, en la costa del Sáhara, con lo que vulneraba la Constitución (art.42), que prohibía los destierros a más de 250 kilómetros del domicilio del sancionado.

Como cuenta el socialista Juan Simeón Vidarte, “la derecha estaba aterrada. Esta vez se encontraba realmente frente a un Gobierno revolucionario”. ¿Era éste, el terror, el efecto que querían causar Azaña y sus ministros republicanos y socialistas en la oposición a imitación de Robespierre?

Censura del asesinato de Calvo Sotelo

La censura y las suspensiones continuaron en los años siguientes, incluso cuando se derogó la LDR. Cuando el Frente Popular tomó el poder, la censura se recrudeció para evitar la difusión de los atentados, asesinatos y motines. Los periódicos aparecían con recuadros en los que se decía: “Este número ha sido visado por la censura”. Numerosos periodistas vieron tachadas o mutiladas sus crónicas, como Josep Pla.

Como recuerda el marqués de Valdeiglesias (Así empezó), propietario de La Época:

“Con la noticia del secuestro de Calvo Sotelo por un destacamento de la Guardia de Asalto a las órdenes del ministro de la Gobernación, y de la aparición del cadáver en la puerta del Cementerio del Este con un tiro de bala en la nuca, llegó a la redacción del periódico, el lunes 13 por la mañana, la orden terminante del Gabinete de censura: prohibido terminantemente el empleo de la palabra asesinato, así como cualquier otro comentario sobre el suceso. Sólo podría darse la noticia escueta del ‘fallecimiento’ del señor Calvo Sotelo”.