El gobierno municipal de Barcelona que encabeza Ada Colau anunció en la sesión plenaria del Consejo LGTBI (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) que ha adoptado la resolución recomendada por el Síndic de Greuges de retirar la delegación de funciones de la alcaldesa para oficiar ceremonias de matrimonio a aquellos concejales que se opongan a casar a parejas del mismo sexo. Aduce que así se «evita la discriminación».

Según informó el consistorio barcelonés en un comunicado, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha decidido que «el Ayuntamiento estipule formalmente que los regidores que tengan alguna reserva a celebrar este tipo de bodas no tengan capacidad para celebrar matrimonios en ningún caso».

El gobierno de Colau basa su decisión en un caso de 2014 que motivó un informe del Síndic de Greuges. Aunque lo explica a su manera. Cuentan que en 2014 un regidor municipal del PP (Óscar Ramírez, que ya no es concejal) alegó «objeción de conciencia» para no celebrar el matrimonio de una pareja homosexual, ante lo cual el Síndic concluyó que se trataba de una vulneración de los derechos de la pareja.

Sin embargo, según fuentes populares, su versión de los hechos es distinta. El concejal Ramírez, explican, manifestó que prefería no oficiar la boda homosexual apelando a un tema de conciencia, «pero dejó claro que si al final no había otro concejal de otro partido que pudiera oficiarla, él lo haría». Al final, la boda gay se celebró porque una edil del PSC se ofreció a sustituir a su homólogo popular.

Derecho de «objeción de conciencia»

Además, el informe que el Síndic de Greuges realizó sobre el caso, y al que lude el Consistorio, reconoció el derecho de objeción de conciencia de los ediles a celebrar estas bodas. Y se limitó a recomendar que aquellos regidores «que tengan una reserva personal para oficiar estas ceremonias, comuniquen su objeción en el mismo momento en que reciben la delegación del alcalde». Para preservar el derecho de los contrayentes a celebrar la ceremonia el día que lo soliciten.

Para celebrar las bodas, el Consistorio barcelonés acuerda unos turnos a repartir entre el alcalde, que es quién tiene la potestad, y los concejales, a quienes se la delega. Aunque a menudo se hacen intercambios de turnos entre ediles. Precisamente para evitar problemas de agenda u objeciones ideológicas (por parte del edil o de los contrayentes).

Hasta ahora, no se ha dejado de oficiar de celebrar una boda por alguno de estos problemas. Y de ahí que desde las filas populares, y también desde CiU, se calificara ayer el gesto de Colau de «falsa polémica». Desde el PP atribuyen la decisión de Colau a una voluntad de forzar a algunos ediles a mostrar explícitamente su rechazo a oficiar bodas homosexuales. A retratarse.

Los concejales que no forman parte del equipo de gobierno no están obligados a integrarse en los turnos de ediles casamenteros. Se les ofrece, por cortesía, y pueden aceptar o no. El PP rechazó en esta legislatura entrar en esta suerte de «bolsa» de ediles casamenteros alegando falta de disponibilidad de tiempo, tras ver reducido su grupo municipal a tres concejales.