El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha vuelto a escudarse en la tesis de la herencia de su padre para explicar la fortuna que ocultó en el extranjero durante 34 años, como confesó el 25 de julio de 2014. Pujol padre, que llegó tranquilo a la Audiencia Nacional a las diez menos cuarto de este miércoles, ha mantenido la misma explicación que aportó en los juzgados de Barcelona, una versión que el juez José de la Mata no se cree y ya ha calificado de «mero relato» sin pruebas.

Tranquilo y lúcido, el expresidente de la Generalitat ha asegurado ante las preguntas del juez que no vio el momento de desvelar el dinero que ocultaba a Hacienda, entre su oposición al franquismo y su actividad política, según han informado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Jordi Pujol padre ha mantenido siempre que este dinero es fruto de una herencia de su padre Florenci, que falleció en 1980.

El que fuera presidente de la Generalitat durante casi 24 años también respondió por una cuenta abierta en Andorra por su hijo Jordi Pujol Ferrusola en el año 2000 con fondos supuestamente suyos. Al año siguiente, Pujol padre envió un documento al banco reconociendo que los fondos de dicha cuenta eran suyos. Hoy ha asegurado que dio tal paso para evitar que la exmujer de su hijo le dejara sin dinero en el proceso de divorcio que estaban viviendo, según fuentes jurídicas.

Pujol padre, un mito del nacionalismo catalán que ha visitado por primera vez la Audiencia Nacional para declarar como imputado por blanqueo de capitales, también se ha desvinculado de los negocios de su hijo primogénito, conocido como «Junior». El juez considera que Pujol Ferrusola recaudó comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones de obra pública, un dinero que era enviado a cuentas en el extranjero y blanqueado por la familia. El magistrado entiende que el clan Pujol actuó como una «organización» con reparto de «roles».

Jordi Pujol ha llegado a la Audiencia Nacional a las 09.45 horas, acompañado de su abogado y de su esposa, también citada ante el juez. Pujol padre, vestido de traje, sin abrigo a pesar del frío, ha caminado varios metros por delante de su mujer, Marta Ferrusola. Se bajaron de un monovolumen en la madrileña calle de Génova.
Una organización criminal

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 destaca que los vínculos, las pautas «comunes» de comportamiento, la «asignación de roles» y el reparto de cantidades «multimillonarias» en función de los ingresos que recibían en cuentas bancarias «ocultas» en el extranjero y su «particular sistema de rendición de cuentas para controlar» esa distribución de fondos, revela la existencia de «un patrón de comportamiento reiterado durante años que apuntan elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos están aún bajo investigación».

El magistrado relata que el primogénito del clan familiar, Jordi Pujol Ferrusola, y su exmujer, Mercé Gironés, son titulares en Andorra de varias cuentas corrientes cuya existencia negaron y de las empresas Iniciatives Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Active Traslation e Inter Rosario Port Services, que facturaron más de 11 millones de euros, no generaron ningún valor real añadido y su «única utilización fue canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y el extranjero».

Según señala, la pareja utilizó un entramado societario bajo la cobertura de «contratos simulados y facturas falsas» y sus cuentas recibieron traspasos de dinero que en algunos casos han sido identificados con personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluña.

Apunta como presuntos testaferros de Pujol Ferrusola a José de Alba Barnola, Antoni Zorzano Riera o Juan Manuel Rosillo Cerrejón, que le habrían permitido guardar abrir depósitos en México, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Panamá o Andorra.

El Govern llama a la tranquilidad a los funcionarios porque no les pedirá “ninguna ilegalidad”

Meritxell Borràs

Por otra parte, la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, ha pedido este miércoles a los funcionarios públicos que estén tranquilos porque el Govern no les pedirá “ninguna ilegalidad” en el proceso de construcción de un Estado catalán.

“Toda la tranquilidad para los funcionarios públicos”, ha dicho en la Comisión de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda del Parlament al preguntarle Carlos Carrizosa (C’s) sobre los perjuicios que puede sufrir este colectivo cuando la Generalitat les pida que trabajen en actuaciones soberanistas impugnadas por el Gobierno central y anuladas por el Tribunal Constitucional (TC).

Carrizosa le ha pedido ser realista y no utilizar a los empleados y ayuntamientos para impulsar el proceso independentista: “¿Hasta dónde les va a arrastrar para cometer ilegalidades?”.

Borràs ha destacado que todas las actuaciones que emanan de la hoja de ruta independentista responden al mandato democrático de las elecciones catalanas y a la mayoría parlamentaria: “El Govern no hará ni pedirá ninguna ilegalidad”.

Durante su intervención inicial en la comisión, ha destacado que los empleados públicos “están llamados a tener un papel fundamental” en el proceso de construcción de un nuevo Estado, por lo que el Govern reforzará la Escola d’Administració Pública de Catalunya (Eapc) para reordenarla y potenciar su prestigio.

“En este momento histórico tendrán mucha importancia” los funcionarios de la Generalitat, a quienes Borràs ha agradecido su esfuerzo en los años de crisis por atender a los ciudadanos desde la cercanía pese a los recortes.