La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ha dictado un auto en el que afirma que “la división de la causa llamada ERE es muy compleja y no tiene parangón con ninguna otra causa” y también insiste en dar prioridad a la parte que afecta a 51 políticos antes de abrir nuevas piezas.

En el auto, la juez afirma que las nuevas piezas se harán en función de las sentencias que dicte la Audiencia de Sevilla en relación con el denominado procedimiento específico, que es el que afecta a los políticos y fue el creado por la Junta de Andalucía para pagar los ERE.

También esperará para abrir nuevas piezas a la sentencia de la pieza de las “sobrecomisiones” abonadas por la Junta en el pago de las ayudas sociolaborales a empresas en crisis, según recoge el auto.

Además, la instructora modifica su anterior decisión respecto a que, para abrir nuevas piezas, también había que esperar a la resolución de las cuatro piezas relativas a ayudas concretas incluidas en su plan piloto, lo que ahora descarta.

“El pronunciamiento en el procedimiento específico y también en las sobrecomisiones tiene una gran relevancia a efecto de instrucción, diseño objetivo y subjetivo, así como enjuiciamiento del resto de las ayudas, pudiéndose ocasionar pronunciamientos contradictorios de no observarse un orden”, indica la juez.

En el auto, Núñez subraya que “es una cuestión esencial, para determinar el diseño del resto de las piezas y para su enjuiciamiento, que se resuelva previamente sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado, sobre si las comisiones pactadas eran elevadas o, en su caso, ajustadas a normas del mercado y si eran sobrecomisiones pactadas”.

Además, considera necesario saber “si ello pudo suponer un menoscabo del erario público al ser la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizan una participación ilícita en el reparto de los fondos de la Junta de Andalucía”.

“Tenemos una instrucción con cinco años de desarrollo; ello implica que la investigación de las diferentes ayudas está en distintos niveles, las hay más avanzadas y menos avanzadas junto con las que ni siquiera se ha iniciado”, agrega la juez.

“Ello supone que no pueda darse el mismo tratamiento a todas en orden a su división, ni que se pueda hacer un diseño apriorístico de todas”, subraya la instructora, que pide “poner todos los medios personales y materiales necesarios” para evitar más dilaciones y prejuicios y lograr un enjuiciamiento rápido.

Además de las piezas política y de las sobrecomisiones, el plan piloto de la juez incluye las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte José María Sayago y José Enrique Rosendo, ya fallecido, y de las que se concedieron a las empresas Acyco, Surcolor-Surcolor Óptica y Cenforpre.

Las afirmaciones de la juez se recogen en un auto fechado el 5 de febrero en el que estima parcialmente el recurso de la propietaria del restaurante Río Grande contra la resolución de fecha 30 de julio de 2015, en el que acordaba la separación de las piezas piloto y que aclaró y completó el de 9 de noviembre de 2015.