El Canal de Isabel II, empresa pública que explota el sistema de suministro de agua de la Comunidad de Madrid, con más de 200 millones de euros de beneficios anuales, es una bomba de relojería a punto de estallar. La UCO ha encontrado numerosas pruebas de comisiones y favores a amigos, y la en otro tiempo poderosa Esperanza Aguirre trata de alejarse del PP madrileño antes de que Pedro Sánchez llegue al Gobierno y tire de la manta.

De todos es conocido que el Canal ha servido tanto a la dimitida Aguirre -sólo como presidenta del Partido Popular madrileño, que no de su puesto de concejala del Ayuntamiento- para adjudicar contratos millonarios a empresas amigas, cuando no a pagar favores.

Por eso, el pasado mes los agentes de la UCO hicieron un registro en la sede del Canal de Isabel II, y de varias empresas públicas, en busca de documentos que desde hace meses quemaban en las manos del nuevo equipo de Cristina Cifuentes. Nada más llegar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y levantar una punta de la alfombra, Cifuentes y su equipo descubrieron decenas de operaciones turbias.

Quizá a Esperanza Aguirre, que comenzó en la política hace 33 años con la UCD, no la puedan acusar de haberse enriquecido en su paso por la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero de lo que no cabe duda es que no prestó atención a los negocios del entonces su vicepresidente, Ignacio González, al que encumbró cuando dimitió tras conocer que debía ser intervenida ante el cáncer de mama descubierto en febrero del 2011.

Ahora, cuando la UCO sospecha, porque ha encontrado cientos de documentos y un importante confidente ha cantado que también Ignacio González se ha beneficiado con comisiones mediante el Canal de Isabel II, tras el largo encarcelamiento de Francisco Granados, igualmente número dos de Esperanza, es cuando se pone digna y le comunica a Mariano Rajoy que dimite como presidenta del PP madrileño.

Parece que tras la dimisión de la Consejerade Educación Lucía Figar, Esperanza e Ignacio González empezaron a sospechar que la UCO acabaría por descubrir los manejos con los dineros del Canal para beneficio de propios y extraños. Sobre todo para beneficio de González y empresarios amigos.

Y es que algunas unidades policiales no han parado de sospechar de Ignacio González desde que a comienzos del 2012 se filtrara a la prensa lo del ático en una lujosa urbanización de Marbella.

En aquellas fechas, con una reciente mayoría absoluta de los populares, el ministro del Interior, Jorge Fernández, hizo todo lo que pudo para frenar las investigaciones, logrando que anticorrupción archivara las diligencias. Incluso se aprovechó que se investigaba al entonces número dos de Esperanza para cesar al Comisario General de la Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla.

Pero la sospecha de que Enrique Cerezo, en agradecimiento, o por comisiones varias, había sido el donante del ático no cesaron y en la actualidad un entramado de sociedades pantalla en paraísos fiscales tiene atascada la investigación judicial, que mientras esté en manos del PP seguirá en el limbo. Ante la previsible llegada de los socialistas al Gobierno, todos tiemblan por lo que pueda salir a la luz.

Ahora Aguirre quiere aparentar que asume responsabilidades políticas por la corrupción que asola al Partido Popular en Madrid y Valencia. Incluso envía un aviso a Mariano Rajoy para que haga lo propio y salve al PP de su hundimiento.

Qué lejos quedan para Esperanza aquellas tardes en el pabellón VIP del Canal de Isabel II.