En pleno siglo XXI, cuando se accede telemáticamente al BOE, y demás documentos oficiales, no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene excusa, que para iniciar el procesamiento, el “investigado” de un senador, como el caso de la ex alcaldesa Rita Barberá, se oficie una petición al Senado para que certifique que, efectivamente, dicha persona goza del aforamiento que la ley proporciona a los miembros del Congreso y del Senado.

Aparte de que no hay derecho a que tengamos dos tipos de justicia, una para el común de los mortales y otra para los altos cargos de la política, es innecesario ese trámite porque sólo dilata, aún más, el procedimiento. Es evidente, es público, que Rita Barberá es senadora por el Partido Popular. Por eso me parece una tontería que se tengan que tramitar documentos para que se certifique dicho privilegio. Lo que es evidente no debería de tener que documentarse. Pero así nos va.

Está claro que los políticos supieron blindarse. Esto viene de la época de Felipe González, que para no verse en los juzgados ordinarios legislaron para que los ciudadanos de primera, o sea, los políticos miembros del gobierno, miembros del Congreso y del Senado, sólo serían juzgado por el Tribunal Supremo. Un tribunal cuyos jueces han sido consensuados por los partidos políticos en cada legislatura, por lo que se puede intuir el ramalazo de los jueces que lo forman.

Y como no era suficiente, las comunidades autónomas también se blindaron y ellos nombran a los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia. De ahí que un vulgar ladrón de gallinas acaba con sus huesos en la cárcel cada vez que comete un delito menor. En cambio, vemos a un Hernández Moltó, que siendo presidente de la Caja Castilla la Mancha provocó pérdidas de novecientos millones y le cae una pena que no le implica ingresar en la cárcel.

O lo que estamos viviendo con la rocambolesca historia del Molt Honorable Jordi Pujol, que con acusaciones graves de haber robado, blanqueado, ganado en comisiones, miles de millones el fiscal, que depende jerárquicamente del Ejecutivo, del Gobierno, yo haya solicitado prisión para los implicados. Y claro, la ley impide que el Juez, por muy convencido que esté, adopte la medida si no es solicitada por el ministerio fiscal.

Esto es lo que hay: jueces en tribunales superiores nombrados por los políticos a los que en algún momento deberán juzgar. Procedimientos judiciales absurdos, innecesarios, para que se certifiquen obviedades o situaciones fácilmente comprobables en documentos públicos accesibles desde internet, como es la condición de senadora, por ejemplo, de la ex alcaldesa valenciana Rita Barberá.

Va siendo hora de que alguien termine con todas estas prácticas y de verdad todos seamos iguales ante la ley. Todos. Pero me temo que los políticos están encantados y harán poco por regenerar la justicia.