Para muchos españoles, lo vivido esta semana en Las Cortes ha resultado un tanto inaudito. En la historia del constitucionalismo español contemporáneo, no se han recogido tantos desaciertos como los vividos en el arranque de esta legislatura transitoria. A los malos modos dialécticos hay que sumar los malos gestos y los españoles parecen asombrados –¡quien lo diría!- ante tanto despropósito. Pero el Congreso de los Diputados recoge lo que hay. Los que allí están son todos canteranos. Son producto de nuestra sociedad, son los representantes del pueblo. A tenor de lo que vemos, podemos describir al pueblo (es un eufemismo de la izquierda), confuso, mal educado, desafiante, dubitativo, pusilánime, acomplejado, temeroso… allí están las partes del todo.

No obstante, es una evidencia que existe un vacío entre la clase dirigente y la base social española, aún siendo esta base social la que facilita la clase dirigente. El porqué de esta división habría que buscarlo en la decepción, principalmente, que produce el comportamiento de la clases políticas dirigentes. Un comportamiento de privilegio frente a las expectativas de la gran base social, que se fagocita a sí misma implantando una ruptura cada vez más evidente.

Mientras la clase dirigente habla de recortes, de un ciclo terminado (el que comenzó con la Transición tras la muerte de Franco); mientras buscan la manera de transmitir los cambios constitucionales con los que dibujar un futuro nada claro en el molde de un estado federal, cuando el Estado de las Autonomías parece haber agotado la ambición de los mandarines autonómicos, el discurso de una parte de esta minoría dirigente parece nacido para convencer a la base social de que avale sus deseos. Sin embargo, una amplia mayoría de esa base social que, curiosamente, ha facilitado esta esperpéntica muestra parlamentaria, considera que es en esa minoría dirigente en la que hay que recortar, que son sus privilegios los que hay que contener, que es en ella en la que hay que diseñar una nueva fórmula que permita retornar al sentido común. Y así lo expresan a través de las redes sociales.

Últimamente, con motivo de los gestos obscenos de este nuevo bolchevique trasnochado que es Pablo Iglesias, y los modos de los que, al menos en apariencia, dan un sentido más estético al Parlamento, los vehículos utilizados por los españoles para descargar su ira, entre la ironía y la impotencia, han sido las llamadas redes sociales. Tal vez, algunos intelectuales despotriquen de este medio, pero es la otra alternativa (la primera está en las urnas y produce lo que tenemos), para desahogarse de tanta insensatez. Estos días ha circulado por Whats upp un pequeño artículo con datos inequívocos capaces de hacer entender, incluso para los que no siguen la política española de cerca, la disociación o separación que existe entre nuestra clase dirigente, que lejos de conciliar la vida de los españoles es más propensa a incrementar la discordia, y los españoles en general, los de a pie. El informe, o artículo, acusador, toma datos de hace un par de años para decirnos que en España viven de la cosa pública nada menos que medio millón de altos cargos. Estos son los recortes que quieren los españoles: tenemos 650 diputados y senadores; 1206 parlamentarios autonómicos; 8112 alcaldes; 65896 concejales; 1031 Diputados provinciales; 970 cargos de confianza en las diputaciones; 139 responsables de cabildos y consejos insulares; 2800 cargos en mancomunidades; 40000 políticos contratados como cargos de confianza; 131250 (sí, lector, ciento treinta y un mil doscientos cincuenta) políticos colocados en empresas públicas o con participación estatal; 940 políticos pertenecientes a embajadas autonómicas; 4800 en los consejos económicos como asesores; 166 en las fundaciones públicas; 65130 liberados sindicales; 31210 representantes patronales; otros 6000 en las Cámaras de Comercio; 800 cargos en la Tesorería General de la Seguridad Social y 2400 en en INEM nacional y sus equivalentes delegaciones regionales, o 1470 en las entidades de difusión cultural en el exterior, unos de ámbito estatal y otros autonómico. Hay 8260 cargos de designación directa en el sistema sanitario y 9330 en el educativo; hay 7800 en el transporte público estatal, autonómico y local y 1415 en entidades vinculadas al teatro, cine y expresiones artísticas y culturales, y 480 en las agencias de cambio climático y reducción del gasto energético; 795 en Centros de estudios sociológicos, históricos y constitucionales; 2330 en organismos de Igualdad y prevención de la violencia doméstica, principalmente.

He dejado algunos apartados sin mencionar para no cansar en exceso con las cifras.

Según el mensaje, tenemos el doble de políticos que el segundo país con más políticos en Europa, que es Italia; tenemos 300000 políticos más que Alemania, con la mitad de población, siendo Alemania, por otra parte, un país más descentralizado que España.

En 2011 teníamos 445568 políticos frente a 165967 médicos, 154000 policías y 19854 bomberos. O sea, más políticos que médicos, policías y bomberos juntos. Y ahora vamos con otro dato revelador de por qué tenemos tantos políticos: el sueldo de un maestro es de 1400 euros; el de un policía, 1600; un bombero gana 1800 y un médico 2200 (sueldos medios, naturalmente). Un diputado tiene un sueldo base de 2814 euros, a lo que habría que añadir las dietas, si vive fuera de Madrid, que son otros 1823,86, y otras varias si el diputado es miembro de la Mesa del Congreso, que habría que añadir entre 944 euros y 3064.

El nivel de exigencia para un médico es una carrera de seis años, más una especialidad hospitalaria de 4 (MIR); para ser maestro hay que tener el Bachillerato y una titulación universitaria de grado (4 años), y superar una oposición; para ser policía y bombero hay que tener el Bachillerato y superar una oposición. Para ser diputado sólo hay que estar en una lista cerrada, arropado por los compañeros de un partido con posibles…

¿Dónde aplicamos entonces los recortes?, ¿dónde comenzamos el cambio…?