Por José L. Román.- La actual “ley del menor”, es el instrumento perfecto al servicio de los jóvenes delincuentes, para poderle quitar la vida a quien se les ponga por las narices, sin miedo a un castigo ejemplar y proporcional al daño causado.

¿Culpables? Pues aparte de los legisladores y los “jueces para la democracia”, la propia sociedad, que sigue otorgándole el voto y sosteniendo, a los “inventores” de leyes tan sumamente aberrantes.

Pero, lo peor no es que los actuales gobernantes no tengan voluntad de arreglar el desastre, sino que los que vienen a regenerar el sistema, quieren abrir las cárceles de par en par como Manuela Carmena y los podemitas, que dicen que de la actual población reclusa solo debería quedar en prisión un 14%

¿Recuerdan ustedes el joven que con solo 13 años de edad, asesinó a un profesor e hirió a otros alumnos compañeros suyos en un instituto de la ciudad Condal? Pues bien, fue portada de periódicos unos días, y se acabó; rápidamente se echó tierra al asunto. Ya no se volvió a hablar del tema y, muy discretamente, se tendió un tupido velo aprovechando que en aquellas fechas, tuvieron lugar las semifinales de la Champions, y el intento de Susana Díaz por formar gobierno en Andalucía.

Pero, retiremos la tierra nosotros para que un hecho tan monstruoso no se olvide tan fácilmente, y solapémoslo a este otro terrible crimen de Barbastro cometido por cuatro jóvenes también menores de edad; a la violación y asesinato de la joven Sandra Palo cometido por el “Rafita”; y a decenas de agresiones, parricidios y crímenes cometidos por menores de edad que, cuando son sometidos a exploración, parece que nunca han roto un plato.

Las Fiscalías de Menores se vienen encontrando con miles de casos de los que informan al gobierno autónomo de turno o a las autoridades competentes en su caso, para que evalúen la situación de riesgo y, si es necesario, apliquen medidas de protección que puedan reconducir su conducta. Sin embargo, existe una diferencia fundamental en este tipo de actuaciones administrativas al margen de la Justicia, se trata de algo voluntario, pues parece ser que no se puede obligar al menor, pero tampoco a sus padres, a que el adolescente se someta a la propuesta de los servicios sociales del municipio en el que reside, ni a los recursos del gobierno autónomo en su caso. O sea, que los unos por los otros la casa sin barrer.

Los centros de rehabilitación y reinserción de menores como democráticamente se les llama ahora, es evidente que no funcionan; no están dando resultado porque la autoridad no existe y la disciplina menos; los jóvenes salen por la puerta o por las ventanas cuando les da la real gana sin control de ningún tipo, porque tienen muy claro que aquello no es un penal ni un centro de reclusión, y que los psicólogos, los educadores y los trabajadores sociales no los pueden retener en contra de su voluntad.

El juez de menores de Granada don Emilio Calatayud, no se cansa de repetir por activa y por pasiva desde hace años, que este problema con los menores de edad no se puede abordar únicamente desde un juzgado; no es un tema puramente judicial; es un problema que comienza en los hogares, continúa en los colegios y explota en la calle.

La democracia española solo ha sabido inculcar a nuestros niños y jóvenes infinidad de derechos, pero obligaciones ninguna; ha dejado sin autoridad a todos aquellos que ejercen una acción rectora, desde los padres a los profesores pasando por la Policía; y ha dejado crecer a los jóvenes españoles adoctrinados por la “caja tonta”, y vacíos de valores y principios como base fundamental para su formación moral y espiritual.

Estos centros que acogen a menores delincuentes, vinieron a sustituir a aquellos otros que durante el régimen anterior llamaban “correccionales”, “reformatorios”, “preventorios¨ o “centros de protección de menores”, que eran competencia de los Tribunales Tutelares de Menores cuando se trataba de jóvenes próximos a la delincuencia, o de las “Juntas de Protección de Menores” cuando esos jóvenes eran huérfanos de padre, de madre o de ambos, y de familias desestructuradas o sin recursos (véase el NO-DO capítulo número 505 titulado “Vidas encauzadas”).

Los homicidios y los asesinatos cometidos por menores de edad como el del maestro de Barcelona, el de la niña Sandra Palo Bermúdez, o como éste que le ha arrebatado la vida al guardia civil don José Antonio Pérez, es la prueba evidente del rotundo fracaso del sistema y de las políticas buenistas y permisivas con jóvenes y adolescentes, al amparo de los tres principales Poderes.

Otro asunto que tampoco se aborda abiertamente y sin contemplaciones, es la ola de violencia –que más que ola es un tsunami-, que ejercen los jóvenes contra sus propios progenitores. Las denuncias en las comisarías por estos hechos crecen por días; padres que acuden impotentes y atemorizados ante la Policía y la Guardia Civil, dando cuenta de las palizas de las que han sido objeto por parte de sus propios hijos, sin que aquí nadie haga absolutamente nada.

También están los casos de agresiones a profesores que se graban en video y se cuelgan en la Red. Es verdad que nunca como ahora un maestro había quedado tan desautorizado, ninguneado y desconsiderado, pero no es menos cierto que esta situación la trajeron en gran medida esos mismos profesores de la mano del socialismo, cuando con talante democrático implantaron en las aulas ese compadreo existente entre profesor y alumno, que presagiaba los capítulos dolorosos de los que hoy nos lamentamos: “No me llaméis don José, llamadme pepe, que soy un amigo y no el “coco” que se come a los niños”.

La actual “ley del menor” debe ser abolida de inmediato. La tragedia de Barbastro no solo debe reabrir el debate sobre la edad penal, sino del origen de esa violencia juvenil en nuestro pueblo, donde se fomenta el odio contra España y los españoles -ahora también en el Parlamento-, a través de las aulas, en los medios de comunicación, en los estadios de fútbol, y a través de instituciones gobernadas por separatistas y terroristas.

Aquí todo el mundo se la coge con papel de fumar cuando se trata de abordar lo que el propio sistema ha venido propiciando a través de los medios de comunicación, transmitiendo hasta el hartazgo la permisividad de los padres para con los hijos, de tal manera, que si solapamos esa permisividad con la pérdida total de valores morales en nuestra sociedad, aquí tenemos el resultado. Nunca como ahora se había conocido en España este estado de violencia por parte de menores de edad. Sé que las comparaciones son odiosas, pero es la cruda realidad.