La Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística ha puesto sobre la mesa una serie de datos que dibujan un panorama económico desalentador en España. Porque los resultados de la encuesta muestran que sigue existiendo una gran desigualdad económica en en los hogares. Que el 22,1% de la población de nuestro país se encuentre por debajo del umbral de la pobreza y también lo esté el 28,8% de los menores de 16 años es una realidad preocupante.

Y que un 39,4% de los hogares no puedan afrontar gastos imprevistos es otro dato que pone de manifiesto que la desigualdad campa a sus anchas en la nación española. Puede pensarse que no tiene importancia el hecho de que, el 40% de los españoles no puedan irse de vacaciones al menos una semana al año, pero yo discrepo, y considero que no es así.

Los datos dicen que las Comunidades con los ingresos medios anuales más elevados son: País Vasco, Navarra y Madrid. Y las que tienen tasas de riesgo de pobreza mayores son Murcia, Andalucía, Extremadura y Canarias. Y fundamentalmente, considero que es por causa de la desigualdad en los salarios, y el nivel de paro más alto en el sur de España. A mi juicio, debería fijarse por ley un salario mínimo más elevado.

Tampoco es justo que existan sueldos desproporcionados en comparación con otros mucho más bajos. Por tanto, si hubiera menos modelos de contratos laborales, o incluso se apostara, decididamente, por un contrato único justo, las cosas irían mejor.

Ya que habría una mayor igualdad de ingresos en los hogares, y no estos desequilibrios económicos tan injustos. Todos los sueldos deben ser dignos, y esto, por desgracia, no está sucediendo con los contratos basura, y con la precariedad laboral existente y los trabajos por horas y días. A esto se puede añadir los millones de personas que están o viven en la economía sumergida. Se ve, por tanto, la necesidad de que una nueva legislación impida que estas cosas sucedan.

La desigualdad económica excesiva impide que numerosos ciudadanos pueden llevar la vida que realmente merecen y quieren. No existe la igualdad de oportunidades, y el denominado Estado del Bienestar debe ser impulsado por los gobiernos, especialmente, por los autonómicos y, sobre todo, por el central. La Constitución española y los Derechos Humanos proclaman la necesidad de la justicia social, y del derecho a una vida digna de todos los ciudadanos, no de una parte.

Considero que mientras no se realice una profunda reforma laboral que haga desparecer estas grandes desigualdades seguiremos en las mismas o parecidas condiciones. Además, el que exista más igualdad en los ingresos es también primordial para promover la solidaridad entre todos los ciudadanos.

Respecto a las pensiones, por ejemplo, en pocos años, si no se pagan impuestos adicionales, puede pasar que se rebajen. Algo que no quiere nadie, como es lógico, y que no sería admisible. Un sistema de pensiones sostenible debe basarse en una economía que garantice una mayor igualdad económica, y una población activa también más abundante. Y las pensiones deben ir subiendo de un modo significativo, y no simbólico.