El president de la Generalitat, Ximo Puig, recibe cartas en defensa de la escuela concertada durante una protesta convocada por asociaciones de padres a las puertas del parlamento autonómico antes del pleno de Les Corts.

La escuela concertada de la Comunitat Valenciana ha protagonizado el primer gran conflicto en estos diez meses del nuevo Gobierno valenciano, un bipartito del PSPV-PSOE y Compromís que está cambiando el modelo educativo desarrollado por el PP durante sus veinte años al frente de la Generalitat.

Uno de los cambios introducidos por la Conselleria de Educación, una de las áreas con mayor presupuesto de la Generalitat (4.200 millones) y que dirige el miembro de Compromís Vicent Marzà, ha sido la planificación de unidades escolares para el curso 2016-2017, el llamado “arreglo escolar”.

En este proceso, que se ha hecho por primera vez de forma conjunta y con las mismas condiciones para los centros públicos y los concertados, Educación planteó al principio que se crearían 20 unidades concertadas y se suprimirían 31, pero tras el periodo de alegaciones cifra en “cero” el balance entre creadas y suprimidas.

La concertada, que tiene 225.000 alumnos y 429 centros en la Comunitat, asegura que para el próximo curso les suprimen 31 aulas, lo que afectará a puestos de trabajo, y defienden que cada alumno de la concertada le cuesta al Estado “la mitad” que en la pública, que tiene 555.000 alumnos y 1.700 centros.

El resultado del arreglo escolar, según la Conselleria, cubre las necesidades de escolarización bajo los principios de universalidad, calidad educativa e igualdad de oportunidades, y “por primera vez las familias pueden elegir en igualdad” el colegio que deseen, al seguir los mismos criterios todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Sin embargo, representantes de la educación concertada consideran que los criterios seguidos responden a motivaciones políticas, -dentro de una intención de reducir de forma progresiva los conciertos-, desoyen la realidad social y no garantizan el derecho legítimo de elección de centro por parte de las familias.

A mediados de mayo una veintena de directores de centros concertados abordaron al president de la Generalitat, Ximo Puig, cuando se dirigía a Les Corts para entregarle en mano escritos en los que explicaban la situación de cada centro, cada uno de los cuales recibió después su correspondiente respuesta desde la Conselleria.

Previamente, representantes de la concertada habían cuestionado la eliminación del “distrito único” escolar aplicado desde 2013 -que daba los mismos puntos en toda la ciudad para entrar a un colegio, mientras que ahora se prima la cercanía al domicilio-, que según la concertada daba más libertad para elegir centro.

Para la Conselleria, poner fin a ese distrito único implica apoyar la igualdad de oportunidades y acabar con los privilegios.

Anteriormente, las Escuelas Católicas también denunciaron la “discriminación” de la educación concertada en los planes de actuación para la mejora de los centros.

Afirman que se excluye a los centros concertados del profesorado adicional necesario para llevar a cabo ese programa, destinado a incrementar el alumnado que alcanza las competencias en Primaria, reducir el absentismo o el abandono escolar.

El siguiente paso fue convocar el pasado domingo una concentración en la Plaza de la Virgen de Valencia, que se llenó de familias y docentes -40.000 personas según los organizadores-, y también de dirigentes del PP, como varios exconsellers de Educación, que reclamaron “salvar” la concertada y la dimisión de Marzà.

Ximo Puig ha asegurado que “no hay ningún ataque” a la escuela concertada, cuando el PP sí atacó a la pública con el cierre de 616 aulas en cuatro años, y que el “clamor social” que según el PP hay contra su política educativa es un “clamor” contra una gestión popular que dejó un 37 % de fracaso escolar.

Marzà ha enmarcado la concentración del domingo en la precampaña electoral del PP; se ha preguntado por qué la concertada no se manifestaba cuando tenían aulas para catorce niños con veintiocho, y ha defendido que han bajado las ratios y han garantizado la libertad de elección de centros con el nuevo sistema de baremación.

En este contexto, la Mesa por la Educación en Libertad solicitó a los líderes del PP, Mariano Rajoy, y PSOE, Pedro Sánchez, que hoy visitan la provincia de Valencia, “un hueco” en sus agendas para hacerles llegar sus planteamientos, hueco que sí que les ha hecho el presidente del Gobierno en funciones.