Incapaz de establecer límites y frenar el independentismo, haciendo a su vez gala de un miedo y un complejo sin precedentes, el gobierno español en funciones da señales inequívocas de haber perdido un componente básico: el monopolio legítimo de la fuerza.

¿Quién detenta y ejerce en España el uso de la fuerza? La pregunta equivale a cuestionar con la respuesta nuestra pérdida de identidad.

Para el filósofo alemán Max Weber (1864-1920), un Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio ejerce con éxito el monopolio de la violencia física legítima, y precisa que para existir requiere que se conserve este monopolio.

Pues bien, las agresiones vandálicas a los Mozos de Escuadra en Cataluña, como a la Policía y a la Guardia Civil en otros lugares de España, son una pésima señal para una nación que pretende volver a ponerse en movimiento para superar los obstáculos y salir adelante como una auténtica potencia mundial. Sin embargo, las únicas señales de “movimiento” que han tenido y tienen valor para el gobierno de la nación durante los últimos cuatro años, son aquellas resultantes de las reformas impuestas desde Bruselas. Nada más.

El mensaje que ahora lanzan los que dispusieron de mayoría absoluta y de todo el poder en sus manos durante la última legislatura, pero que solo se preocuparon del patrón económico impuesto por sus amos, es un mensaje que a estas alturas carece de credibilidad porque no tiene visos de afrontar ni acometer cualquier problema diferente al meramente económico.

Este estancamiento y enquistamiento del gobierno en funciones, que solo piensa en Bruselas y sus reformas, se agrava muchísimo más a partir de los pactos del partido socialista con el chavismo y el independentismo, gracias al juego que permite la democracia, bloqueando ciudades emblemáticas como Madrid, Barcelona y Valencia. Esto es una prueba más que evidente de que España es “una nación detenida y bloqueada”.

Las imágenes de los disturbios por los okupas enfrentándose a la policía autonómica en el barrio de Gracia de Barcelona, es en el fondo una agresión muy grave, no solo a nuestro estado de derecho, sino la prueba evidente del estado comatoso en el que se encuentra ahora mismo el gobierno de la nación.

Parece increíble que quienes detentan por mandato constitucional el monopolio legítimo de la violencia, se encuentren contra las cuerdas frente a un grupo de anarquistas a los que las autoridades independentistas han estado legitimando y alimentando para tenerlos callados, a la vez que esas autoridades que desobedecen y no cumplen sentencias de los Tribunales, desafían al gobierno central, al Ejercito de la nación, y también al Jefe del Estado.

Hace apenas un par de días, coincidí en Alicante con un policía norteamericano ya jubilado, que prestó sus servicios durante muchos años en la ciudad de San Luis del estado de Misuri en los Estados Unidos. Le pregunté cuál sería la consecuencia de golpear a un policía en su país, como lo están haciendo en Barcelona los okupas con los Mozos de Escuadra. Me miró con incredulidad y me dijo:

-¿Qué quiere decir usted?

Le expliqué que en Barcelona, un grupo de individuos que habían sido desalojados de un inmueble que previamente habían okupado ilegalmente, incendiaban contenedores y destrozaban mobiliario urbano, atacando a la Policía con bombas incendiarias, piedras, botellas, palos y barras de hierro. Le comenté finalmente que la alcaldesa de esa ciudad y todo su equipo, además del gobierno autónomo independentista, se oponían a que los agresores fueran detenidos, y que el gobierno de España que ostenta la Jefatura del Ejército y de todas las Policías del Estado, no movía un solo dedo procediendo en consecuencia, por temor a mancharse en el transcurso doloroso de la contienda.

El policía norteamericano, que no daba crédito a todo lo que estaba escuchando, me dijo que en Estados Unidos golpear a un policía podría suponerle al agresor de 5 a 8 años de cárcel. Finalmente me hizo una pregunta acerca de algo que, aunque recordaba haberla oído muchas veces durante los últimos cuatro meses, respondí de manera espontánea:

-¿Dónde están las rayas rojas en España?

En España, las rayas rojas solo existen para un sector de la sociedad, para esos ciudadanos honrados que cumplen fielmente con las leyes y con el orden constitucional establecido, y pagan sus impuestos religiosamente. Para el resto no hay rayas rojas, y cuando la Policía les advierte de su trazado, se las saltan tranquilamente en nombre del independentismo, cuando les sale literalmente de las pelotas.

Nuestro sistema político, ese que llamamos democrático a pesar de que la Justicia no es independiente, se ha caracterizado siempre por mover continuamente las rayas rojas según el “encargado de pintarlas”, alimentando conductas delictivas sin fijar límites ni consecuencias. Claras señales de degradación y debilidad.

En Estados Unidos, donde el monopolio legítimo de la violencia lo tiene el Estado, una raya amarilla pintada en la calle es como un muro, los automovilistas saben que si la cruzan están cometiendo un acto ilegal que les acarreará una fuerte sanción. En España por el contrario, no basta con pintar la raya, hay que colocar barreras de contención porque ciertos individuos están programados para cruzarla y no tener consecuencias.

Gary Becker, Premio Nobel de Economía 1992, sostiene que la gente comete actos ilícitos en base a un análisis racional de tres elementos: el beneficio potencial, las probabilidades de que lo descubran y lo detengan, y el castigo que le pueda ser aplicado. Visto así, podemos entender la conducta de muchos políticos de la democracia española.

La energía para poner de nuevo en funcionamiento el motor de España, que siempre ha sido Cataluña, no vendrá de una reforma energética, esa fuerza se logrará el día que un presidente del gobierno de la nación lidere como estadista un plan de choque para reformar nuestro sistema político y cultural; vendrá de una reforma a fondo que logre la transparencia gubernamental; vendrá si se extirpan de raíz los diecisiete tumores malignos en forma de autonomías políticas; y, sobre todo, de una reforma de la Justicia para comenzar a experimentar una nueva forma de trabajar y de vivir. Es necesario un rearme moral y un sistema de límites y consecuencias que se enfrente a la impunidad de los que están fuera de la ley, y aparte para siempre de la vida pública a los chorizos, parásitos y holgazanes que pretenden vivir a costa de los demás.

Permitir que se agreda a la Policía en un estado de derecho, como sucede ahora mismo en Cataluña, es un artefacto que más pronto que tarde nos explotará en la cara como sociedad. Una España enferma con un gobierno débil, hacen una Cataluña huérfana, anárquica y mísera. Si un grupo de okupas no encuentran ninguna raya roja, es porque han sido borradas por aquellos encargados de pintarlas.