Fue consejero delegado: Los críticos del PP catalán denuncian la vinculación de Alberto Villagrasa con Bancaja, “nido de corrupción”
Militantes críticos del PP catalán han hecho público un documento que vincula al actual secretario provincial en Barcelona, Alberto Villagrasa, con la entidad financiera Bancaja, de la que formaban parte algunos de los nombres protagonistas de los escándalos de corrupción del partido en Valencia. Concretamente, el informe dada del año 2004 y en él se acredita que Villagrasa, con sólo 25 años, ya era consejero general en operaciones crediticias de Bancaja con instituciones públicas, “cuando entonces residía en Barcelona y era concejal del PP en el Ayuntamiento de esta ciudad”, resaltan los críticos.
Se preguntan los populares críticos “qué estudios tenía Alberto Villagrasa Gil para poder entender de operaciones crediticias y qué hacía en Bancaja, nido de corrupción, cuando era presidente José Luis Olivas”, detenido el 29 de junio de 2015 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con otros ex altos cargos de Bancaja y de Banco de Valencia, acusado por estafa y malversación.
Resaltan las mismas fuentes que muchos de los consejeros de Bancaja han alcanzado “triste celebridad” por formar parte de “una de las tramas más oscuras de corrupción en nuestro país”. Recuerdan en este sentido uno de los escándalos más sonados: la detención de varios ex altos cargos de Bancaja dentro de una operación por supuestas prácticas fraudulentas con empresarios en Levante. Fueron acusados de delitos como apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.
La investigación, iniciada en 2014 a raíz de la intervención del Banco de Valencia por parte del Banco de España en 2012, destapó irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Coral para inversiones en el Caribe mexicano.
Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias (..) superaron ampliamente 500 millones de dólares, operaciones que supusieron para las entidades señaladas un quebranto económico de más de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España citado por la Guardia Civil.
Una vez concedidos los préstamos, los acusados desviaron supuestamente más de 130 millones de euros a Andorra y Suiza mediante sociedades instrumentales.
También recuerdan el caso por el que Juan Cotino es objeto de investigación. Concretamente, la familia del ex director general de la Policía fue favorecida con un préstamo de 35 millones de euros que le concedió la extinta Bancaja para un proyecto en Hungría sin que la entidad financiera se garantizase su reembolso.
Bancaja cedió los 35 millones a Share Capital, sociedad participada por la constructora de la familia de Cotino, para financiar operaciones inmobiliarias en Europa del Este. La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles delitos de fraude fiscal en varios créditos concedidos por la entidad absorbida por Bankia y las empresas administradas por Vicente Cotino, en la etapa en la que dirigía la caja José Luis Olivas, presidente del Banco de Valencia hasta el 28 de octubre de 2011, una semana antes de que se hiciera público el riesgo de quiebra de esta entidad financiera. Según publicó El Mundo, las diligencias de la investigación incluyen la construcción del circuito de motociclismo de Hungría.
La Sección de Delitos Económicos siguió el rastro al dinero concedido por Bancaja y las triquiñuelas para, presuntamente, evadir el pago de impuestos. El proyecto de Hungría es actualmente un circuito fantasma. Los Cotino lo impulsaron con la ayuda del excampeón del mundo de Motociclismo Jorge Martínez Aspar, como presidente de Worldwide Circuit Management SL (WCM), la sociedad creada por el deportista y Sedesa, empresa de la familia de Cotino.
“Cuál es la capacidad contable del actual presidente del PP en Barcelona, que no sabe cuánto se adeuda por la sede de la calle Urgell, sobre la que pesa una hipoteca de 2,2 millones de euros y que en el 2004 fue nombrado consejero delegado de Bancaja coincidiendo con una operación crediticia suscrita con la Generalitat Valenciana por un importe de 6.100 millones de euros”, se preguntan los críticos catalanes del partido liderado por Rajoy.
No es el único aspecto de la biografía política de Alberto Villagrasa que los críticos ponen como ejemplo para exigir su marcha. Lydia Vargas González, ex presidenta del PP de Sant Just Desvern, población situada a 10,5 kilómetros de Barcelona y con unos 17.000 habitantes, denunció en 2011 ante la Fiscalía a Villagrasa Gil (entonces secretario provincial), por “mobbing y acoso”. Vargas afirma que no satisfacer las pretensiones personales de Villagrasa acabó con su vocación política en el PP, según informó El Plural.