La oposición venezolana toma impulso tras la multitudinaria marcha para exigir el revocatorio
La oposición venezolana mostró hoy un nuevo ímpetu en su afán de revocar al presidente, Nicolás Maduro, tras la multitudinaria marcha del jueves en Caracas en la que, según cálculos de la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), participaron más de un millón de personas.
En un primer balance, el secretario de la MUD, Jesús Torrealba, aseguró que 1.100.000 venezolanos se movilizaron en la capital venezolana para presionar al Poder Electoral por la publicación de una agenda que incluya la fecha del referendo revocatorio y de las elecciones de gobernadores.
Torrealba afirmó que durante la denominada “Toma de Caracas” tres grandes avenidas, unos 18 kilómetros de vialidad, fueron copadas de gente pese a los “miles de venezolanos que se quedaron varados en las carreteras o no pudieron salir de sus lugares de destino” por obstáculos puestos por el Gobierno, según dijo.
En este sentido, denunció que cientos de ciudadanos que viajaron desde el interior del país y que pretendían marchar en Caracas fueron asaltados por delincuentes dentro de los autobuses en que se trasladaban mientras estaban varados en retenes “puestos por el Gobierno” para impedir el paso.
Más tarde, en una conferencia de prensa, el dirigente de oposición dijo que miles de venezolanos en 49 ciudades de otros países también se manifestaron a favor del revocatorio y que, en suma, cerca de dos millones de venezolanos se movilizaron el 1 de septiembre, pese a que todos no pudieron llegar a sus lugares de destino.
Torrealba reiteró la llamada a nuevas acciones de calle entre las que citó las 24 marchas que harán el próximo miércoles hacia las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en todos los estados del país para seguir presionando por el referendo.
Además, tras protagonizar “la más importante movilización de la historia política venezolana”, la MUD planea ahora la “Toma de Venezuela”, una protesta de 24 horas de duración prevista para el 14 de septiembre, un día después de que, esperan, el CNE anuncie la fecha del último paso previo a la convocatoria del revocatorio.
“Si el gobierno incurre en cualquier conducta violatoria de la Constitución que signifique poner en peligro la consulta electoral seremos capaces de convocar nuevamente a millones de venezolanos para hacer lo que haya que hacer para exigir el restablecimiento del hilo constitucional”, agregó, entre aplausos, Torrealba.
El Gobierno, por su parte, citó al cuerpo diplomático en el país sudamericano para explicar los supuestos planes golpistas de los que acusa a la oposición y que habrían sido depuestos por las fuerzas de seguridad del Estado.
Los ministros de Exteriores, Delcy Rodríguez, y de interior y justicia, Néstor Reverol, encabezaron esa reunión en la que denunciaron los “asesinatos selectivos” que supuestamente tramaba el antichavismo, y reiteraron a modo de celebración “el triunfo de la paz” y de la llamada Revolución Bolivariana.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, destacó la “demostración de civismo” de los ciudadanos que participaron en los actos políticos del jueves, incluyendo a los miles de chavistas que se concentraron en el oeste de Caracas “en defensa de la Revolución” y del mandatario venezolano.
Precisamente sobre esta actividad, Maduro dijo hoy que superó en número a la manifestación opositora al calcular que cerca de 300.000 venezolanos acudieron a su convocatoria frente los menos de 35.000 que, estimó, marcharon junto a la MUD.
Con todo, la jornada del 1 de septiembre en Venezuela acaparó la atención internacional y puso de manifiesto el apoyo popular a la realización del referéndum, o al menos así lo expresó el Gobierno español en funciones en un comunicado que fue tildado de “injerencista” por la embajada del país petrolero en esa nación europea.
Mientras tanto, la oposición remarcó que peleará para que la última fase de requisitos del revocatorio que consiste en la recogida de apoyos equivalente al 20 % del censo electoral, unos 4 millones de personas, se realice de acuerdo a sus exigencias.
Por otra parte, un alcalde de oposición fue detenido en el céntrico estado Aragua, por lo que la Sociedad Interamericana de Prensa acusó al Gobierno de no garantizar el derecho a la libertad de expresión.