Una esterilización no consentida es contraria a la Conven­ción sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, se solicitan alrededor de 100 esterilizaciones al año en juzgados de primera instancia de nuestro país.

En España viven 3.8 millones de personas con discapacidad, un 10% de la población total. De ese porcentaje, existen unas 100 personas al año —en gran parte mujeres— a las que se esteriliza de manera forzada, es decir, sin su consentimiento. Solo en el primer trimestre de 2016 se registraron 37 peticiones judiciales para esterilizar a personas con discapacidad contra su voluntad. Las familias son las que piden la incapacitación legal a un juez y tras ello los médicos realizan una ligadura de trompas o una vasectomía, aunque lo primero es lo más habitual.

Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), lucha por los derechos de las personas con discapacidad en el área de mujeres. Una de sus principales reivindicaciones es el pleno respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con diversidad funcional. “El hecho de que se practique la esterilización y que sea considerada como algo beneficioso para las mujeres es algo que vemos que tiene trampa y que está muy ligado a modelos muy estereotipados y machistas de lo que son las mujeres con diversidad funcional”, explica Caballero a Broadly.

Esta idea está relacionada también a un discurso de género. “Se presupone que las mujeres con discapacidad no encajan en los modelos de maternidad establecidos por la sociedad. Se cree que no puedan ser buenas madres y además representan un modelo que no quiere que sea reproducido en la sociedad, ya que existe también esa idea falsa de que la discapacidad se multiplica”, afirma la coordinadora de la entidad. FCM denuncia estas prácticas porque están naturalizadas y porque lleva emparejado “la muerte civil de las propias personas a las que se les aplica”, sentencia. Ello se debe a que la incapacidad total previa y necesaria para la esterilización conlleva también la privación de derecho al voto, entre otros.

La comisión de la mujer de CERMI pidió en 2012 la derogación del artículo del Código Penal que permite esterilizar a personas incapacitadas. A día de hoy ese artículo sigue vigente.

Hemos intentado ponernos en contacto con las familias, pero estas callan y tiene sentido porque al fin y al cabo son las que ordenan la esterilización de sus hijas. Las esterilizadas tampoco se encuentran en situación de hablar de ello. Por tanto, asociaciones, trabajadores y activistas ponen voz a su silencio.

Hay historias que hablan de sus vivencias aunque sea desde el anonimato. Una de las historias anónimas habla de unos padres que dijeron a su hija que la iban a operar de apendicitis para después realizarle una ligadura de trompas. Yo me pregunto que quizá con un lenguaje accesible esta chica podía entender perfectamente a lo que le estaban sometiendo sin su consentimiento.

“Al ser así es complicado poder visibilizar el problema y desde los colectivos feministas no saben muy bien cómo resolverlo”, nos cuenta Soledad Arnau, activista de Vida Independiente e integrante del departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED. “Lo absurdo de esto es que en las mismas residencias de ciertas asociaciones que lo denuncian también se producen estas conductas y vulneración de derechos, tales como abusos sexuales”, denuncia la activista.

Otro de los casos sin nombre ni apellidos habla de una chica embarazada con discapacidad intelectual a la que la familia llevó a un centro de manera obligada y le aplicaron un óvulo para provocarle una interrupción del embarazo. O chicas con síndrome de Down a las que dicen que les han puesto un parche para adelgazar cuando se trata de un método anticonceptivo. En este caso se trata también de una manera de intervenir un cuerpo sin su consentimiento, aunque no estemos hablando de esterilización.

Desde CERMI piden una información que sea accesible para que sean las mujeres las que decidan libremente sobre sus cuerpos. Caballero incide en la importancia de los estereotipos que manejamos en la sociedad para poner fin a estas prácticas. “Es necesario un acercamiento mucho más real y menos negativo en el uso del lenguaje. Lo que lo hace trágico es vivir en una sociedad tan hostil ante situaciones y cuerpos diversos. Parece que vivimos en un país con estándares de derechos humanos elevadísimo cuando hay personas que viven auténticos momentos de drama”, explica.

Marga —nombre ficticio— es trabajadora de atención a personas con diversidad funcional y opina también que el principal problema proviene de la falta de posicionamiento de la sociedad y de ver a la mujer como mujer que es.

“La mayor dificultad que tienen estas mujeres con las que trabajamos es la pobreza”, asegura Marga. “Tienen sueldos miserables, madres solteras que sacan a sus hijos como pueden. Tras la crisis, las ayudas a las madres se han reducido una barbaridad”. No existe una mentalidad de ciudadanía y de apoyos, de no dejar a nadie atrás “dependiendo de las necesidades de cada persona”, aclara.

Todas las entrevistadas coinciden en la importancia de dar información y que la mujer pueda decidir con las herramientas y los apoyos adecuados. Una educación sexual desde pequeñas, así como el uso de anticonceptivos y su seguimiento son ideas fundamentales, pero “es más fácil cortar por lo sano y no tener que dar apoyos como pueden ser los anticonceptivos en los centros de día”, añade Marga.

Las redes de apoyo en las personas con diversidad funcional son cruciales a la hora de poder llevar a cabo un embarazo y posterior crianza. No es algo que sea exclusivo a las personas con discapacidad, sino extensible a toda la sociedad, en la que la precariedad nos impide a veces ser madres si no contamos con las ayudas necesarias.

La discapacidad intelectual dentro de las discapacidades es la que tiene menos voz. El acceso a la información y sus derechos es más complicado para las mujeres. Dentro de lo que son las discapacidades diversas, la intelectual se encuentra en el último escalón. Lo que se busca es que ellas den su opinión al margen de su familia para que así pierdan el miedo a ser cuestionadas.

Las esterilizaciones, según comenta Marga, se dan especialmente en chicas jovencitas para evitar el embarazo. Familiares cercanos a mujeres esterilizadas temen que personas con discapacidad, sobre todo intelectual, no puedan cuidar de sus hijos, ya que, consideran, no pueden cuidar de sí mismas.

Los miedos de las familias hacen que en lugar de darles herramientas para comunicarse y defenderse, les sigan poniendo dibujos con 30 años, “por lo que no se empoderan nunca”, explica Marga. La trabajadora en el ámbito de diversidad funcional considera que no se ve a la mujer como mujer que es cuando se trata de este tema. “Son personas infantilizadas, asexuadas, consideradas niñas y ángeles eternos”, concluye.

Soledad Arnau apuesta por una cultura y educación menos asistencialistas, ya que si una persona con síndrome de Down recibe una educación de calidad e inclusiva de respeto puede ser alguien mucho más independiente, “por eso es interesante la cultura de Vida Independiente, ya que al autodeterminarme yo tomo poder sobre mí misma ante cualquier violencia”, apunta.

Por otro lado, la investigadora y activista, tiene claro que el “consentimiento informado ha de ser accesible y de lectura fácil y en los casos donde esa persona no puede representarse a sí misma a esa persona habría que respetarla, pero desde luego no hacer ensayos clínicos con ella, como ocurre también en otros casos”.

El Consejo General del Poder Judicial guarda silencio. No quieren que se reabra un debate sobre lo ético, el bien o el mal y los derechos de las personas que priman sobre los prejuicios sociales. No consta ningún caso en el que el Juez no haya consentido la esterilización.

No son casos aislados, asegura Soledad Arnau, y denuncia que “con la esterilización es necesario reconocer que todos somos responsables de que siga ocurriendo. Desde el movimiento feminista hasta las asociaciones que luchan para poner fin a estas prácticas”. En muchas residencias subvencionadas por las administraciones públicas además este tipo de casos también ocurren. Arnau es clara en el mensaje y considera que si las esterilizaciones siguen ocurriendo es porque “el movimiento asociativo de la discapacidad o del feminismo realmente lo está consintiendo cada día”.

Este tipo de violencia y abusos sexuales se producen también en el entorno familiar, sobre todo en mujeres que no tienen una red social amplia. De hecho, varios casos llevan acompañados un abuso sexual continuado por un miembro de la familia. Otro de los testimonios sin voz habla de una hija violada por su propio padre, se quedó embarazada y la madre de la agredida se hizo cargo del bebé tras desaparecer durante un tiempo de su localidad. Tras ello esterilizaron a la hija. Servicios sociales no hizo demasiado al respecto, según las fuentes consultadas.

“El aborto es, por supuesto, una opción. Pero la prevención debería ser la prioridad en estos casos”, argumenta Arnau. Además, explica, “no sólo se ha producido la esterilización en personas con diversidad funcional, sino a más colectivos vulnerables con el fin de que no se reproduzcan”.

Llegados a este punto ¿quién decide quién debe o no ser madre? La frase “nosotras parimos, nosotras decidimos” va más allá del derecho al aborto, es también un grito de guerra para decidir sobre nuestros cuerpos tengan o no discapacidad.

Fuente: Broadly