Susana Díaz, con los ex presidentes de la Junta de Andalucía

La Fiscalía Anticorrupción cuantifica por primera vez el grueso de damnificados por el reparto discrecional de dinero público por parte de la Junta de Andalucía en lo que se conoce como trama de los ERE: más de 120.000 trabajadores afectados por expedientes de regulación en casi 9.500 empresas no pudieron acceder a ayudas para financiar despidos y prejubilaciones, entre ellas muchos empleados y negocios de la provincia. Es por esto por lo que el PP suele referirse a las cantidades defraudadas como “el dinero de los parados de Andalucía”. Como publica el diario El Mundo en su edición de este pasado domingo, el Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, detalla que en la década 2000-2010, años de la malversación de los fondos, en la comunidad se presentaron 9.461 expedientes de despidos masivos (ERE) que tocaron a 120.829 empleados. El saqueo desvió 741 millones de euros, según contabiliza Fiscalía.

“El número de empresas que sí recibieron fondos es de 77 y, a la vista de las irregularidades en los expedientes, no necesariamente fueron compañías en situación de crisis, como se ha demostrado en numerosos casos”, publica el referido diario generalista en un análisis en el que recoge que Anticorrupción también subraya cómo se destinaron fondos del denominado fondo de reptiles —la conocida como partida 31L— a pagos que nada tenían que ver con el objeto de las subvenciones, como liquidar nóminas, deudas, el pago de avales o minutas por asistencia jurídica.

En junio del año pasado, como ejemplo de estas prácticas y como también recogía El Mundo, la Guardia Civil hacía entrega al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de un informe de seguimiento sobre las subvenciones concedidas por la Junta a Jerez Industrial SA, una empresa disuelta a finales de 1999 y a la que la concedió ayudas públicas para prejubilaciones por un importe de 12,5 millones de euros. Entre esas supuestas prejubilaciones estaba la de María Dolores Gutiérrez Rosique, que no solo no trabajaba en la industria gráfica liquidada, sino que además ya había cumplido los 65 años cuando se contrató el seguro de rentas. Ella era el falso prejubilado número 71 que se añadía a la trama de los ERE desde el arranque de la instrucción a mediados de 2011.

Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción reclama, en el escrito de calificación que ha remitido al Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, seis años de cárcel para el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y diez años de inhabilitación en empleo o cargo público para su antecesor, Manuel Chaves. Al primero lo acusa de ser presunto autor de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales, mientras que a Chaves, de un supuesto delito de prevaricación continuada.