La presidenta Francina Armengol en el Parlament.

Obligar a los funcionarios a que se comuniquen en catalán, como quiere imponer el Govern de la socialista Francina Armengol y los nacionalistas de Més, es ilegal. La Justicia catalana así lo consideró en 2015 cuando el Govern catalán estableció un protocolo -similar a las últimas directrices del Ejecutivo balear- en donde se establecía la obligación a todos los empleados públicos de la Administración pública catalana.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la obligación de los funcionarios catalanes de utilizar el catalán como lengua de comunicación oral, así como dirigirse a los ciudadanos durante su ejercicio profesional, al considerar que tales órdenes atentaban contra la libertad de expresión.

La sentencia de 9 de diciembre de 2015 del TSJC anuló la obligatoriedad contenida en un protocolo de la administración catalana que obligaba a utilizar el catalán como idioma preferente en la atención a los usuarios, en las relaciones profesionales, entre funcionarios y en las llamadas de teléfono.

Esta sentencia dejó sin efecto, por ejemplo, la orden de rellenar exclusivamente en catalán la documentación interna de la Administración (nóminas, contratos, avisos, circulares,..), y que la lengua de comunicación entre el personal fuera la catalana, tanto presencialmente como por teléfono, en la megafonía o en las reuniones de trabajo.

El TSJC apeló a las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) de 1986 y 2010 considerando que «siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación el protocolo pretende imponer a los profesionales el uso de una sola de ellas sin justificación conocida».

Como informó este diario el pasado lunes, el pasado 1 de septiembre el Govern envió a todos los funcionarios de la CAIB una circular firmada por la Directora General de Política Lingüística (MES), Marta Fuxá, y el Director General de Función Pública, Pedro Jiménez (PSOE), donde se indicaba la necesidad de «asegurar el uso del catalán». Para ello informaban a los funcionarios de que la obligación de seguir una serie de pautas, entre ellas la de asegurar el uso del catalán «en las relaciones internas y externas».

La citada circular se asemeja al plan lingüístico ideado por el gobierno catalán, aunque no es tan concreto. No obstante, sigue la senda marcada por el nuevo plan de política lingüística aprobado recientemente para fomentar o exigir el uso del catalán en todos los ámbitos en Baleares. Este plan incluía 136 medidas, obligatorias incluso para las empresas privadas, encaminadas a solventar el «problema» de la «infidelidad lingüística» de los catalanohablantes que cambian al castellano. Preveía exigir el título de catalán al personal nuevo de las empresas privadas y ventajas fiscales para las que cumplieran con el «requisito del catalán» e, incluso, contemplaba vetos lingüísticos para conceder licencias de apertura de negocio. Tras la polémica suscitada, Armengol dio marcha atrás en la intromisión de la gestión del sector privado, ya que algunas voces apuntaban que era ilegal.

La Fundación Cïrculo Balear, entidad defensora del bilingüismo en las Islas, ha alertado de que esta circular contraviene la legalidad y recomienda a los funcionarios que no cumplan con las indicaciones y utilicen normalmente cualquiera de las dos lenguas oficiales. Por su parte, el partido Ciudadanos (C’s) ha denuncido esta «imposición» al considerar que atenta contra la libertad individual del funcionario.