Carlos Alvarez Cozzi.- Como ya lo habíamos preanunciado en dos artículos nuestros, lo que podía suceder con la maternidad subrogada y los vientres de alquiler, ya está sucediendo lamentablemente, y en claro perjuicio del “interés superior de los menores”, previsto por el art. 9 de la Convención de los Derechos del Niño. Por ello, algunos Derechos Nacionales han regulado prontamente el tema, incluso prohibiendo determinadas acciones dentro de esta práctica de la maternidad subrogada. Y es totalmente lógico, toda vez que el interés de los niños pareciera ser lo que menos importa.

El caso que oportunamente comentamos fue de una pareja en Estados Unidos de América que se separó durante la gestación del embarazo que había contratado con una chica, implantándole un óvulo no de la esposa, fecundado con el esperma del esposo. La chica tuvo a el hijo y luego se planteó la disputa entre los esposos por el tema de la tenencia del mismo, con el ingrediente agregado que la esposa había pretendido antes que el vientre contratado abortara porque ella se había separado y por ello… ¡quería cancelar el contrato!

Hubo otro caso notorio en Tailandia, que si bien tiene elementos comunes, presentó algunas diferencias, porque la pareja que encarga el embarazo es compuesta por personas del mismo sexo, lo que origina dificultad agregada, pero igualmente deja al descubierto el común barbarismo antinatural de la práctica, que claramente va en perjuicio del sujeto que debería ser privilegiado y protegido, que es el niño o niña.

La buena noticia es que ahora, recientemente, el Consejo de Europa ha rechazado la legalización de los vientres de alquiler.

Esto implica un revés importante para la “industria” de esta especie de verdadera “trata de seres humanos” y una victoria de la dignidad contra el comercio del cuerpo humano. El polémico documento para promover la legalización de las madres de alquiler, más conocido como Informe Sutter, ha sido rechazado en una votación (16-15) del Comité Social y de la Salud perteneciente a la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo (PACE).

El responsable de la iniciativa es Petra de Sutter, un socialista belga conocido por su activismo en defensa del colectivo LGTBI. De Sutter, transexual reconocido, luchaba por concretar uno de los objetivos más importantes de la agenda LGTBI, que era la legalización de las madres de alquiler.

A pesar de que sólo se defendía la legalización de las madres de alquiler, “supuestamente” sin fines comerciales, la aprobación del informe Sutter hubiera supuesto el primer paso que conduciría inexorablemente a la legalización completa de los vientres de alquiler bajo cualquier circunstancia.

Y decimos “supuestamente” porque su vinculación con el negocio de los vientres es doble. Por un lado, De Sutter es jefa del Departamento de Medicina de la Reproducción del Hospital Universitario de Gante, Bélgica, centro en el que utiliza técnicas de subrogación.Y por otro, tiene relación con una clínica situada en la India que se dedica a los vientres de alquiler. India es uno de los países donde más ha proliferado esta práctica que convierte a la mujer en un objeto de mercadería. Por eso también recientemente este país ha anunciado que regulará legalmente el tema. Es decir, que Petra de Sutter es juez y parte.