Presentación ante la prensa de la detención de cabecillas de Los Zetas, el 9 de junio de 2011. Uno de los tantos operativos espectaculares

Ignacio Mendoza es un abogado mexicano. Aunque ejerce libremente su profesión, tiene un pasado que lo hace un sobreviviente de la llamada guerra contra las drogas. En 2009, en lo que se llamó como el mayor operativo de captura de funcionarios relacionados con grupos criminales, conocido como “Michoacanazo” –por haberse desarrollado en el estado de Michoacán (Occidente)- fue detenido y enviado a prisión junto con otras 36 personas por su presunta relación con narcotraficantes.

Fue una noticia de enorme impacto en los medios. Pero al poco tiempo Mendoza salió libre junto con todos los demás: las pruebas no sostenían las acusaciones. El operativo, afirma, sólo fue un intento del ex presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, por mostrar resultados en su guerra contra el crimen organizado.

Soldados mexicanos muestran el secuestro de miles de dólares a capos narcos en una presentación ante los medios en la Ciudad de México

El 8 de diciembre de 2006, Calderón Hinojosa anunció el “Operativo Conjunto Michoacán”, que consistía en el envío de 4.200 elementos del Ejército, 1.000 de la Marina y 1.400 policías federales para contener la ola de violencia que entonces se libraba en este estado, dominado por el cártel de La Familia Michoacana y bajo un gobierno de izquierda, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El Ejército dejó los cuarteles para asumir las funciones de policía civil. Fue el puntapié inicial de lo que se llamó luego “guerra contra el narcotráfico”.

Soldados se alinean antes de abordar vehículos que partirán hacia el norte de México para participar de operativos de erradicación de cultivos de drogas

La estrategia de Calderón fue continuada por el actual presidente Enrique Peña Nieto, con resultados no menos alentadores. En esta década se suman miles de muertos, desaparecidos y escenas de horror nunca vistas en México, como miles de piezas de cuerpos que todos los días brotan de fosas clandestinas.

Las cifras difieren entre sí, pero al menos, a septiembre de 2015, la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) reconocía 27.000 desaparecidos, más de 155.000 homicidios dolosos entre 2007 y 2015, de los cuales al menos 91.406 estarían relacionados con el crimen organizado, según un reporte de Lantia Consultores, un think tank mexicano especializado en temas de seguridad.

Durante el sexenio de Calderón (2006-2012) se detuvo o abatió a 45 líderes de grupos criminales, mientras que la administración Peña Nieto presume 93. Sin embargo, la estrategia de “descabezamiento” seguida por los dos presidentes ha fragmentado al crimen organizado, que pasó de siete a dos grandes cárteles, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cientos de células remanentes de organizaciones que ya fueron desmanteladas como Los Zetas, los Caballeros Templarios y Los Beltrán Leyva, entre otros, y ha convertido al país en un territorio en disputa ya no sólo por parte de las bandas del narcotráfico, sino también de quienes secuestran, extorsionan y se dedican a la trata de personas, principalmente mujeres.

Como sucede en el estado de Guerrero (Centro), donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde no existe información exacta de si son 10 o 50 los grupos criminales que operan en el territorio.

En los dos años que restan de la administración del presidente Peña Nieto, no hay muchas esperanzas de que los resultados mejoren: “El sexenio no tiene rumbo, todavía va a haber miles de muertos”, afirma a Infobae Javier Oliva Posada, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que actualmente realiza un año sabático en el King’s College de Londres.

El académico afirma que no son dos sino tres los presidentes que han lanzado estrategias contra las drogas, el primero fue Vicente Fox el 11 de junio de 2005, con el programa llamado “México Seguro”, pero ninguno ha logrado resultados que vayan a solucionar la violencia, porque simple y sencillamente “no está clara la estrategia”.

Quince detenidos por día, pero el crimen sigue

Un cuerpo mutilado cuelga de un puente en Tijuana, un típico ritual de venganza narco

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un informe con resultados al 31 de octubre de este año, destaca de que desde diciembre de 2012 –cuando asumen Peña Nieto- a octubre de 2016, se han detenido 22.452 personas por narcotráfico, es decir, 15,3 por día. Sin embargo, el impacto no es el deseado porque México no sólo acumula una década de guerra, sino también “una acumulación de errores”, dice Oliva Posada.

En esa acumulación de errores enumera el haber nombrado en 2013 a Miguel Robles Bárcena, un veterinario maestro en Ciencias de la Salud y Reproducción Animal, como secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el órgano de inteligencia del Estado.

Estos errores también convirtieron a la mafia mexicana en una de las más globalizadas e importantes a nivel mundial, y a que sus grupos tejieran alianzas con peligrosas pandillas como las maras centroamericanas.

“Estamos al nivel de cualquier país que está en guerra sin estar en guerra…No está clara la estrategia. México es un caso único por el nivel de violencia”, afirma.

Si se sumaran los homicidios dolosos acumulados desde el inicio de la guerra contra las drogas, darían un aproximado de 42 homicidios por día. El estimado de muertes violentas durante la guerra contra el narco es México es de 155.000 hasta 2015, mientras que la guerra de Iraq dejó 151.000 muertes violentas –según información de su Ministerio de Salud.

Cabecillas de los carteles de Los Zetas y del Jalisco Nueva Generación echibidos ante la prensa, tras su detención

“El problema es estructural y las estrategias han sido coyunturales. El problema estructural de las agencias de seguridad del Estado mexicano es su politización, sus conflictos de poder político y económico y esto ha tenido dos grandes consecuencias: descoordinación y poca cooperación para llevar a cabo una estrategia de largo plazo. No hay incentivos dentro del sistema político que permitan crear una política de Estado en materia de seguridad”, dice por su parte a Infobae, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Sánchez Lara y Oliva Posada coinciden en que de nada sirve presumir las cifras de cabecillas atrapados, como “El Chapo” Guzmán o el Z40 si no existe un cambio desde las policías locales, que son el eslabón más débil al tratarse de elementos policíacos poco preparados, mal pagados y sin el equipo suficiente para hacer frente a grupos criminales que cuentan con armamento profesional capaz de derribar helicópteros del Ejército.

“Si queremos avanzar, debemos tener profesionales y no tener a políticos que les interesa avanzar en su carrera”, expresa el experto de la UDLAP.

Para salir de este entramado iniciado por Calderón, afirma que el país debe encontrar una agenda de largo plazo para reducir los problemas de politización de la seguridad y crear estrategias para atenuar la violencia.

“Es infinita la capacidad de aguante de los mexicanos y las élites piensan que estamos dispuestos a aguantar toda la vida esto. Ya hay focos de alerta del hartazgo de las instituciones y la sociedad: el de las fuerzas armadas por su actuación extraordinaria debido a la incapacidad de los cuerpos civiles para manejar la situación, y que le ha traído costos a su imagen; es cierto que a cambio han recibido mayores presupuestos -los militares-, pero no hay fuerzas armadas que alcancen para siempre”, advierte.

El Ejército atraviesa por un momento en el que ha sido criticado duramente por su participación en casos de ejecuciones extrajudiciales. En 48 meses se han presentado 800 quejas en contra de la milicia por violaciones a los derechos humanos.

El académico de la UDLAP considera que México está en un punto de quiebre y una prueba es el surgimiento de los llamados grupos de autodefensa (ciudadanos armados que se encargan de la seguridad en sus pueblos), las ejecuciones extrajudiciales, así como los llamados “vengadores anónimos”, un fenómeno de los últimos meses en el que ciudadanos hacen justicia por mano propia, principalmente en contra de ladrones. Con 12 ex gobernadores señalados por presunta corrupción, de los cuáles sólo uno está preso, la “impunidad rampante” es otro elementos que impide avances en este guerra.

Legalización en Estados Unidos y aumento del consumo en México

Un soldado custodia la quema de paquetes de marihuana en Tijuana, en cotubre de 2010

Durante todo 2015, según cifras de la Sedena, fueron decomisados en el país 1.116.998 kilos de marihuana, casi el doble de 2014. Pero este año volverá a caer la incautación, ya que a octubre de 2016 la cifra era de 533.764 kilos. Esta reducción coincide con la legalización del consumo en algunos estados de Estados Unidos, pero también con un aumento en el consumo en México.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (Encode), presentada en enero, reveló que el consumo de sustancias ilícitas en jóvenes de 10 a 18 años se duplicó entre 1991 y 2014.

Posada afirma que la guerra no terminará con el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2018, y quien busque ser el próximo presidente de México tendrá que enfrentar cuatro retos: abordar el tema de la legalización de la marihuana con un enfoque serio; la restructuración del sistema judicial mexicano para que exista un verdadero involucramiento del Poder Judicial; una revaloración del sector defensa y un presidente que evidencie un liderazgo institucional, con declaraciones patrimoniales abiertas y protocolos de confianza.

Para el abogado Ignacio Mendoza, el fracaso de la guerra contra las drogas es también un problema político detrás del cual la verdadera intención son golpes espectaculares, show para las cámaras, como el que lo llevó a la cárcel en 2009. Agradece el seguir vivo y el haber salido libre por falta de pruebas sólidas. Pero aún ahora, sigue esperando una disculpa del Estado.