Arsenio Fernández de Mesa, en Zaragoza, durante la celebración de la patrona de la Guardia Civil

Por José L. Román.- El pasado 23 de noviembre, y en la entrevista concedida por usted a La Voz de Galicia, después de apuntar que aún no sabe cual será su futuro tras cesar en el cargo de director general de la Guardia Civil, decía usted lo siguiente: “Han sido cinco años de tensión permanente. Es un cargo muy duro”.

Yo no tengo elementos de juicio suficientes para opinar acerca de esa “tensión” y esa “dureza” a la que usted se refiere. Lo que sí sé, es que para ocupar ese cargo, usted no tuvo que superar ningún tipo de oposición ni tampoco presentar historial académico o laboral alguno, como requisito indispensable e imprescindible para dirigir una institución de 83.000 almas. A usted, solo le hizo falta el dedo del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para ser colocado.

Lo que también sé -porque cualquier español tiene la posibilidad de constatarlo-, es que después de cinco años como máximo responsable de esta gran institución, usted no ha sido capaz de solucionar lo que bajo mi punto de vista se considera la mayor injusticia moral y económica que afecta de manera muy grave a miles de guardias civiles, a los que la sociedad les ha confiado entre multitud de tareas y misiones, la de velar fielmente por el orden constitucional establecido.

Me estoy refiriendo a las llamadas “indemnizaciones por razón de servicio”, y que coloquialmente se conocen como “dietas”. Pues bien, la ley que regula este tipo de indemnizaciones dentro de la función pública, es de las más injustas que existen hoy en la Legislación española, pues en algo tan básico como es la asignación económica para alimentación y alojamiento, los poderes públicos marcan una clara discriminación peyorativa entre unos funcionarios y otros, incluso dentro de un mismo colectivo.

No seré yo, quien caiga en el infantilismo de discutir las retribuciones por razón del cargo, empleo o grado, cuando esas retribuciones se refieran al sueldo básico de un colectivo jerarquizado dentro de la función pública. Las cuantías de estos sueldos o salarios, está claro que podrán ser más o menos discutidas, en tanto en cuanto lleven aparejadas responsabilidades que, en teoría, son inherentes al grado o empleo de cada individuo. Cuanto más alto sea el grado o el empleo dentro de la jerarquía, y como consecuencia más responsabilidad, mayor deberá ser el sueldo a percibir. Creo que en esto, estaremos ambos de acuerdo.

Pero, cuando yo hablo de una injusticia tan evidente y que se ha convertido en rémora, porque nadie se enfrenta a ella con intención de corregirla y subsanarla, me estoy refiriendo al hecho de que dependiendo del cargo o el empleo, la legislación española autoriza a que un sector de un mismo colectivo pueda percibir unas cantidades en concepto de “dietas” que les permitirá comer y alojarse en un hotel con un menú más o menos decente y una habitación cómoda y limpia. Mientras que a otro sector de individuos de esa misma institución u organismo -que en la mayoría de los casos son comisionados y viajan junto a los primeros-, se les asignan cantidades tan exiguas que: 1.- No pueden alojarse en el mismo establecimiento que aquellos. 2.- El menú quedará reducido muchas veces a un bocadillo con vaso de vino y postre, y, 3.- Con un poco de suerte, podrán pernoctar en el catre, de una humilde fonda o pensión.

Bien está reivindicar una justa y necesaria equiparación salarial entre guardias civiles y el resto de policías autonómicas y locales, ya que la Guardia Civil no tiene ni debe ser la cenicienta estatal. También considero justo, como he dicho antes, que cuanto mayor sea la responsabilidad del empleo, mayor deberá ser también el salario a percibir. Pero, lo que no es admisible bajo ningún concepto, es marcar diferencias tan abismales en las asignaciones por manutención y alojamiento, sobre todo, y esto lo sabe usted muy bien, cuando componentes del mismo Cuerpo pero de distintos empleos, viajan y se desplazan fuera de su lugar de destino por razones del servicio a trabajar al mismo lugar, y a desarrollar su actividad en un mismo caso o idéntica misión.

La ley que regula las indemnizaciones por razón de servicio, es una ley antidemocrática e injusta, que marca diferencias sumamente aberrantes. Pero no ha habido todavía nadie, absolutamente nadie, con un mínimo de sentido social y responsabilidad dentro de la Administración, que haya estado dispuesto a enfrentarse al sistema y denunciar públicamente algo tan anormal y monstruoso.

Por lo tanto, señor Fernández de Mesa, hablar de cinco años de “tensión” y “dureza”, sin haber sido capaz de afrontar, acometer y solucionar este grave problema, y sin acabar con la que considero la mayor de las injusticias que sufren hoy los guardias civiles, es justificar ante los medios el ciclo de su mandato con una mera declaración de intenciones. Quizá usted quiso, pero no pudo. No lo sé.

Pero es inútil pretender que el agua fluya y circule tranquilamente por el cauce, cuando se ve cegado, el origen del manantial del agua, que por ese cauce discurre.

Saludos cordiales, y ¡Feliz Navidad!