La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez.

EC.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) se ha hecho eco de los “procesos de radicalización en centros educativos públicos” de Euskadi dentro de su informe sobre la protección de los derechos del niño. Este organismo ha recogido las aportaciones que ha realizado a este dosier el colectivo de víctimas del País Vasco, Covite, y que alertan de que los niños en esta comunidad son “todavía a día de hoy víctimas de discursos de odio que se incrementan sin contención alguna hacia quienes no comparten su mismo ideario”.

La entidad liderada por Ban Ki-moon pidió a Covite que realizara aportaciones al informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) sobre la protección de los derechos del niño en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dada su condición de estatus consultivo. El colectivo que encabeza Consuelo Ordóñez, la única asociación de víctimas de ETA en España que cuenta con este carácter para la ONU, remitió el pasado 14 de octubre sus contribuciones, reflejadas en un documento de cinco páginas bajo el título ‘Terrorismo y procesos de radicalización violenta en niños: dos importantes barreras para lograr el desarrollo sostenible”.

Ahora, la ONU ha recogido estas aportaciones con la publicación en su web del texto íntegro dentro del informe. El documento, que lleva la firma de la responsable de Relaciones Internacionales de Covite, Irene Muñoz, denuncia el “desconocimiento” que existe en España sobre “el alcance exacto de los efectos del terrorismo sobre las vidas de los niños durante décadas, especialmente del ejercido por la banda terrorista ETA”, así como de “los diversos procesos de radicalización violenta a los que este sector de la población se enfrenta”, entre ellos, desde las propias aulas. Las aportaciones formarán parte de la información a tener en cuenta en el informe que el Alto Comisionado ha de elaborar sobre esta materia, según mandato de la resolución 31/7 del Consejo de Derechos Humanos, de 23 de marzo de 2016, para su presentación a su 34º periodo de sesiones.

Como “ejemplos de radicalización violenta”, la ONU alerta a instancias de esta asociación de víctimas de los procesos que se llevan a cabo en “centros educativos públicos” del País Vasco y en “centros de menores” de Ceuta, Melilla, Madrid y Cataluña. Para dejar constancia de los “discursos de odio” que se fomentan desde el ámbito de la enseñanza a los niños vascos, da cuenta como “uno de los últimos actos” del homenaje que medio centenar de alumnos menores de edad del Instituto Agustín Iturriaga de Hernani (Guipúzcoa) tributó a 22 miembros de ETA el 27 de septiembre en las instalaciones del recinto, “en horario lectivo y en presencia de otros menores”. Y lo ilustra con una fotografía en la que se aprecia a todos estos menores en el patio del centro portando imágenes de los terroristas, alguno de los cuales, según refleja, cuenta con “hasta 13 asesinatos a sus espaldas”, en alusión a Juan Oyarbide Aranburu. Además, hace hincapié en que el acto fue difundido en la red social Twitter, “incluyendo, además de las fotografías, un vídeo de un ‘aurresku’ [una danza vasca] efectuado en honor de los terroristas en el propio centro”. Este homenaje ha llegado a la Audiencia Nacional con la denuncia que presentó Covite contra la dirección del colegio por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo.

Junto a este ejemplo del “riesgo de radicalización violenta de los niños” en los centros escolares vascos, el organismo presidido por Ban Ki-moon también pone de manifiesto a modo de denuncia que “durante décadas los niños españoles han sido víctimas directas de la violencia de la banda terrorista ETA”.

Igualmente, la ONU advierte de los “procesos de radicalización violenta en centros de menores de Ceuta, Melilla, Madrid y Cataluña”. Señala que desde los atentados terroristas islamistas en París y Bruselas, “ha quedado suficientemente constatado que los terroristas que los perpetraron nacieron y se formaron en centros educativos públicos europeos”, por lo que defiende que “se hace imprescindible promover una educación en los términos expuestos, así como contar con mecanismos de identificación de procesos de radicalización ya en marcha que impliquen a profesores, tutores y estudiantes”.

Informe de la Fiscalía

A este respecto, el documento recoge la alerta reflejada en el Informe anual de la Fiscalía General del Estado de 2015 de que “en algunas de las operaciones policiales más recientes han sido identificados niños menores de edad en disposición de desplazarse a Siria para sumarse a la causa del Estado Islámico”. Esta situación, prosigue, “ha exigido una respuesta legal combinada y coordinada con participación de la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la adopción de medidas destinadas a proteger los derechos de los menores de edad”.

Como conclusiones, el texto constata que “el terrorismo, la incitación al odio y la xenofobia” representan “graves amenazas” a la hora de proteger los derechos de los niños para su desarrollo sostenible. Para lograr las metas fijadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, asegura que los pequeños “requieren una protección especial basada en el desarrollo de nuevas habilidades y competencias para una autoafirmación positiva (pensamiento crítico, compromiso, solidaridad y responsabilidad) orientada a construir una cultura de paz, así como una protección contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, actividades, opiniones expresadas o creencias de sus padres, tutores o familiares”. Solo así, expone, “se puede desarrollar y preservar lo que la Unesco ha denominado ‘vínculo ético entre el pasado, el presente y el futuro’ e intervenir responsablemente sobre la realidad que interpela nuestras conciencias”.

Con sus aportaciones, Covite muestra su deseo de que la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituya una oportunidad para “impulsar una conciencia global sobre los efectos perniciosos” que tienen en los derechos de los niños el desconocimiento de los efectos del terrorismo sobre sus vidas durante décadas y “los procesos de radicalización violenta” impulsados desde diferentes ámbitos. En este sentido, la ONU recoge las cuestiones que plantea la asociación de víctimas del País Vasco: “¿Comparten todas las naciones una conciencia común en torno a las consecuencias que tienen las acciones terroristas a corto, medio y largo plazo sobre la población infantil? Y si la hay, ¿qué se ha hecho al respecto? Además, más allá de los atentados, ¿qué se hace para prevenir o atajar discursos del odio que, en muchas ocasiones, utilizan el cauce de la educación para encontrar espacios donde germinar? ¿Cómo se puede hablar de compromiso de protección de los derechos de los niños, obviando el impacto que tiene en sus vidas el terrorismo o el ideario sobre el que este se sustente?”.

La ONU también requirió a Covite que realizara aportaciones a su informe sobre “los efectos del terrorismo en el disfrute de los derechos humanos”, que se plasmaron en un extenso documento de 57 páginas que fue remitido el 23 de septiembre, en el que se abordan las repercusiones de la violencia de ETA en las víctimas y en la sociedad, y la “respuesta cívica frente al terrorismo y la radicalización violenta”.