Según Jorge Vigon, solo el que manda ha de hacerlo también dentro de límite de sus atribuciones en virtud de aquella ordenación en que juega; y las ordenes han de recaer sobre cosa lícita y permitida. Fuera de la ley no hay obediencia debida.

En este supuesto, continúa, la utilidad pública está implícita en las órdenes del que manda legítimamente; condición de legitimidad que si en muy excepcionales condiciones – por imposición de deberes de orden superior – señala un límite a la obligación de obedecer, le deja de ordinario toda su fuerza de obligar, sin ponerle tasa.

Todo el quid de la cuestión suele estar en no servir a un poder que no sea legítimo. Sólo que ni a todo el mundo pueden inquietar estos conflictos ni todos tienen capacidad para resolverlos.

Olvidar esto puede conducir a situaciones de una desagradable fecundidad. En una orden hay que distinguir entre la letra y el espíritu y hay ocasiones en que, como se atiene mejor al espíritu, es desobedeciendo la letra de las órdenes.

Cuando no se tiene esta seguridad, la consecuencia puede ser la del coronel del cuento, que un día se encontró con la tropa sublevada.

A quienes no están preparados intelectual y moralmente para entender rectamente, hay que hacerles comprender la necesidad de resignar el cuidado del discurso y la facultad de decisión en quienes puedan ejercitarlos, cuestión que no comprenden los dirigentes separatistas catalanes. En la milicia y en las FFCSE ha de ser el oficial al mando quien siempre sepa dónde está el deber y quién está capacitado para señalarlo.

La tarea es fácil en las circunstancias normales; pero cuando éstas se salen de lo corriente como va a pasar en Cataluña pueden ser extraordinariamente dificultosas.

Pero las situaciones en que la rebeldía es un deber, como es el caso de los miembros de la policía autónoma catalana respecto a sus mandos políticos, son tan poco numerosas como extravagante es el caso catalán.

No es lo corriente que a unos modestos mossos, se le presenten ocasiones de resolver estos arduos problemas de esta especie como se los plantean los separatistas. Pero como parece que va a ocurrir a cualquiera le bastaría una brevísima meditación para no extraviar su conducta; porque si la orden de ejecución es injusta y del incumplimiento de tal no se deriva un mal mayor, el deber estricto es el de desobedecerla.

Cuando la orden injusta no parte de tan altas instancias jerárquicas, entonces la solución al conflicto es mucho más sencilla; la injusticia es una evasión del orden, de la ordenación: es una insubordinación, porque la subordinación obliga a todos por igual, al superior como al subordinado, al que manda como al que obedece.

Entonces, si la importancia del caso lo justifica, como en el hipotético caso catalán, el subordinado tiene siempre expedito el camino para recurrir de la injusticia o de la extralimitación. Si el superior no revoca la orden, como el daño de la insubordinación será, en este caso, menor que el que cause la subordinación o la ejecución de la susodicha orden, deberá incumplirse”.

* Teniente coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca