Homs, a su llegada al Supremo arropado por dirigentes de su partido.

Francesc Homs ha reconocido este lunes que la Generalitat conoció el 4 de noviembre de 2014 la suspensión por el Tribunal Constitucional de la consulta ilegal del 9-N, un referéndum encubierto que el Gobierno de Artur Mas convocó y celebró cuatro días después, el 9 de noviembre, a pesar de la decisión del TC. «Sí, como institución, la Generalitat se dio por notificada el 4 de noviembre», ha asegurado el diputado del Partido Demócrata de Cataluña, quien ha alegado en cambio que interpretaron que estaban obligados a seguir adelante. La Generalitat recibió la notificación oficial del TC en su registro oficial, además de por correo.

El entonces Consejero de Presidencia de la Generalitat ha reconocido todos los actos que se le atribuyen –encaminados a impulsar la celebración del 9-N- y más, pero ha jugado con las palabras para evitar que sea condenado por desobediencia y prevaricación. «Admito todos los hechos que me imputan. Y más: se han dejado algunos», ha señalado Homs, quien, sin embargo, ha matizado que no suspendieron la consulta soberanista porque no era una consulta, sino un proceso participativo.

A ese cambio de palabras ha acudido Homs para justificar que no podían acatar la suspensión del TC, porque lo que se suspendía «era otra cosa: una consulta». El acusado también ha criticado la falta de concreción de la providencia del tribunal garante de la Constitución, lo que según él les llevó a desconocer qué actos podían llevar a cabo y cuáles no. El diputado catalán ha alegado, ante las preguntas del fiscal, que el Gobierno de la Generalitat prefirió seguir el mandato que emanaba de otras fuentes, más allá de la resolución judicial del TC, en alusión a una supuesta legimitidad que les obligaba como representantes de los ciudadanos catalanes.

Homs se ha equivocado en varias ocasiones, además, al afirmar que una providencia no es «una resolución judicial», cuando sí lo es, con la intención de restar importancia a la suspensión que acordó el TC a través de dicha resolución. El fiscal le ha dejado en evidencia al cuestionarle por qué, si no tenía tal importancia, recurrieron la decisión del TC. Homs ha respondido que fue «un recurso retórico en defensa de las competencias» de la Generalitat, que sin embargo no suponía reconocer la orden del TC de frenar la consulta.

Homs declara en el Supremo

En medio de su exposición de argumentos, hubo un rifirrafe por el que tuvo que intervenir el presidente del tribunal enjuiciador, el magistrado Manuel Marchena. Homs pidió al fiscal que no le interrumpiera cuando él estaba respondiendo, como a él le enseñaron en su casa. «Esto no es su casa, esto es el Tribunal Supremo», intervino Marchena, quien explicó a Homs que la pertinencia o impertinencia de las cuestiones y comentarios del fiscal la decide el tribunal según la ley procesal.

En la jornada de este lunse, los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Homs han vuelto a rechazar que testifiquen Mariano Rajoy y Rafael Catalá. La defensa del diputado de la antigua Convergència ha comenzado la vista oral lamentando la ausencia de ambos en la vista oral que enjuicia a Homs por desobedecer al Tribunal Constitucional al «impulsar» la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, un referéndum encubierto.

El tribunal ha recordado las razones que ya expuso cuando rechazó que Rajoy, Catalá, el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, y el antiguo fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce comparezcan como testigos. La letrada que defiende a Homs ha expresado que el testimonio de Rajoy y Catalá es necesario porque ambos demostraron «una cierta aquiescencia» con la celebración del 9-N con declaraciones a escasas horas de la jornada. La abogada ha planteado este argumento en la fase del juicio dedicada a las cuestiones previas, de forma.

«No creo que la discusión sea qué es lo que se hizo», replica el fiscal Jaime Moreno, quien asegura que ya quedó claro lo que era la consulta cuando el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional todos los actos preparatorios de la convocatoria. «Lo que aquí se discute es si, una vez que fuera prohibida por el TC, la consulta se celebró o no», zanja el fiscal, que rechaza por ello que sean necesarias valoraciones políticas sobre el referéndum encubierto del 9-N.

El Tribunal Supremo consideró que la posición de los miembros del Gobierno no es necesaria porque no es objeto del proceso judicial. La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación política para Homs por potenciar la consulta ilegal, a sabiendas de que había sido suspendida por el TC. Según el relato del Ministerio Público, Homs no solo no frenó los actos preparatorios de la celebración, sino que la potenció desde su cargo de Consejero de Presidencia de la Generalitat de Artur Mas.