El tema de la objeción a lo largo del tiempo ha generado distintas visiones de acuerdo a su origen y solución, afectando directamente a la Institución, por lo que adquirió cada vez mayor relevancia e, incluso motivó o justificó la aparición y desarrollo de la Ley 17/99 de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, con su plena profesionalización.

Es por esto, que en esta investigación, www.defensa-nacional.com, se presenta la inquietud de si se predijo la tasa de objeción en aquellos años, influyendo en la toma de decisiones por parte del Gobierno o fue una decisión política carente de base científica.

A través del análisis de los datos que poseemos de la Vª Región Militar, debido a que en ella estaban incluidas las Provincias Vascas y Navarra, tradicionalmente opuestas al sistema de levas, podemos deducir que la objeción y, en menor medida, pero con mayor carga política, la insumisión, produjeron un problema político y social muy difícil de superar, que preocupó al gobierno y a la mayoría de las personas que componen nuestra sociedad.

Generalmente, se tiende a observar la objeción como un problema que afectó exclusivamente a las Fuerzas Armadas, sin embargo, lo que sufrió sus mayores consecuencias fue la Defensa Nacional, porque disminuyó sus flujos de caja, lo que pudo conllevar a la falta de doctrinamiento y uniformismo de los RR.HH de la Nación como ha quedado demostrado 15 años después.

Por otra parte, es necesario conocer si esa disminución de los flujos de caja, si los hubo realmente como se decía, se debió a este fenómeno o a otro específicamente demográfico como consecuencia de la baja natalidad sufrida en España en años precedentes.

De otra forma, factores como la renta per cápita, el aumento de la distancia al acuartelamiento como consecuencia del Plan META, que redujo el número de plazas con Unidades de los Ejércitos, pudieron incidir en la negativa de los mozos a incorporarse a la vida militar y cumplir con sus obligaciones constitucionales en las Fuerzas Armadas.

Además, las personas vivian con la incertidumbre de saber cómo se comportaría la profesionalización en el futuro, ya que si se percibe con alta ambigüedad y desconfianza, se puede generar una reacción negativa en las Fuerzas Armadas, lo que afectaría su comportamiento.

La presente investigación, pretende predecir el comportamiento del reclutamiento de personal a través de los datos de la Vª Región, Vascongadas, Navarra, La Rioja, Cantabria, Burgos y Soria, considerando hechos históricos que han ocurrido en el país. La razón fundamental, es plantear los futuros escenarios que tendrá la tasa de negación de la Defensa Nacional para facilitar la implementación de políticas que favorezcan unos flujos de caja adecuados.

Marco analítico o teórico

Cosidó, Ignacio., fue uno de los precursores de los estudios tendentes a la eliminación del Servicio Militar obligatorio a finales de los 80, alentado por el Teniente General Juan Cano Hevía y materializado en el trabajo citado en la Bibliografía del trabajo publicado en www.defensa-nacional.com. No obstante la importancia de este trabajo, no se tuvieron en cuenta aspectos sociopolíticos ya que se produjeron con posterioridad a la edición de este libro. Importante, aunque sea un artículo, es el trabajo de Rickard Sandell, también citado en la misma Bibliografía y que tiene en cuenta el factor demográfico para la profesionalización de las Fuerzas Armadas, cuya conclusión final se reproducira en posteriores artículos. Según el primer autor, quizás el más adecuado a nuestro estudio, el Servicio Militar entró en una profunda crisis de legitimación social en los años 80 motivado, en mi opinión, por razones sociopolíticas como el golpe de Estado del 23 de febrero y por la “la baja calidad de vida que sufrieron los distintos reemplazos en aquellos años”, estudiada a partir de variables como la comida, la higiene, la asistencia sanitaria y el alo- jamiento, variables, reflejadas en la Encuesta ECO 1985, cuya opinión entre los soldados no obtenían el aprobado en un 50% de los encuestados, aspectos mencionados por Cosidó en el capítulo III del trabajo mencionado anteriormente.

La aprobación de la Ley 17/89 de Régimen de personal para las Fuerzas Armadas, legaliza un sujeto legal, el objetor, cuya figura va a repercutir de manera abrumadora en la opinión pública para crear un ambiente propicio a la profesionalización total con la Ley 17/99, aunque los flujos de caja en el reclutamiento produjeron “excesos de cupo en dos años en la década de los 90.

Este ha sido un tema de discusión en este trabajo dado que los datos que poseemos no indican que los flujos de caja disminuyeran en las Fuerzas Armadas por este motivo: lo que realmente se produjo fue un proceso de trasvase del número de exentos al de objetores, manteniéndose prácticamente constante el porcentaje de los jóvenes que se incorporaban a los Ejércitos.

Es por tanto la disminución demográfica, como indica Sandell para la profesionalización a partir del año 2000, lo que podía justificar, amén de la participación en misiones futuribles en el extranjero, la eliminación del Servicio Militar obligatorio que se traducía en unas Fuerzas Armadas sobredimensionadas y poco operativas debido a la falta de inversión en material moderno dada la carga económica que suponía mantener sus gastos de personal, y no el número de objetores que se produjo en los años 90 como se puede ver en los gráficos de www.defensa-nacional.com.

Como se puede comprobar, la afirmación realizada con anterioridad es una realidad matemática ilustrada en los gráficos que nos preceden: los flujos de caja permanecen constantes hasta el año 97, fecha en la que se disuelve esta Capitanía y en la que figuraban Comunidades tan conflictivas como Vascongadas y Navarra.

Debe ser, por tanto, la objeción al Servicio Militar el objeto de este estudio. Para ello hemos elegido una serie de variables que figuran en el epígrafe de “metodología”, como son: el nivel de renta por Ayuntamientos, la distancia al Acuartelamiento más próximo, la declaración de Ayuntamiento objetor o insumiso, los resultados a las distintas elecciones producidas en este decenio, etc., que creemos pueden influir o pueden haber influido en la declaración de objetor por parte de los reemplazos de este decenio.

Para realizar este estudio nos hemos valido del programa Stata 9.0, con el que intentaremos mostrar lo más gráficamente posible las posibles relaciones que existen entre la variable dependiente (objeción) y las variables independientes, estudiando cada una de ellas en relación con la primera. Para ello empezaré analizando la variable población, para seguir con las otras mencionadas.

Análisis de la variable población

El análisis de la población es un elemento a tener muy en cuenta en un estudio como el que nos ocupa. Este análisis nos permite una interpretación más rigurosa de ciertos fenómenos, sin cuyo concurso pudieran derivarse conclusiones erróneas.

El análisis de la población, concebida tanto en su dimensión demográfica, como territorial y geográfica, debe ser entendido como un factor clave a la hora de explicar aspectos sociales y económicos de la realidad de las Provincias y Comunidades que conformaban esta Región Militar y, como veremos más adelante, es de gran utilidad para tratar de evitar la distorsión de la realidad en la que la mera observación de cifras y magnitudes nos puede hacer incurrir.

Así, la población se relaciona, por ejemplo, con la renta per cápita, otro factor que tendremos en cuenta en este estudio, en cuanto a que actúa como operador (denominador) del Producto Interior Bruto (PIB). Aunque éste se mantenga constante (o incluso crezca levemente) la renta per cápita aumentará o disminuirá en función de cómo evolucionen los efectivos poblacionales. Por tanto, de una causa demográfica se deriva un efecto económico. Demografía y economía se relacionan en múltiples sentidos, destacando su interrelación, entre otras, en el análisis del mercado laboral, análisis muy importante a la hora de hacer prospectiva en las distintas Comunidades con respecto a la bolsa potencial de RR. HH. para un Ejército profesional.

Sólo podemos aspirar, en esta parte del estudio, a obtener cifras sobre categorías estadísticas de población rural o urbana, aceptando una población rural definida por la dimensión poblacional de los lugares que habita entidades de menos de 2.000 habitantes. Es de sobra conocido que el carácter rural de un colectivo no depende tan solo de su dimensión. Factores locacionales, socioeconómicos y culturales hacen que un colectivo numeroso pueda ser eminentemente rural y que, al contrario, un colectivo de una dimensión modesta pueda presentar rasgos eminentemente urbanos. Por ejemplo, ¿son comparables dos entidades de 5.000 habitantes ubicadas, respectivamente, en las Provincias de Guipúzcoa ó Vizcaya y Burgos?. En los dos primeros casos los síntomas de urbanidad son contundentes. En el caso de Burgos, los indicios de ruralidad son muy claros.

En este contexto existe algo bastante nítido: sólo excepcionalmente podemos encontrar entidades de población de menos de 2.000 habitantes que puedan escapar a la calificación de rural; por tanto, este es el criterio que hemos tomado para diferenciar una población rural de una urbana. Esto es especialmente así si nos atenemos a uno de los factores más concluyentes de la ruralidad: la limitada posibilidad de relación interpersonal, consustancial en todo colectivo limitado. Bajo este prisma la definición estadística de población rural es útil, primero, para seguir el proceso de transformación de sociedades en las que no tenía relevancia la exención, la insumisión y la objeción de conciencia antes de la reorganización de los Ejércitos como Cantabria, segundo, para conocer las causas lógicas que explican las mismas en la Provincia de Soria, Burgos y la Comunidad de La Rioja, junto con los factores nivel de renta y distancia al acuartelamiento más próximo, y, tercero y más importante, para encontrar diferencias en los procedimientos y métodos de actuación en cada ámbito, apoyados en teorías científicas, del Nacionalismo Vasco en el País Vasco y Navarra. De esta manera podemos rechazar la hipótesis formulada durante muchos años de que el Nacionalismo Vasco tiene un carácter rural y definirlo dentro de su verdadero ámbito de actuación: las poblaciones que superan los 2.000 habitantes. Estas poblaciones suponen el 95% de la población del País Vasco y el 80% de la Comunidad Foral de Navarra, en cuyas poblaciones de alistados se ha dado casi el 80% de la objeción, insumisión y exención del total de la antigua Región Militar Pirenaico-Occidental; Comunidades que suponen el 60% de la población total de la misma Región. (Para analizar datos exactos realizar el filtrado correspondiente en la Base de Datos en www.defensa-nacional.com y elegir el tipo de informe deseado).

Parece evidente que a cada tipo de población (rural o urbana) irá unido un tipo de comunicación diferente, como así lo señalan las principales teorías de la comunicación. Basadas en ellas, y principalmente en la teoría del Doble Escalón, se deduce, no sólo que los efectos de la comunicación se producen a través de la expresión privilegiada ó de la influencia personal de los líderes de la opinión de un grupo, lo que se ha puesto de manifiesto específicamente en Vascongadas con la declaración de no-colaboración con los Ejércitos en un 40% de los Ayuntamientos, sino que, como consecuencia de las últimas novedades de los años setenta y ochenta en técnicas de la información, estas comunicaciones tenderán a diversificarse, tanto en los soportes y medios como en la lengua (el código), con la finalidad de particularizar los productos audiovisuales y otros, y fragmentar la audiencia de masas creando audiencias específicas, efectivamente diferentes y autónomas, como lo son la ETB en sus dos modalidades de Lengua Vasca y Española o los periódicos y revistas tanto de ámbito local como provincial y regional que han invadido, penetrad, asediado, proliferado, esta parte del territorio nacional y, más específicamente, el País Vasco y Navarra, que presentan a “lo español” como algo no propio, ajeno,extraño y en las que, para el estudio que nos ocupa, se presenta a los Ejércitos españoles como algo que hay que rechazar de los territorios históricos. Así, podemos explicar el fenómeno social de rechazo a los Ejércitos en estas Comunidades como un proceso derivado de la propia euskaldunización de la población Vasco-Navarra, definiéndolo como objeción selectiva; aquella que se niega a servir a una determinada bandera.

Finalmente, es necesario realizar un análisis de la población desde la perspectiva puramente territorial, por las implicaciones que plantea con vistas a la satisfacción de necesidades y el acceso a los servicios, y fundamentalmente, en el caso especifico de este estudio, para analizar la facilidad de retorno a sus lugares de origen de los posibles reemplazos. Los aproximadamente 530.000 habitantes con los que cuenta Cantabria, se distribuyen geográficamente en torno a 1.000 entidades de población o unidades básicas de población, hecho diferenciador, en conjunción con su especifica orografía, respecto a otras partes de la Región. Este factor, como veremos, tendrá también consecuencias, al igual que en Navarra, a la hora de decidir si realizar o no el Servicio Militar y que, en gran parte, puede jugar un papel muy importante en la explicación de estos fenómenos que estamos estudiando: a pesar de que las áreas urbanas de Pamplona y Tudela concentran más de la mitad de la población, Navarra, mantiene más de 900 entidades de población, de las cuales un 67 por ciento no llega a los 100 habitantes.

La demanda de bienes y servicios como la sanidad, los de carácter social o el transporte, entre otros, resulta determinada por la población, entendida en su sentido plural y como conjunto complejo (edades, sexo, formación cultural, estructura social, etc.); las infraestructuras, el acceso a esos servicios, deben influir en los resultados del grado de salud de las poblaciones más apartadas y, por tanto, en el porcentaje de exentos al Servicio Militar, como así parece desprenderse de la situación geográfica y distribución de la población en Navarra, Cantabria, La Rioja, Burgos y Soria y que hay que analizar conjuntamente con los factores de “Distancia al Acuartelamiento más próximo” y “Nivel de renta”, que lo realizaremos en artículos posteriores.

Todo ello para explicar cuáles fueron los prolegómenos estructurales y circunstanciales de la publicación de la Ley 17/99 de profesionalización total de los Recursos Humanos en los Ejércitos.

*Teniente coronel de Infantería, doctor por la Universidad de Salamanca y analista de personal en la extinta Región Militar objeto de estudio entre los años 1994 y 1997, así como Jefe del Centro de Proceso de Datos en la Inspección General de Movilización hasta 1999.