El Gobierno pide al Tribunal Constitucional en el recurso que ha presentado contra los Presupuestos de la Generalitat para 2017 que advierta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a sus consejeros y a varios cargos del Ejecutivo catalán de las responsabilidades que implica seguir adelante con el referéndum, “incluso penales”.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional 40 y determinadas partidas presupuestarias de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017 del 28 de marzo de Presupuestos de la Generalitat para 2017.

Sáenz de Santamaría ha explicado que solicitan la suspensión automática de los preceptos impugnados, haciendo uso de la facultad constitucional que tiene el Ejecutivo, al tiempo que piden que se notifique “personalmente” esta providencia de suspensión, si así se acuerda, al presidente de la Generalitat y a los consejeros de su Gobierno.

Igualmente, reclama que se notifique al secretario del Gobierno, al secretario general de la Vicepresidencia del Gobierno, a la interventora general de la Generalitat, a la directora de contratación y al director general de Presupuestos de la Generalitat. “Entendemos que estas últimas personas serían las encargadas de autorizar y llevar a cabo actos de ejecución presupuestaria”, ha precisado.

La vicepresidenta ha subrayado que también se pide que en esa notificación se advierta “a todos” de su “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”, y que se “abstenga” de hacer acuerdo alguno de disposición de las partidas impugnadas.

También solicita expresamente que se abstenga de dictar cualquier tipo de acuerdo de modificación, transferencia o ampliación de partidas impugnadas o cualquier otra para sufragar el referéndum. “Todo ello con el apercibimiento de las correspondientes responsabilidades, incluso penales”, ha apostillado.

Sáenz de Santamaría ha señalado que los motivos por los que recurre el Gobierno son conocidos porque ya los han incluido en otros recursos y han obtenido “resolución favorable” por parte del TC: la vulneración de la competencia del Estado en materia de referendos y porque es contrario al artículo 1.2, 2 y 168 de la Carta Magna.

“EL REFERÉNDUM NO VA A NINGÚN LADO”

Sáenz de Santamaría ha indicado que el referéndum “no va a ningún lado” porque vulnera la Carta Magna y las leyes, al tiempo que ha recalcado que tanto el Consejo de Garantías catalán –órgano consultivo de la Generalitat– como los letrados del Parlamento catalán han coincidido en la ilegalidad de esta partida en los Presupuestos catalanes.

“Creo que cuando los propios letrados del Parlamento catalán advierten de que esto es inconstitucional, no es necesario que se lo diga nadie más. No van a ningún sitio y lo que es más importante, cada vez les acompaña menos gente”, ha proclamado Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta ha asegurado que todo esto debería llevar a la Generalitat a “reflexionar” porque no se puede ir en contra de la Constitución y las leyes en ningún Estado democrático. “Y eso está llevando a que no tengan ningún amparo ni cobertura internacional”, ha dicho, para añadir que “nunca nadie” había hecho “tantos kilómetros” para andar y lograr “tan poco”.

Tras destacar que hay “hartazgo y desafección” respecto a este proceso soberanista, ha señalado que lo que debería hacer el Gobierno catalán es “aquietarse”, “eliminar” ese tipo de partidas para el referéndum y dedicarse a representar al conjunto de los catalanes, ejerciendo las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía.

“HECHO INÉDITO” EN EL PARLAMENTO CATALÁN

Saenz de Santamaría ha destacado el hecho de que en el Parlamento catalán se presentaran dos enmiendas a la disposición adicional impugnada y que “curiosamente” se aprobaran las dos. “Los que tenemos alguna experiencia parlamentaria, es un hecho inédito. Pero esto de la aplicación del derecho por parte del Parlamento catalán se está convirtiendo en una cosa no muy comprensible”, ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que “la novedad” ahora es el “desconcierto político y jurídico” en que vive la Generalitat y el Parlamento de Cataluña al aprobar dos enmiendas “distintas” sobre la misma disposición “que nadie es capaz de coordinar”. A su entender, se demuestra que “aparte de no respetar la Constitución y las leyes, tampoco respetan mucho el primero de derecho parlamentario”.