El desastroso escenario social y político que contemplamos en la España de nuestros días, no ha sido consecuencia de la desafortunada actuación de un anónimo ciudadano que por un error involuntario provocó un apagón durante la retransmisión de un encuentro de fútbol, no. Este lóbrego y desolador panorama del que todos somos testigos, es el resultado de los últimos treinta y ocho años, y comenzó con la puesta en escena del sistema constitucional de 1978.

Cuando el 20 de agosto de 2001 -al día siguiente de terminar la Semana Grande donostiarra-, Jokin Galarraga, un niño de solo dieciséis meses de edad fue dinamitado, quedando ciego para siempre, y su abuela que lo cuidaba, María Eraunzetamurgil, de 62 años de edad, resultó muerta, los españoles nos cargábamos una vez más de razón para buscar, a parte de las penales correspondientes a los asesinos, responsabilidades políticas para la historia.

Las negociaciones de los distintos gobiernos de la democracia con la banda terrorista ETA, era evidente que pudimos calificarlas de patente signo de debilidad. Se trataba de políticas claramente concesionistas y entreguistas. Desde las celebradas en Argel, hasta las autorizadas por Aznar, Zapatero y Rubalcaba, posteriores a las que quiso Txiki Benegas en 1978 en las que intervino el periodista José María Portell Manso, asesinado por ETA el 28 de Junio de ese mismo año, colocaron al mismo nivel al Estado español, que debe estar al servicio del bien común, y a la banda terrorista, o lo que es lo mismo, para entendernos, al juez y al asesino.

La absolución de quienes insultaron al Rey en la Casa de Juntas de Guernica; la liberación de la Mesa Nacional de Herri Batasuna; la pensión acordada para el batasuno Idígoras; la rectificación de la política penitenciaria con el acercamiento de presos y acortamientos de las penas; las insinuaciones, de procesamientos no realizadas por apología del terrorismo; la puesta gratuita de aviones para los criminales que se exiliaron a algunos países de Hispanoamérica, con dietas, por añadidura; hasta llegar a la reciente y masiva puesta en libertad de criminales por los gobiernos de Rajoy, no han hecho otra cosa que envalentonar y fortalecer a separatistas y terroristas.

En 1977 se legalizó la ikurriña y se les concedió la amnistía, pero no se logró nada (12 muertos). En 1978 se aprobó la Constitución, como hito que clausuraba el franquismo (65 muertos). En 1979 muchos confiaron en la fuerza pacificadora del Estatuto de Autonomía, y continuó el baño de sangre (154 muertos). En 1980 todas las esperanzas se colgaron del gobierno vasco bajo la dirección del PNV (89 muertos).

Hasta 1982, se mantuvo la esperanza de que el PNV pudiera representar un paraguas protector eficaz contra los terroristas. El pago del tributo por miembros del PNV a la ETA y los secuestros de componentes de la familia nacionalista por la banda terrorista, generalizaron la desconfianza. Después vinieron concesiones a porrillo por parte del Estado al PNV, y más sangre; cierre de Lemoniz, y más sangre; Lizarra, la tregua o asesinato en diferido, y más sangre. De aquí, hasta nuestros días: los terroristas ocupan escaños en Estrasburgo, en las cámaras legislativas españolas, en los gobiernos autónomos, y en los ayuntamientos, mientras el PP y el PSOE, alardean sin vergüenza de haber acabado con el terrorismo etarra.

Ya lo dijo Damborenea, sin conocer el siniestro comportamiento del Partido Popular en los últimos años: “Mientras persista la intención de comprar el derecho a vivir en paz, continuaremos a merced del mercader que la vende” y añadió: “Si a la historia le gusta reírse, nosotros (los socialistas) le hemos dado motivos para ello”.

Toda esta larga lista de acontecimientos, no solo debemos solaparla al pacto reciente del gobierno de Rajoy con el PNV para sacar adelante los presupuestos, sino a la grave corrupción política generalizada, a la indecisión del gobierno de Rajoy para intervenir Cataluña y encarcelar a los Pujol, y, como acaba de denunciar públicamente doña Mercedes Alaya, a los movimientos caprichosos de jueces por parte del PP y del PSOE, mientras los fiscales son inflexibles y rigurosos con el delito común, y suaves melosos con la corrupción política.

Estas son en síntesis, las razones por las que el PP con Rajoy a la cabeza, habiendo tenido una mayoría absoluta en el Parlamento, no quiso mover ni un solo dedo para derogar, abolir o suprimir, todas y cada una de las aberraciones aprobadas por el bobo solemne de ZP, durante los ocho años que ostentó la presidencia del Gobierno.