Estamos viendo a diario como se están “cuestionando” los informes que elaboran la Udef y la Uco, y que sirven de base para posteriores escritos de acusación de la Fiscalía, solicitando años de cárcel, en muchos casos alegremente.

Hay una premisa fundamental que ha dado lugar a “cuestionar”, y con toda la razón, esos informes.

Los informes de la Udef y de la Uco se deberían limitar a una exposición de hechos, a un relato de los mismos, pero no a extraer consecuencias jurídicas, ni mucho menos a acusar, competencias que corresponden a los Fiscales y Jueces, para lo que, además, están debidamente preparados, no así los policías o guardias civiles actuantes, cuyos conocimientos jurídicos son más rudimentarios.

En la práctica, y mucho nos tememos que obedeciendo órdenes o sugerencias superiores, claramente políticas, efectúan valoraciones subjetivas, insinúan, suponen y deducen la existencia de delitos, incluso hasta tipifican los mismos, con lo cual de seguir así las cosas, van a acabar usurpando el papel de los fiscales, y hasta de los jueces.

La valoración de los simples indicios, en ocasiones irrelevantes, y otras contundentes, corresponde a la fiscalía y al juez. No es de recibo que se trate de manipular a la fiscalía en algunos casos, presentando unos informes totalmente sesgados (y digo sesgados por no decir falsos), procurando atraer la acusación de la fiscalía sobre personas a las que se quiere eliminar, políticamente hablando.

De seguir así las cosas, estamos más cerca de Venezuela de lo que parece.

Además esos “informes” tendenciosos, sectarios y arbitrarios, en ocasiones, se filtran debidamente a medios de comunicación afines al poder (es decir, casi todos), que no dudan en dar por bueno, como si fuera una sentencia, lo que no pasa de ser un simple informe, que no ha sido contrastado, ni corroborado, ni mucho menos demostrado o acreditado en sede judicial, con el ejercicio del derecho de defensa correspondiente.

Pero con este sistema se estigmatiza a personas molestas, y se de lo que hablo, pues yo soy uno de los casos de personas de las que se ha publicado todo lo malo que se ha podido, pero nada de lo bueno.

Con estos informes filtrados se intoxica a la opinión pública y se señala a los investigados como presuntos culpables.

Flaco favor se está haciendo a nuestro sistema democrático y estado de derecho cuando con estos “informes” se está vulnerando el principio constitucional de presunción de inocencia, los derechos fundamentales a la propia imagen, al honor y a la intimidad, así como la seguridad jurídica.

*Jurista y Secretario General de Manos Limpias.